La policía israelí ha desalojado y derribado en la madrugada del miércoles la casa de la familia palestina Salhiya, atrincherada allí desde el lunes con gasolina y bombonas de gas, una muestra de la creciente tensión por el aumento de expulsiones de palestinos en Jerusalén Este ocupado.
El céntrico barrio de Sheikh Jarrah volvió esta semana a captar la atención internacional cuando las autoridades israelíes ejecutaron un desalojo para construir una escuela, ante la oposición de la familia y las advertencias de ONG y diplomáticos por los desplazamientos forzosos de la población ocupada.
“La expulsión forzosa de la familia Salhiya y la demolición de sus casas en Jerusalén Este ocupado son crímenes de guerra”, ha declarado el director de Israel y territorios palestinos de Human Right Watch, Omar Shakir.
El lunes, la Policía inició la operación y excavadoras israelíes desmantelaron varias estructuras de la parcela, propiedad de la familia Salhiya, mientras que ésta se blindó en las casas con materiales inflamables con la amenaza de hacerlas explotar.
Sobre las dos de la mañana de este miércoles, más de 100 agentes entraron con “extrema violencia”, según el comité de apoyo a la familia, cortaron la electricidad, arrojaron bombas de estruendo y los desalojaron, tras lo que derribaron las dos viviendas, la de Mahmud Salhiya, el portavoz familiar que estos días amenazó con hacer volar su casa, y la de su madre, Mayidah.
Mahmud valoró el martes, todavía desde su casa, que la actual política israelí responde a una intención de “controlar el barrio” y que, para ellos, vivir de esta manera supone “morir cada día”.
Sobre el desahucio esta madrugada, la Policía ha indicado que “varias personas fueron detenidas para ser interrogadas como sospechosos de violar una orden judicial, oposición violenta y alteración del orden público”.
La justificación legal
“La toma ilegal del espacio público por parte de la familia ha impedido que cientos de niños con necesidades especiales de Jerusalén Este recibieran un servicio educativo que el municipio busca brindar”, argumenta la Policía ante la “ilegalidad” de las viviendas.
En 2017, la Municipalidad expropió esos terrenos que, según la familia, compró antes de la ocupación de 1967, en virtud de un plan israelí aprobado en 1984 que designó este área para servicios públicos. La familia apeló la confiscación, pero la Alcaldía avanzó un plan para construir un centro escolar para palestinos y la ejecución de la orden de evacuación este mes de enero.
Israel ocupa desde 1967 el este de la ciudad, que anexionó en 1980 y donde actualmente impone sus leyes civiles entre una población de más de 370.000 palestinos, la mayoría sin ciudadanía israelí y con permisos de residencias revocables. También residen en esa mitad de la ciudad unos 200.000 colonos israelíes.
El barrio
Sheikh Jarrah, un céntrico y estratégico barrio del este de Jerusalén, es desde el año pasado un foco de tensión a raíz de la orden de desalojo de otras cuatro familias. El fallo desencadenó un movimiento de protesta que derivó en la escalada bélica de mayo con las milicias palestinas de Gaza.
Estas cuatro familias, cuya resolución sigue pendiente de una decisión judicial, responden a demandas interpuestas por organizaciones de colonos israelíes que reclaman la propiedad de las casas de antes de 1948, en base a leyes que no se aplican a propiedades palestinas en la zona oeste israelí.
Como gran parte de las 70 familias con orden de desalojo en este vecindario, son refugiados a raíz de la creación del Estado de Israel, al igual que los Salhiya, que ya fueron expulsados en 1948 de su domicilio familiar del barrio de Ein Karen, en la parte oeste de Jerusalén.
“Estos actos crueles convierten a los Salhiya en doblemente refugiados”, denuncia HRW.