Javier Milei se ha anotado este viernes, 54 días después de haber tomado el poder en la Argentina, su primer triunfo político: la Cámara de Diputados ha dado su visto bueno inicial y por amplio margen al proyecto de ley ómnibus, que otorga superpoderes en diversas materias al presidente para tomar decisiones sin pasar por el Congreso y permite vender más de una veintena de empresas del Estado. El tablero finalizó con 144 votos afirmativos y 109 negativos.
Tras esta decisión, aún falta la votación del extenso articulado, que se ha pospuesto para el martes, cuando volverá a abrirse el Congreso para continuar la sesión, que empezó el miércoles a las 10.30 y siguió el jueves y el viernes. Es la reunión del pleno más larga que se recuerde en la historia reciente.
La votación del articulado, como se explica aquí, es un trámite largo y engorroso. Una vez que se concluya con la votación artículo por artículo, el proyecto será remitido al Senado, que también debe pasar por un proceso similar para que sea ley.
El megaproyecto ha sido muy discutido y no es el mismo que la Casa Rosada envió al Congreso: de 664 artículos ha pasado a 386, es decir, una reducción del 40% de su volumen original. Esto es porque, entre otras decenas de medidas rechazadas por la oposición, se retiraron las reformas electorales y todo el paquete fiscal, por decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, que argumentó que, de esa manera, se facilitaba la aprobación del resto del frondoso texto.
La aprobación de la ley ómnibus de Milei sólo ha sido posible gracias al acompañamiento de buena parte de la oposición: el PRO, que es el bloque aliado de La Libertad Avanza (LLA); la UCR, Hacemos Coalición Federal (el bloque variopinto que preside Miguel Pichetto) y una veintena de diputados de espacios provinciales. LLA es una fuerza muy joven, que en el Congreso tiene apenas 38 bancas, es decir, el 15% del total.
En las últimas horas se realizaron concesiones porque la oposición dialoguista condicionó su apoyo a realizar modificaciones: se retiró definitivamente el superpoder presidencial específico sobre el tema fiscal y se flexibilizó el proceso de privatización de empresas públicas. Respecto de este último punto, se dividió en grupos al bloque de las empresas públicas sujetas a privatización que figuraba en el proyecto original, para que los aliados puedan tener la libertad de acompañar algunas y rechazar otras en la votación en particular.
El jueves, en el segundo día de la sesión, las fuerzas de seguridad avanzaron con camiones de agua, balas de goma y gas pimienta para hacer retroceder a los manifestantes que protestaban en la plaza del Congreso contra la propuesta del Ejecutivo. El protocolo comandado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó una veintena de heridos, entre manifestantes y trabajadores de prensa. Sin embargo, en declaraciones públicas Bullrich consideró que “no hubo ningún incidente grave” y remarcó que su gestión seguirá “manteniendo el orden público”.
En el inicio de la tercera jornada, varios diputados de la oposición repudiaron la acción de las fuerzas de seguridad, mientras que el operativo fue defendido por representantes del partido libertario. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, destacó en su rueda de prensa habitual “la titánica tarea” de las fuerzas de seguridad. Informó de que hubo ocho detenidos por los incidentes y aseguró que quien “viole la ley será castigado”.