Un juez de la Corte Suprema brasileña ha ordenado este viernes la suspensión de la red social X (antes Twitter) en el país, después de que el magnate Elon Musk incumpliera la orden de nombrar, en un plazo de 24 horas, un representante legal de la plataforma en Brasil.
Este jueves a las 20.07 horas locales terminó el plazo que Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), estableció para que X nombrara a un representante legal en Brasil. La empresa no sólo no acató la orden, sino que emitió un comunicado acusando al tribunal de censura: “En breve, esperamos que el ministro Alexandre de Moraes ordene el bloqueo de X Brasil, simplemente porque no cumplimos sus órdenes ilegales para censurar a sus opositores políticos”.
El cierre de X visibiliza el choque frontal entre Elon Musk y la Justicia brasileña durante un mes de agosto de infarto. Desde que Elon Musk cerrara la oficina de X en Brasil el pasado 17 de agosto, la empresa se encuentra en un limbo legal. A inicios de mes, Alexandre de Moraes decretó la prisión de Rachel Conceição, responsable legal de X en Brasil, “por desobediencia a la determinación judicial de bloquear perfiles con contenido antidemocrático”.
Tras los acontecimientos del 8 de enero de 2023 en Brasilia, Moraes solicitó el cierre de varios perfiles en la red con contenido golpista y estableció una multa diaria de 100.000 reales (unos 16.000 euros) por perfil. Por su parte, X se negó a hacerlo, enarbolando la bandera de la libertad de expresión. La cuantía de la multa ya supera los 20 millones de reales (3,2 millones de euros). Para garantizar su pago, Alexandre de Moraes embargó el pasado jueves la cuenta bancaria de Starlink en Brasil, empresa de internet por satélite también propiedad de Elon Musk.
Las recientes decisiones de la Justicia brasileña han enfurecido a Musk. El magnate, no sólo acusó a Alexandre de Moraes de ser “un dictador malvado disfrazado de juez”, sino que arremetió contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “perrito faldero”.
Cierre paulatino
El bloqueo de X en Brasil no será inmediato. Si Alexandre de Moraes o el pleno del STF (en caso de que Moraes decida llevar la decisión a votación) dictamina su bloqueo, la medida será paulatina. El primer paso es comunicar la orden a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que transmite la medida a los más de veinte mil operadores de internet de Brasil y a Google Play Store y Apple Store. Dada la complejidad técnica de bloquear completamente X, el proceso podría prolongarse durante días.
A pesar de las acusaciones de censura por parte de Musk, existe un amplio consenso sobre que X está incumpliendo las leyes brasileñas. La empresa no tiene la obligación de tener sede en Brasil, pero sí representante legal en el país. Además, tiene la obligación jurídica de cumplir órdenes judiciales, según los artículos 11 y 12 del Marco Civil de Internet.
En declaraciones a un programa de radio, el presidente Lula incidió en esos incumplimientos por parte de Elon Musk: “Cualquier ciudadano está subordinado a la Constitución brasileña y a las leyes brasileñas. Que tengas mucho dinero no te da el privilegio de no respetar la ley”.
Robson Carvalho, del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia (UnB), consideró la actitud del dueño de X un ataque a la democracia y al Estado de derecho. “Si cualquier empresa privada y todas las empresas de comunicación, y cualquier ciudadano brasileño respetan la legislación, ¿por qué Elon Musk no debería respetarla?”, dijo al Correio Braziliense.
Por su parte, Iná Jost, coordinadora del área de Libertad de Expresión de InternetLab, recalca en declaraciones a elDiario.es que X tiene la “obligación de cumplir órdenes judiciales y la legislación interna del país”. “Ese embate entre censura y legalidad sirve a una campaña de enfrentamiento contra las instituciones. El cierre de la oficina de X me parece una respuesta de la plataforma a la exigencia de cumplimiento de una decisión judicial”, agrega Iná Jost.
Sin embargo, las medidas de Alexandre de Moraes están recibiendo algunas críticas. Para Ricardo Sayeg, profesor de Derecho Económico de la Universidad Pontificia Católica (PUC), embargar la cuenta de Starlink (empresa con una directiva diferente a la de X) podría infrigir el Código Civil. El rotativo conservador Estadão de São Paulo ha tildado las maniobras de Moraes de “atípicas”. Por su parte el periódico brasileño Folha de São Paulo lleva semanas acusando al juez de saltarse los ritos judiciales en su cruzada contra Musk.
Un juez contra el magnate
El primer embate de Elon Musk y Alexandre de Moraes ocurrió en 2022, cuando este último era simultáneamente ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) y presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE). La red social, a pesar de emitir críticas y denunciar censura, bloqueó algunas cuentas. El desencuentro se agudizó tras el asalto de Brasilia el 8 de enero de 2023. La empresa de Musk se negó a bloquear cuentas con contenido golpista, como la del senador Marcos do Val. Como consecuencia, Moraes incluyó a X en la comisión de investigación de las “milicias digitales” y solicitó que el propio Musk fuera investigado para apurar conductas sobre “obstrucción a la justicia, organización criminal e incitación al crimen”.
La reacción del dueño de X contra la mano firme de Alexandre de Moraes, transformado en uno de sus principales enemigos mundiales, no se hizo esperar. En abril, Musk tildó a Moraes de “dictador brutal”. De su entorno partió la filtración Twitter Files, con mensajes de antiguos funcionarios de Twitter que acusaban a Moraes de infringir la privacidad de algunos usuarios por haber solicitado mensajes privados enviados a través de esta red.
El efecto colateral de la guerra entre el súper juez Moraes y Elon Musk fue el aparcamiento del Proyecto de Ley de las Fake News, en un momento propicio para su aprobación en el Congreso brasileño. Tras las arremetidas de Musk, Artur Lira, presidente de la mesa del Congreso y antiguo aliado del expresidente Jair Bolsonaro, aprovechó para retrasar el proyecto y disolver el grupo de trabajo que estaba a cargo del mismo.
El presidente brasileño Lula da Silva lleva tiempo redoblando la presión contra Elon Musk. A inicios de agosto, Lula le lanzó un duro golpe: “Hay gente que en vez de ayudar está construyendo cohetes para buscar un lugar para vivir. No existe, imbécil, está aquí en la Tierra”, afirmó Lula, sin citar a Elon Musk, dueño de la empresa espacial Space X. La ojeriza de Lula con el magnate no tiene sólo que ver con la plataforma X. Gracias al trato de favor del Gobierno de Jair Bolsonaro y de algunos gobiernos regionales, Starlink obtuvo numerosas concesiones en el sector público.
Recientemente, Starlink se ha convertido en líder del servicio de Internet por satélite en Brasil. Al mismo tiempo, es la plataforma favorita del crimen organizado que opera en regiones del país con mala conexión a internet. “Todo el flujo de informaciones, sea de las Fuerzas Armadas, del área de salud pública, de la Policía, de escuelas, se hace a través de Musk. Detenta el poder de desconectar la Amazonia y de provocar un colapso”, aseguró Gilberto Maringoni, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal del ABC (UFABC), a la Empresa Brasil de Comunicación.
“Riesgo de interferencia” en las elecciones
El presidente Lula ya está moviendo fichas para contrarrestar el poder de Elon Musk. A finales de 2023, el Gobierno vetó una propuesta para contratar a Starlink y el propio Lula anunció la creación de InternetBras, una iniciativa para que sea la empresa estatal Telebras la que ofrezca internet a escuelas en regiones remotas.
El cierre de la oficina de X en Brasil implosionó el consenso de control de la desinformación establecido en el país desde las elecciones presidenciales de 2022. El pasado sábado 24 de agosto, un juez suspendió temporalmente los perfiles en redes sociales de Pablo Marçal, un candidato de extrema derecha a la alcaldía de São Paulo que sube meteóricamente en las encuestas y preocupa a la familia Bolsonaro (aliados políticos de Ricardo Nunes, actual alcalde de la ciudad).
Tras la acusación de pago ilegal a seguidores para la elaboración de vídeos y de diseminación de bulos, plataformas como Instagram cancelaron las cuentas del candidato. Sin embargo, X no acató la decisión judicial. La cuenta oficial de Pablo Marçal, con más de 420.000 seguidores, continúa divulgando información cada pocas horas. X Brasil argumentó que “la suspensión integral de la cuenta @pablomarcal impidiéndole publicar cualquier contenido implica una restricción desproporcional de la libertad de expresión”.
Antes del ultimátum de Alexandre de Moraes, el descontrol de X ya preocupaba a los expertos. Caio Machado, investigador asociado de las Universidades de Harvard y Oxford, alertaba del riesgo de interferencia de X en las elecciones municipales de Brasil. Tras el encontronazo final entre Alexandre de Moraes y Elon Musk, la incertidumbre se ha disparado.
“Bloquear X en periodo electoral me parece una mala medida. Quien sale más perjudicado es un grupo enorme de usuarios que utilizan Twitter para comunicarse y consumir noticias”, matiza Iná Jost. El campo progresista teme que la narrativa de la censura impulse a la extrema derecha en las elecciones de octubre.