Un año después del golpe de Estado militar que terminó con la apertura democrática de Myanmar, millones de birmanos han demostrado este martes que mantienen su pulso contra la junta con una “huelga de silencio” que ha paralizado todo el país.
Imágenes difundidas en las redes sociales y testimonios muestran calles completamente vacías en las principales ciudades, a pesar de que las fuerzas de seguridad llevan días presionando a la población incluso con amenazas de cárcel si participan en este movimiento de protesta silenciosa.
“Hoy, una vez más, la gente valiente de Myanmar ha demostrado que las huelgas silenciosas pacíficas contra la junta genocida son mucho más potentes que las acciones de terrorismo contra la población pacífica de Myanmar de la junta militar brutal y genocida”, ha dicho en Twitter Dr. Sasa, portavoz del autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), un Ejecutivo paralelo opuesto a la junta.
“Las calles están muertas”
La “huelga de silencio” convocada por el movimiento opositor desde las 10 a las 16 hora local tenía el propósito de vaciar las calles y mandar un mensaje de rechazo a la junta militar que gobierna el país desde que el Ejercito derrocara al gobierno electo de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021.
“Nadie ha perdido el espíritu de lucha, sigue muy fuerte”, dice a Efe desde Rangún un veinteañero que, como millones de birmanos, ha decidido no salir a la calle a pesar de reconocer la enorme presión de las autoridades en los últimos días.
Hein, un joven de 25 años residente en Mandalay ha descrito a Efe por teléfono “un silencio de muerte” en la segunda ciudad del país, a pesar de que los negocios han abierto sus puertas para cumplir con las normas de los militares.
En los últimos días, las autoridades han amenazando a través de visitas y cartas a los propietarios de negocios de que si cerraban este martes sus propiedades podrían ser confiscadas e incluso enfrentarse a penas de cárcel, según han revelado varias fuentes a Efe.
“En el mercado local obligaron a los vendedores a firmar un papel en el que se comprometían a abrir. Un esfuerzo fútil para que la huelga fracasara porque no hay compradores, las calles están muertas”, dice el joven por teléfono.
Espiral de violencia
Al final de la jornada, ciudadanos de todo el país han mostrado con aplausos, caceroladas y bocinazos su rechazo a la junta militar, que ha sofocado en el último año con extrema violencia las protestas pacíficas.
Más de 1.500 personas han muerto por la represión de la junta en el último año, mientras que 11.838 han sido arrestadas, según los datos publicados por la ONG Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
La incesante violencia de las fuerzas de seguridad ha desencadenado una espiral de violencia que ha sumido a buena parte del país en un conflicto civil, con combates constantes entre el Ejército y las Fuerzas de Defensa del Pueblo, constituidas oficialmente el pasado mayo y a menudo aliadas con milicias de minorías étnicas que llevan décadas alzadas en armas.
El experto en Defensa Anthony Davis, colaborador de IHS-Jane's, cifra en unos 5.000 los miembros plenamente activos de este conjunto de unas 50 milicias formadas en todo el país e impulsadas por el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que declaró en mayo su “guerra defensiva” contra la junta.
Pese a su inferioridad numérica y armamentística, en los últimos meses han infligido dolorosas derrotas a un Ejército que se ve cada vez más aislado de la población y a menudo no tiene más recurso que la violencia para imponer su autoridad.
“Los militares están cada vez más desesperados, no son capaces de afianzar su poder, y en respuesta y movidos por el pánico intensifican la brutalidad”, aseguraba Debbie Stothard, directora de la ONG ALTSEAN-Burma, en una reciente charla organizada por el Instituto ISEAS- Yushof Isak.
El NUG, calificado de terrorista por la junta, es visto por muchos como la única alternativa viable, pese a sus dificultades internas al tener a sus miembros en la clandestinidad y a su falta de reconocimiento en el exterior.
Condena internacional
Las potencias más beligerantes con la Junta, como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido han respondido en los últimos meses con sanciones que trataban de dañar los intereses económicos de los militares y condenas.
Las últimas condenas se han producido este mismo martes por parte de la UE, EEUU, Albania, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur, Suiza y el Reino Unido, que de forma conjunta han reclamado el final de la represión en el país. EEUU ha ido más allá el lunes al anunciar nuevas sanciones económicas contra dos empresas y varios ciudadanos birmanos, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo del país.
Mientras tanto, el general golpista Min Aung Hlain, autoproclamado primer ministro, ha seguido reivindicando la labor de su gobierno, subraya que mantiene buenas relaciones con China y Rusia y reconoce como única flaqueza el alza de precios del carburante y la falta de suministros.
La junta militar, que tomó el poder alegando un fraude masivo en las elecciones celebradas en noviembre de 2020, ha condicionado la celebración de nuevos comicios y el regreso a la democracia a la “estabilidad” del país, sin mencionar una fecha concreta.
El golpe de Estado fue acompañado del arresto de los principales dirigentes de la Liga Nacional para la Democracia, el partido ganador de los comicios en el que milita Suu Kyi, inmersa en un calvario judicial con cuatro condenas por un total de seis años de prisión y acusaciones que pueden costarle décadas entre rejas.