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Una jueza federal exige a Trump facilitar el regreso de un segundo migrante deportado a El Salvador

Fotografía cedida el pasado 15 de marzo por la Presidencia de El Salvador en la que se registró a cientos de guardias del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) al ingresar a decenas de ciudadanos venezolanos, deportados desde EE.UU. y acusados de presuntamente pertenecer a la Organización criminal transnacional Tren de Aragua, a esta cárcel en Tecoluca (El Salvador). EFE/Presidencia de El Salvador

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Una jueza federal de Maryland ha ordenado al Gobierno de Trump facilitar la vuelta de una solicitante de asilo venezolano de 20 años deportado e El Salvador. Se trata del segundo caso en el que los jueces federales piden a Trump el regreso de un migrante deportado.

La jueza, nombrada por Trump, sostiene que su deportación viola un acuerdo judicial que protege a algunos jóvenes migrantes con peticiones de asilo pendientes. La persona deportada formó parte de una denuncia colectiva en 2019 en nombre de personas que llegaron a EEUU como menores no acompañados y que posteriormente pidieron asilo. El acuerdo determinó que no podían ser expulsados hasta que se resolviesen sus casos. La jueza sostiene que su expulsión ha sido una “rotura de contrato”.

La sentencia se refiere al joven como 'Cristian', que fue deportado el 15 de marzo y enviado a una prisión en El Salvador. Citando el precedente dde Kilmar Abrego García, que el Gobierno admitió que había sido deportado de manera erronea, la jueza Stephanie Gallagher señala: “Como la jueza Xinis en el asunto Abrego García, este tribunal ordenará a los acusados facilitar el regreso a EEUU para que pueda recibir el proceso al que tiene derecho”.

La jueza incluso ha pedido al Gobierno hacer “una solicitud de buena fe al Gobierno de El Salvador para entregar a Cristian a EEUU para su vuelta”.

El Gobierno de Trump ha utilizado la ley de Enemigos Extranjeros para deportar a migrantes a una cárcel de El Salvador. Se trata de una ley de 1789 creada para tiempos de guerra que permite dejar sin un proceso judicial a las personas a las que se les aplica. El Tribunal Supremo ha ordenado detener las deportaciones basadas en esta ley.

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