“Todo lo que se pueda privatizar, se va a privatizar”, ha sido la advertencia del Gobierno ultraderechista de Javier Milei, que lleva 11 meses en el poder. Existe un primer caso en marcha: IMPSA, empresa metalúrgica malvendida al precio más barato a capitales estadounidenses, según voces expertas. La ola privatizadora amenaza con incluir a Aerolíneas Argentinas, pese a la negativa del Congreso, y a ocho empresas estatales habilitadas para el ingreso de capital privado que figuran en la Ley Bases que logró aprobar el oficialismo.
El desguace del Estado ha empezado por IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima), una de las empresas de alta tecnología más importantes de Argentina, que fabrica turbinas y generadores para América latina y había sido rescatada y estatalizada en 2021 durante el Gobierno de Alberto Fernández (el 64% de las acciones para Nación, el 21% para la provincia de Mendoza).
ARC Energy, compañía de capital norteamericano dedicada a la producción, provisión y servicios de insumos de petróleo y gas fue la única oferente formal y se quedará con las acciones estatales de IMPSA a cambio de una inversión de 25 millones de dólares.
Martín Kalos, economista y director de EPyCA Consultores, señala a elDiario.es que la empresa se está vendiendo en una suerte de “peor momento”, ya que durante el 2024 se paralizó. “Este año no desarrolló ningún proyecto nuevo, no salió a a ganar nuevos contratos. Si hubieran hecho una gestión empresarial interesante la venderían más cara. Es como liquidarla”.
El informe de EPyCA apunta también a que “durante la gestión de Fernández se malogró el potencial de negocios” de la empresa fundada como taller metalúrgico en 1917. En concreto, sostienen, no se incluyó a la empresa en contratos para modernizar las represas argentinas.
“Se privatiza, se cierra o se cede a los empleados”
La narrativa para que el Estado venda sus activos se ha concentrado por estos días en Aerolíneas Argentinas. “”Se privatiza, se cierra o se cede a los empleados, no hay alternativa“, ha dicho el vocero presidencial Manuel Adorni más allá de la negativa del Congreso —la aerolínea fue excluida de la Ley de Bases—. Además, el debate en la Asamblea de nuevos proyectos se ha empantanado por falta de votos. Entonces, la estrategia actual parece ser la de profundizar el conflicto con los sindicatos.
Se trata de una batalla discursiva en contra de los trabajadores. Según Milei, el problema son “los privilegios que ellos tienen”. Los trabajadores, en tanto, reclaman una mejora salarial porque argumentan que hubo un desfase del 90% en los salarios frente a la inflación que se acumula desde diciembre (del 158% hasta septiembre).
En caso de que desde la Casa Rosada quieran avanzar en el Procedimiento Preventivo de Crisis, como adelantan que lo harán, el escenario no será sencillo y el Gobierno deberá demostrar ante el Poder Judicial que efectivamente existe una crisis empresarial y no solo una mera intención política de liquidar al mejor postor la aerolínea de bandera.
Diego Dominelli, autor del iibro Perón y Aerolíneas Argentinas, el regreso definitivo y director del portal Aviación en Argentina, afirma a elDiario.es que el Gobierno carece de un plan con la aerolínea. “El gobierno de Milei no tiene un plan con la compañía, en la Ley Bases no está prevista su privatización y no dice cómo la va a reemplazar. Entonces está en una encerrona. En este momento el transporte aéreo está condicionado por la macroeconomía. Argentina está cara en dólares. Los economistas serios señalan que de diciembre para acá la inflación en dólares es del 90%. El Gobierno desreguló todo para que venga a volar cualquier empresa aérea, pero ninguna vino a hacer base a aquí en un escenario político con más interrogantes que certezas”, dice.
Kalos coincide en que con Aerolíneas Argentinas lo que prevalece es la cuestión ideológica, a falta de una hoja de ruta. “No existe una condición de venta pensada y no hay una evaluación del impacto. Es una cuestión ideológica. El Gobierno no discute argumentos, sólo plantea que hay que privatizar”.
“Si achican la compañía, o si la cierran, la consecuencia es que el país se va a desconectar. Lo grave es que si antes tenías trenes y aviones, ahora no tendremos ni trenes ni aviones”, añade Dominelli.
Respecto a los trenes, el Gobierno ya ha dado señales preocupantes. “Todo lo que pueda pasar al sector privado para que sea más eficiente, así se hará”, afirmó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, al anunciar la decisión del Ejecutivo de privatizar la empresa Belgrano Cargas y Logística, que opera tres líneas de transporte de cargas por ferrocarril.
Estas líneas férreas se entregaron a capitales privados en 1999, sobre el final del Gobierno del peronista conservador de Carlos Menem (1989-1999), artífice de la última gran ola privatizadora que vivió Argentina.
Belgrano Cargas, que volvió al Estado en 2008 por problemas en la concesión, es una de las tantas empresas que el Gobierno ultraderechista busca vender a capitales privados.
A poco de asumir la presidencia argentina, Milei habia incluido como “sujetas a privatización” a 41 empresas estatales dentro de un proyecto de ley de desregulación económica, una lista que luego se rebajó a ocho sociedades como parte de las negociaciones con la oposición para sacar adelante la Ley Bases.
Según datos oficiales, en las cerca de 45 empresas y sociedades del Estado trabajan 100.263 personas, unas 10.000 menos desde que se inició el Gobierno de Milei.
En la lista más acotada quedaron Energía Argentina (con activos en el sector eléctrico y del transporte y la comercialización de gas); Intercargo (servicios en los aeropuertos a las aerolíneas); Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa, servicios de agua potable y cloacas); Belgrano Cargas; Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse, trenes de pasajeros); y Corredores Viales (carreteras y autopistas por peaje).
La nueva ley también posibilita el ingreso de capital privado en Nucleoeléctrica Argentina (NASA, operadora de centrales nucleares) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT, operadora de una mina de carbón en el sur del país), aunque en ambos casos el Estado nacional queda obligado a mantener una participación accionarial mayoritaria.
El Gobierno ha anunciado la desregulación del servicio postal, en línea con la idea de privatizar el Correo Argentino, pese a que no está incluido en la mentada Ley Bases. Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, anticipó que el próximo paso será deshacerse de la empresa estatal de correos que, según él, ya no tiene valor estratégico. “Se privatizará, se concesionará o se transferirá a los empleados”. Todo ello en aras de la libertad.