La justicia italiana pide seis años de cárcel a Salvini por impedir el desembarco de inmigrantes del Open Arms

La Fiscalía de la ciudad italiana de Palermo, al sur del país, ha reclamado este sábado seis años de cárcel para el ultraderechista Matteo Salvini por haber bloqueado el barco de la ONG Open Arms, con 147 inmigrantes a bordo. Salvini tomo esta decisión en agosto de 2019, cuando era ministro del Interior, en el marco de sus políticas contra la inmigración irregular.

La fiscal Marzia Sabella ha reclamado esa pena tras un largo alegato denunciando en sus conclusiones que el acusado “era consciente de la ilegitimidad de sus actos” y que “el rechazo consciente” de la nave “lesionó la libertad de 147 personas sin un motivo comprensible”.

Salvini, actual vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni y ministro de Infraestructuras, no acudió al Tribunal de Palermo pese a la importancia de la audiencia de este juicio en el que está acusado de los delitos de secuestro de personas y abuso de poder.

El ultraderechista Salvini ha lamentado este sábado la decisión de la Fiscalía y se ha declarado culpable de “defender Italia y a los italianos”. El vicepresidente ha defendido en redes sociales que “el artículo 52 de la Constitución italiana declara la defensa de la patria como un deber sacro del ciudadano. Me declaro culpable de haber defendido Italia y a los italianos. Me declaro culpable de haber cumplido mi palabra”.

Meloni, por su parte, ha expresado su “total solidaridad” con Salvini. “Es increíble que un ministro de la República Italiana corra el riesgo de acabar seis años en la cárcel por haber desempeñado su propio trabajo defendiendo los confines de la Nación, como pedía el mandato recibido de los ciudadanos”, ha dicho la primera ministra italiana.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Meloni ha añadido que “transformar en un crimen el deber de proteger las fronteras italianas de la inmigración ilegal es un precedente gravísimo”.

Open Arms celebra la petición de la Fiscalía

El fundador de Open Arms, Óscar Camps, ha expresado en un comunicado su satisfacción por la petición de la Fiscalía. “El de hoy es un día importante para la justicia italiana y europea. El caso Open Arms es un caso particular y único, diferente de los procesos contra las ONG: en este caso se impidió voluntaria y arbitrariamente el desembarco en Italia por parte del Ministro”, ha dicho.

Camps ha destacado que durante este proceso en primera instancia se ha demostrado que las actividades de la ONG fueron “vigiladas por la Marina Militar, con un submarino, y transmitidas al Ministerio del Interior”.

“Estas grabaciones, realizadas por un submarino de la Marina y presentadas durante las audiencias del juicio, muestran que no hubo una intervención institucional dirigida al rescate de las personas a bordo, sino solo la voluntad de filmar acciones u omisiones que pudieran ser imputables”, denunció el fundador de Open Arms.

La sentencia del proceso se espera para el 18 de octubre, después del alegato final de la abogada de Salvini, Giulia Bongiorno.

Cronología de un pulso

Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando Salvini impidió durante veinte días el desembarco de la nave de salvamento de la organización española Open Arms con 147 inmigrantes que habían sido rescatados en el Mar Mediterráneo, en el marco de su férrea política de puertos cerrados.

La situación a bordo del barco devino así en crítica, con decenas de inmigrantes esperando bajo el sol, entre ellos varios menores, heridos y personas que “bebían agua del mar” o se tiraban desesperadas por la borda, tal y como recordó hoy la otra fiscal adjunta, Giorgia Righi.

El 14 de agosto, el Tribunal Administrativo del Lacio suspendió finalmente la prohibición y el barco pudo entrar en aguas territoriales italianas, acercándose a las costas de la isla italiana de Lampedusa, al sur del país.

Seis días después el fiscal de Agrigento, Luigi Patronaggio, subió a bordo para comprobar la situación de sus ocupantes y ordenó su desembarco y la confiscación de la nave.

Aquel día por la noche el barco de Open Arms atracó al puerto de Lampedusa para desembarcar finalmente a 83 inmigrantes, pues el resto habían sido evacuados anteriormente por motivos médicos.

De este modo terminó un primer pulso de Salvini con la ONG para después empezar la batalla en los tribunales, cuando en julio de 2020 el Senado votó a favor de permitir el proceso dado que el ministro contaba con inmunidad.

En estos meses Salvini ha alegado que su intención era proteger las fronteras y forzar un reparto de los inmigrantes en Europa y ha asegurado que sus políticas eran “compartidas” por el resto del Gobierno, una coalición entre su Liga y el Movimiento 5 Estrellas presidida por el primer ministro Giuseppe Conte.

La tesis de la acusación

Otro de los fiscales de Palermo, Colagero Ferrara, sostuvo en su intervención que este juicio “no tiene nada de político” sino que solo trata de juzgar “actos administrativos”.

Asimismo, expuso que desde que Salvini asumió el cargo de titular de Interior, en junio de 2018, las decisiones sobre desembarcos fueron trasladadas directamente a su gabinete: “Era el ministro quien decidía, este es un elemento clave”, alegó.

En cualquier caso, apuntó que el respeto por los rescatados en el mar debe estar por encima de todo. “Según las convenciones internacionales, tampoco los criminales y terroristas, presuntos o reales, pueden ser abandonados en el mar. Deben ser salvados”, dijo.

“Hay un principio clave y no discutible: entre los Derechos Humanos y la protección de la soberanía del Estado, en nuestro ordenamiento los primeros deben prevalecer”, sostuvo.

Su colega Sabella además vio “legítimamente comprensible” que la Open Arms rechazara el 18 de agosto desplazarse al puerto ofrecido por España, Algeciras (sur), por estar demasiado lejos cuando estaba ya ante Lampedusa, el puerto más cercano para las leyes del mar.

“Una venganza de la izquierda”

El político ultraderechista no acudió a la audiencia de Palermo pero habló del tema en una entrevista en el diario Libero, achacando el juicio a “una venganza de la izquierda”.

“Afronto hasta 15 años de cárcel por haber mantenido la palabra dada a los electores. Volvería a hacerlo: la defensa de las fronteras ante los clandestinos no es un delito. Adelante, sin miedo”, escribió en sus redes sociales.

Su abogada Giulia Bongiorno, que sí acudió a la vista, tachó de “un poco contradictoria” la postura de la Fiscalía por entrever en ella “una línea política”, dijo durante una pausa a los medios.

La letrada, que en el momento de los hechos era ministra para la Administración Pública, pronunciará su alegato final el 18 de octubre y después se espera la sentencia en primer grado.

Mientras, la Liga, uno de los tres partidos de la coalición de Meloni, ha organizado protestas los dos últimos fines de semana de septiembre y una manifestación el 6 d octubre en su feudo, la localidad de Pontida (norte).