La Justicia tailandesa condena a Daniel Sancho a cadena perpetua

La Justicia tailandesa ha condenado al español Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La sentencia se ha dado a conocer este jueves, poco más de un año después de cometerse el crimen, en medio de una gran expectación mediática.

El juez del Tribunal Provincial de Samui, en el sur de Tailandia, que comenzó a leer el fallo a las 10:55 hora local (05:55 hora española), ha indicado que la condena había sido reducida de la pena de muerte a la cadena perpetua por la colaboración del acusado con la investigación. La Fiscalía tailandesa había acusado a Sancho del asesinato premeditado de Arrieta el 2 de agosto de 2023 en la isla de Phangan, de su descuartizamiento y del robo del pasaporte del colombiano, delitos de los que el juez ha declarado hoy culpable al español.

Sancho también deberá indemnizar a la familia de Arrieta

El fiscal del caso, Jeerawat Sawatdichai, afirmó a EFE a la salida de la corte que estaba “satisfecho” porque Sancho había sido condenado por los tres cargos que él presentó durante el juicio, celebrado el pasado abril en el mismo tribunal. El juez condenó asimismo a Sancho, presente en la sala, a pagar una indemnización a la familia de Arrieta de 4 millones de bat (casi 119.000 dólares o alrededor de 107.000 euros).

Durante la lectura, en la que los abogados y el acusado debieron permanecer de pie, el juez explicó la posibilidad de presentar dos recursos, uno ante el Tribunal de Apelación y otro posterior al Tribunal Supremo.

Las medidas de seguridad y el acceso a la sala fueron mucho más restrictivas este jueves que durante el juicio, celebrado entre el pasado el 9 de abril y el 2 de mayo, en el que Sancho había defendido que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.

Los padres de Daniel Sancho, presentes en la vista

Sancho, de 30 años, acudió a la vista acompañado de padre y de su madre, el actor español Rodolfo Sancho y la analista de inversiones Silvia Bronchalo, así como del abogado de oficio tailandés que le representa en el país asiático, Apichart Srinual.

También acudió a la sesión la abogada Nattha “Lak” Jongratwanin por parte de la coacusación, que representa a la familia de la víctima en Tailandia. Los padres de Arrieta, Leovaldo José Arrieta y Ana Marcela Arteaga, no se desplazaron a Tailandia..

El acceso a la sala de la vista judicial ha sido muy restringido, incluso más que en el juicio celebrado a puerta cerrada en la misma corte desde el pasado 9 de abril hasta el 2 de mayo. Solo se ha autorizado a entrar en la sala al acusado, a sus padres, a representantes de la Embajada de España en Tailandia, al fiscal y los abogados tailandeses de la defensa y a la coacusación, que representa a la familia de Arrieta.

La sentencia ya ha tenido que ser revisada por una instancia judicial superior en Surat Thani (provincia a la que pertenece Samui). Ahora, las partes tienen un mes para decidir sobre las apelaciones, un plazo que podría ampliarse dependiendo del magistrado. Los recursos se entregan por escrito en el tribunal de Samui sin testigos ni comparecencias, por lo que Sancho ya no tendrá que personarse, con la opción de hasta dos apelaciones (una primera al Tribunal de Apelaciones y otra ante el Supremo), proceso que suele durar alrededor de un año.

La Fiscalía acusaba a Sancho del asesinato premeditado de Arrieta, lo que trató de demostrar durante el juicio con decenas de pruebas y testigos, incluida la compra de cuchillos y una sierra días antes del supuesto crimen, así como del descuartizamiento del cirujano y del robo de su pasaporte.

El crimen se cometió en la turística isla tailandesa de Phangan el 2 de agosto de 2023. Sancho, que confesó inicialmente el asesinato ante la Policía de Phangan, mantuvo después y durante el juicio que la muerte de Arrieta, de entonces 44 años y con quien quedó en Phangan el día de los hechos, se debió a un accidente durante una pelea en la que se defendió de un supuesto intento de agresión sexual. De los tres cargos en su contra, el español solo aceptó haber descuartizado a Arrieta, delito castigado con un máximo de un año de cárcel.