Los intereses económicos y electorales amenazan la agenda verde en Europa

La batalla contra la agenda verde viene de todas partes. Desde Madrid hasta Baviera. De la extrema derecha al centro izquierda pasando por los liberales. A pesar de que la emergencia climática empieza a hacer ya estragos, la economía y los intereses electorales se imponen poniendo en riesgo las medidas legislativas con las que la UE pretendía contribuir a frenar la destrucción del planeta. 

Sequías, DANAS, peligrosos niveles de contaminación que provocan la muerte prematura de unas 300.000 personas al año o récords de temperaturas. Ese fue el panorama que se encontró la Comisión Europea cuando asumió su mandato a mediados de julio de 2019 y hacer frente al desafío climático, que no ha hecho más que empeorar, fue la principal promesa del gobierno comunitario. El acuerdo alcanzado por los líderes para aupar a Ursula von der Leyen a la presidencia fue asumido a regañadientes por socialistas y liberales precisamente por el discurso ecologista y feminista que hizo la alemana ante el Parlamento Europeo. 

Desde entonces Bruselas ha desplegado una ambiciosa agenda verde con el objetivo de rebajar las emisiones en un 55% para 2030 y alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo. Prohibir la venta de coches diésel o gasolina en 2035, vuelos sostenibles, multiplicar las energías renovables o gravar a los que contaminan fueron algunas de las medidas planteadas en el bautizado como paquete ‘Fit for 55’, que se ha ido aprobando lentamente. 

El arrastre de la extrema derecha

Los avances verdes se han topado sistemáticamente con la oposición furibunda de la extrema derecha, negacionista del cambio climático, pero que ha encontrado, además, un caldo de cultivo electoral en sectores económicos, como la agricultura o la ganadería, que encuentran dificultades con las nuevas exigencias medioambientales. 

La victoria del Movimiento Campesino-Ciudadano, un partido de centro-derecha que representa los intereses del sector agrícola en Holanda, encendió las alarmas en los grandes partidos. Entonces empezaron a mirar con temor a las protestas agrarias que se iban multiplicando en el viejo continente, especialmente en países del este, como Polonia, donde el sector primario tiene un gran peso en la economía. 

El PP europeo, que es clave en las votaciones de la Eurocámara como grupo mayoritario, ha dado un viraje que pone en riesgo la aprobación de algunas leyes clave apenas un año antes de las elecciones europeas del 9 de junio de 2024 y ante varios comicios clave en España, Polonia o Eslovaquia. El partido que pilota el también alemán Manfred Weber ha ido marcando distancias con Von der Leyen en los últimos tiempos con la queja de que responde más a los intereses de los socialistas y verdes que a los conservadores. Weber y los suyos se han revuelto contra la agenda verde. El último movimiento fue pedir una moratoria de dos años a la nueva legislación medioambiental y oponerse férreamente a la reducción a la mitad del uso de pesticidas para 2030 que plantea Bruselas con el argumento de que “el mundo necesita comida”.

El boicot del PP europeo

En su acercamiento, además, a las tesis de la extrema derecha, el PP ha empezado ya a maniobrar en la Eurocámara contra las leyes medioambientales. Conservadores y liberales, con el apoyo de la extrema derecha, están intentando retrasar la tramitación de la norma que haría pagar más impuestos al uso de combustibles fósiles. 

Pero la primera víctima puede ser la ley de restauración de la naturaleza impulsada por la Comisión Europea. Las comisiones de Pesca y Agricultura han rechazado esta semana ese texto con los votos de PPE, los grupos de la extrema derecha y algunos eurodiputados liberales. No obstante, es la de Medio Ambiente la que tiene la última palabra sobre la iniciativa que pretende recuperar el 80% de los hábitat en mal estado mediante la renaturalización, la replantación de árboles o la ecologización de las ciudades y las infraestructuras. 

“Bajo el liderazgo del Partido Popular Europeo, la mayoría del Parlamento Europeo ha puesto pie en pared a la deriva radical de los socialistas”, se felicitaba el eurodiputado Juan Ignacio Zoido en un comunicado en referencia al vicepresidente Timmermans. “Frente a las imposiciones de los socialistas, ha quedado claro que la política climática no puede funcionar si se hace contra el campo y el mundo rural”, agregaba el exministro sobre la propuesta que salió del Colegio de Comisarios que preside Von der Leyen.

El ponente en la Eurocámara, el socialista César Luena, es consciente de que el giro del PP pone cuesta arriba la aprobación de la normativa, pero confía en sacarla adelante aunque sea por estrecho margen. El dirigente riojano rechaza, además, los argumentos de los conservadores a los que asegura que se han hecho muchas concesiones en la negociación como en el caso de la seguridad alimentaria en los objetivos de la ley, la sostenibilidad de la producción agrícola como criterio, la supresión del objetivo del 10% de elementos paisajísticos, el refuerzo de la compensación para los propietarios y usuarios de la tierra, así como su participación en el diseño de los planes nacionales de restauración y en la implementación de las medidas de restauración, entre otras. 

Von der Leyen, pendiente de su futuro

También en el Consejo la negociación va a ser dura porque algunos estados miembros están tratando de suavizar las propuestas de restauración de la naturaleza y de reducción del uso de pesticidas, según informó The Guardian. 

La presión ha llegado hasta la Comisión Europea, que sigue defendiendo esas propuestas; pero ha dejado claro que capta el mensaje. “Deberíamos prestar atención a la capacidad de absorción”, afirmó Von der Leyen en una rueda de prensa la semana pasada. Por un lado, defendió la artillería legislativa verde que ya ha lanzado Bruselas y, por otro, se abría a pisar el freno al hablar de las “próximas semanas o meses”. 

La presidenta de la Comisión se acercaba así a su partido, pero también a algunas capitales que han ido reclamando una ralentización regulatoria frente al empuje de los progresistas. “No tenemos tiempo para retrasar la acción”, respondió el lunes Timmermans en una comparecencia. Por el momento, el ejecutivo comunitario ha retrasado la presentación de varias iniciativas medioambientales, como una propuesta para la reducción de microplásticos u otra para regular las plantas producidas con nuevas técnicas genómicas, informa la Agencia EFE. 

Temor en las capitales

“Esto tiene que ver con las elecciones europeas”, lamentó en una rueda de prensa Hans Van Scharen, de Corporate Europe Observatory, que aseguró que las objeciones que muestran partidos como el PPE o ECR “no tienen que ver con el hambre”. “Retrasar la acción frenaría el progreso hacia el Pacto Verde Europeo y pondría en peligro los compromisos de protección de la biodiversidad y restauración de la naturaleza que la UE promovió en la COP15”, advierte Noor Yafai, de Nature Conservancy. 

Pero el riesgo para la agenda verde va más allá de la derecha y de la burbuja de Bruselas. Alemania puso en riesgo hace unas semanas la prohibición de la venta de los coches que funcionan con combustibles fósiles a partir de 2035 bajo la premisa de querer garantías de que los combustibles sintéticos (conocidos como efuels), que son los que más ha desarrollado la potente industria automovilística en ese país frente a los eléctricos, se quedaran fuera de la prohibición.

Con las protestas de los chalecos amarillos en la retina, Emmanuel Macron pidió hace dos semanas una “pausa” en la normativa ambiental para favorecer la reindustrialización de Europa. Una de las preocupaciones de los gobiernos es que haya una fuga de empresas a otras zonas en las que las normas sean más laxas. Al francés se ha sumado el también liberal Alexander De Croo, que ha generado malestar en la coalición de gobierno belga en el que socialistas y verdes le acusan de estar mirando ya a los comicios del próximo año.

La revuelta se produce también en otros niveles. Ocho regiones europeas se han aliado en contra del endurecimiento de los estándares de calidad del aire planteados por Bruselas siguiendo el criterio de la Organización Mundial de la Salud. Los gobiernos tienen distinto color político, desde el centro izquierda hasta la derecha de la Liga Norte y de Isabel Díaz Ayuso, que se ha erigido como la principal oposición a las medidas anticontaminación europeas. Catalunya también pertenece a ese grupo de regiones que reclamaron en un documento la derogación de las exigencias en algunas zonas específicas, aunque se desmarca del mismo. Lo que sí reclama el Ejecutivo de Pere Aragonès son algunas flexibilizaciones para aquellos casos donde adaptarse a los valores límite “requiere medidas más extensas de las previstas en la normativa” dados los altos niveles actuales de contaminación.

Y uno de los paradigmas de la preponderancia de los intereses económicos y electorales en España está en Doñana, donde el parque natural está en serio riesgo tras años de expolio del agua que han provocado incluso una condena de la justicia europea. Ahora el PP de Juanma Moreno Bonilla, con el apoyo de Vox, pretende impulsar una ley para indultar los regadíos ilegales en contra del criterio de la Comisión Europea contra la que los conservadores han lanzado duras acusaciones de electoralismo en un choque inédito.