“No se cierra, el Bona no se cierra”, cantan trabajadores de la salud en la puerta del Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones “Laura Bonaparte”, ubicado al sur la ciudad de Buenos Aires, al que se acercan pacientes, vecinos, delegados sindicales, militantes de derechos humanos y políticos de izquierda en solidaridad. Desde el viernes, llevan jornadas de protesta y vigilias para resistir el plan de cierre del gobierno de Javier Milei que ha anunciado bajo el eufemismo de “reestructuración”.
La amenaza de que el gobierno ultraderechista ejecute una fase cruel de su programa de recortes, ahora con los hospitales públicos, ha encendido las alarmas. Laura Bonaparte es el único hospital de salud mental nacional. Es una institución modelo en Argentina y desde 2016 lleva el nombre de una Madre de Plaza de Mayo como parte del cambio de paradigma impulsado por la Ley Nacional de Salud Mental aprobada en 2010, con un enfoque en los derechos humanos.
Es además, una institución que acompaña a la comunidad LGTBIQ. Su fachada hoy está cubierta de carteles, como el que dice “Mi salud mental está en riesgo”. O el que, ante el inminente cierre, lleva por lo alto el pensionado Guillermo Romero: “Jubilados con Bonaparte”. Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, han anticipado que el funcionamiento actual del hospital requiere un presupuesto elevado de 17 mil millones de pesos anuales (15,8 millones de euros) que “no es acorde a la muy baja ocupación que tiene”, con una “internación promedio anual de 19 pacientes diarios”. Y, con un escueto comunicado, han señalado que comenzaba la “reestructuración con derivación de pacientes a otras instituciones”.
Cierre de servicios de guardia e internaciones
El director del Laura Bonaparte, Christian Baldino, comunicó el viernes pasado que se cerraban los servicios de guardia y de internaciones. En la institución trabajan 612 personas, profesionales que en lo que va del año han brindado atención a 25 mil personas aun en medio de los recortes del sector.
El hospital perdió a 60 profesionales en los últimos dos meses: la mitad fue despedida y la otra mitad se fue yendo por la precariedad de las contrataciones laborales. La institución es referente de la política pública en materia de salud mental.
Sebastián Rigolino, médico psiquiatra de consultores externos, se indigna con el argumento de la gestión de Milei. “Hay 900 tratamientos ambulatorios que se sostienen diariamente, entre adultos y niños. La internación es el último recurso. El gobierno muestra un desconocimiento del tema, ve sólo una arista de la salud mental. La vanguardia es proponer una salud mental comunitaria que apueste al tratamiento ambulatorio. En el hospital hay un jardín de infantes con 80 niños, un centro cultural; está lleno todo el tiempo”, señala a elDiario.es Rigolino, quien explica que a partir de la pandemia crecieron los cuadros de depresión, trastornos de ansiedad y adicciones.
Ese aumento de la demanda de atención pospandemia no se refleja en el reconocimiento a los médicos que tratan a pacientes que están en una situación de especial vulnerabilidad. Según Rigolino, “desde diciembre los contratos pasaron a renovarse cada tres meses (eran anuales), ya no tenemos un día de capacitación a la semana. Yo cobro un 1 millón 600 mil pesos (1490 euros). Somos cinco psiquiatras, antes éramos doce, porque los contratos no son competitivos y hay colegas que se fueron. En octubre atendía a 40 pacientes, ahora atiendo a 80”.
“Fui paciente: por eso estoy acá”
Pacientes y expacientes muestran un apoyo unánime al hospital .“Soy artista, Me atendí acá mucho tiempo, por adicciones, fui parte de un montón de actividades y pude salir adelante, por eso estoy acá. Es un espacio de mucha contención, los profesiones son muy amorosos y se interesan por sus pacientes”, dice Michel Lacrouix, persona trans mientras hace sonar la percusión.
En una carta dirigida a la familia de Bonaparte, la agrupación H.I.J.O.S (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio) señaló que “hoy más personas que ayer saben quién fue Laura Bonaparte. Porque defender el hospital es defender su nombre y su memoria. Hoy más personas dicen no al cierre”.
En este contexto preocupante, Victoria Argañaraz, terapista ocupacional y delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) afirma a elDiario.es que el gobierno no garantiza la continuidad de los puestos de trabajo y no especifica su plan, entonces ellos se mantendrán en lucha. “Dicen que derivarían a los internados pero hay pacientes que no están en condiciones de ser trasladados. No hay respuesta a eso. Hoy las 40 camas de internación están todas llenas. No ha habido nuevas internaciones. Hay angustia de los pacientes ambulatorios, muchos se acercaron a bancar las medidas de los trabajadores porque ellos se quedarían sin tratamiento”, explica.
No parece sencillo entender a dónde irá a parar la población que se atiende en el Laura Bonaparte. A diferencia de otros centros de salud, aquí se abordan trastornos mentales severos y también problemáticas de adicciones.
Sebastián Varela, enfermero del Hospital Garraham, centro de salud emblemático de pediatría, se suma a la protesta del Bonaparte: “Vine acá porque pueden ir por otros hospitales. Es grave, ¿a dónde van a ir a parar los internados? Y los profesionales, ¿a dónde van a ir a trabajar?. La salud pública es un negocio para ellos (el gobierno). Yo trabajo también de remisero, porque no me alcanza para llegar a fin de mes”. Desde hace dos meses, en el Garraham llevan adelante medidas de fuerza contra el recorte presupuestario y desde este martes una huelga de 48 horas.