El gobierno ultraderechista de Javier Milei profundiza los recortes en educación. En contraste con la valoración positiva que tiene la sociedad argentina de sus profesores e investigadores, el presidente prevé incumplir leyes vitales para la supervivencia de los sectores educativo y científico y ya ha vetado el aumento del presupuesto a las universidades públicas. La masiva movilización del último abril se ha repetido este 2 de octubre en las principales ciudades del país, convocada por sindicatos universitarios, rectorados, movimientos sociales, partidos de oposición y organismos de derechos humanos.
“No al veto”, gritaba una marea incesante de personas frente al Congreso en la ciudad de Buenos Aires, y en espejo en Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata entre los distintos puntos de Argentina. El sindicato de docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba) calculó que marcharon más de dos millones de personas en todo el país y un millón frente al Congreso en el centro porteño.
Al mandatario ultra ha vetado la Ley de Financiamiento universitario, tal como había amenazado. Sin embargo, el oficialismo podría perder la pulseada en el Congreso y éste ratificar dicha norma con el voto de dos tercios de sus miembros en ambas cámaras. La ley dispone la actualización de las partidas presupuestarias de 2023, de acuerdo a la inflación de ese año del 211 % y luego aplicar un incremento bimestral según la evolución del Índice de Precios al Consumidor. Los salarios deberán recomponerse desde el 1 de diciembre del año pasado según la variación acumulada de la inflación y se actualizarán mes a mes.
Frente al Congreso, Yamila Segura, de 25 años, expresa ante elDiario.es su defensa por una educación pública con más recursos. “Me recibí hace dos meses en la UBA, en la carrera de Ciencias de la Educación, estoy acá porque defiendo la educación pública de calidad y porque hay un montón de personas que no pueden acceder a la educación si no la paga el Estado. La carrera la terminé en tiempo y forma, así que todos esos versos de que hay personas anotadas que no estudian es una mentira”.
El presidente ha pedido auditorías a las universidades nacionales para rastrear “alumnos inventados” que impactarían en el presupuesto universitario. Pero hace tiempo que el presupuesto se ajusta por inflación, entonces la cantidad de alumnos no impactaría en el mismo. Milei ha presentado un presupuesto para 2025 atado a la “necesidad de un déficit cero” que en la práctica cristalizará un desfinanciamiento que viene sucediendo desde que asumió en diciembre quien se autodefinió como “un topo que destruye el Estado desde adentro”.
Daniel Filmus, exministro de Educación, Ciencia y Tecnología en los gobiernos de Néstor Kirchner y Alberto Fernández, explica a elDiario.es el retroceso que representa. “El artículo 27 del presupuesto que mandó Milei para que apruebe el Congreso propone la suspensión de las tres leyes de financiamiento de educación, ciencia y tecnología que fueron votadas por todas las fuerzas políticas. Nunca pasó esto en Argentina. No se va a cumplir con el 0,2% del presupuesto que en el 2005 dictó la Ley de educación técnica; no se va a cumplir con el 6% del PIB que en el 2006 incluye la Ley de financiamiento educativo, ni tampoco con el 0,45% que la Ley de financiamiento de ciencia preveía para 2025”.
“Es más que una política de ajuste”
La motosierra del presidente ultra ha estado activa estos nueve meses, con caída de salarios y asfixia presupuestaria. Filmus aporta datos que han proyectado en el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, que él dirige. “El gran desfinanciamiento se da entre 2023 y 2024: el presupuesto de ciencia cayó un 30%, y el de educación más del 40%, en términos reales. Es mucho más que una política de ajuste, es la destrucción de la educación, la ciencia y la tecnología. Para la escuela económica austríaca el Estado no se tiene que hacer cargo de estas áreas”.
No sólo se trata de números, sino de posicionamiento ideológico. La Ley de Financiamiento universitario representa sólo el 0,14% del PIB, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. La vicepresidenta Victoria Villarruel denunció la existencia de una “oligarquía universitaria” y de un “adoctrinamiento ideológico” que “penetra la mente de los estudiantes”.
Villarruel, quien estudió en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) dijo que “ya hace más de 20 años atrás, pensar distinto era estigmatizado, penado y castigado a veces con el aplazo de una materia”. Y agregó: “Soy uno de los estudiantes que padecieron a docentes más preocupados en sostener su ideología y sus dogmas que en transmitirnos los conocimientos necesarios para poder desenvolvernos con solvencia en nuestras profesiones”.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires le respondió en un comunicado: “Como institución pública con una rica tradición de compromiso con la democracia, el pensamiento crítico y el respeto por la pluralidad de opiniones, consideramos fundamental aclarar que la Facultad de Derecho de la UBA ha sido, y continúa siendo, un espacio de formación donde se promueve el debate libre y constructivo. Lejos de reprimir el pensamiento diferente, en nuestras aulas se fomenta activamente la participación de todos los estudiantes, asegurando un ambiente en el que prevalecen el diálogo y el respeto mutuo”.
El pensamiento expresado por Milei es declararle la guerra a la ciencia y a la tecnología
Carlos Tomada, exministro de Trabajo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y profesor consulto de la UBA señala a elDiario.es que el actual gobierno le ha declarado la guerra a la ciencia y a la investigación. “El pensamiento expresado por Milei es declararle la guerra a la ciencia y a la tecnología. Y tiene efectos económicos: el recorte de los presupuestos de las universidades nacionales, que incluye los salarios de los docentes que dan clases pero también investigan, y recortes de los subsidios del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)”.
El gobierno sub-ejecuta el presupuesto en ciencia y desactiva el rol de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que en gobiernos anteriores promovía buena parte de los proyectos. Una política que invita a la fuga de cerebros.
La preocupante situación de los científicos en Argentina queda reflejada en el mensaje que posteó en la red X Alejandro Díaz Caro, experto en computación cuántica del Conicet, que contó por qué se iba a Francia. “Volví hace diez años con el programa Raíces. Hoy me voy con el programa Motosierra”, dijo el matemático en relación al Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior creado bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que fomentaba el regreso al país de los investigadores.
Milei atacó a los científicos al justificar los recortes del sector para 2025. “Los supuestos científicos e intelectuales que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores, y por ende todos debemos subsidiarles la vocación”, dijo. Es oportuno recordar que Argentina tiene tres Premios Nobel en Ciencia: Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir y César Milstein, los tres formados en la universidad pública.