Macron presenta una ley contra el extremismo que apuntala el laicismo en Francia

Dos meses después de que el presidente francés Emmanuel Macron revelara los principales trazos de su plan para luchar contra el islamismo radical, el Gobierno francés ha materializado este miércoles esta estrategia presentando en el Consejo de Ministros un proyecto de ley contra el extremismo.

El texto, inicialmente denominado como “ley contra los separatismos” y rebautizado como “ley para reforzar los principios republicanos” llega en un contexto complicado para Francia, que ha sido golpeada de nuevo por el terrorismo con los atentados de Niza y el asesinato del profesor Samuel Paty. Además, el país vive tensiones con varios países musulmanes, algunos de los cuales incluso han hecho un llamamiento a boicotear productos franceses ante la postura adoptada por Macron, que tras los atentados pronunció un duro discurso afirmando que “el islam es una religión que está en crisis en todo el mundo”.

El primer ministro francés, Jean Castex, así como los ministros de Interior, Educación y Justicia y la ministra delegada de la ciudadanía, detallaron los puntos clave del proyecto en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tras la polémica, cada uno de los dirigentes ha querido dejar claro, en repetidas ocasiones, que se trata de “una ley de libertades” y que no pretende estigmatizar a los musulmanes.

Según Castex, la normativa “no va en contra de las religiones, ni en contra de la religión musulmana en particular”, sino que se trata de una ley de “protección” frente al fundamentalismo religioso. De hecho, el texto evita cualquier referencia al islam o al separatismo. 

La fecha elegida para presentar el proyecto de ley en Consejo de Ministros no es baladí. Coincide con el 115 aniversario de la Ley de 1905 sobre la separación de la Iglesia y el Estado, una ley que marcó las bases del laicismo en Francia y a la que hoy Jean Castex ha hecho varias referencias. El primer ministro también ha querido dejar claro que se trata de una ley elaborada, fruto de meses de discusiones y de largos debates “con políticos, representantes religiosos, universitarios e intelectuales”. El texto aún tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional y el Senado a principios de 2021. 

Una ley marcada por los atentados

Compuesta por unos 50 artículos, la ley tiene el doble objetivo de “garantizar el respeto de los principios republicanos” y “garantizar el libre ejercicio de culto” en ámbitos como la educación, las asociaciones religiosas o las redes sociales. 

Uno de los artículos propone más rigidez para aquellos padres que quieran educar a sus hijos en casa, buscando así evitar el “adoctrinamiento de menores en clases clandestinas que propagan el islamismo radical”, según Castex. Otro punto prohíbe los certificados de virginidad solicitados por mujeres antes de contraer matrimonio, con penas para los médicos que realicen estas prácticas. La ley también pretende reforzar la lucha contra la poligamia y contra los matrimonios forzados, un fenómeno que “afecta a unas 200.000 mujeres en Francia, según ha especificado la ministra delegada de la ciudadanía, Marlene Schiappa. 

Con esta ley, Francia también ejercerá un mayor control sobre las asociaciones y lugares de culto, cómo se financian y cómo se gestionan, con tal de “luchar contra las influencias extranjeras” y actuar con eficacia cuando “un lugar de culto se convierta en difusión de discursos que incitan al odio y la violencia”. Jean Castex también ha anunciado que la ley presenta “nuevas herramientas para fortalecer la neutralidad del servicio público”, es decir, para que los empleados no manifiesten su afiliación religiosa en público. 

El proyecto de ley, además, está severamente marcado por el asesinato de Samuel Paty, el profesor de secundaria asesinado por haber mostrado en clase las polémicas caricaturas de Mahoma del semanario Charlie Hebdo el pasado 16 de octubre. A raíz del atentado, se decidió incluir en la propuesta de ley un artículo dedicado a la lucha contra los discursos de odio en internet y en las redes sociales. Si la normativa se acaba aprobando, será delito poner en peligro la vida de otras personas al difundir información privada, familiar o profesional de una persona. Eso fue lo que sucedió con Samuel Paty, cuyo nombre y dirección del colegio donde trabajaba fueron publicados en Facebook pocos días antes de que fuera decapitado. 

Otra consecuencia del atentado contra Samuel Paty fue la ofensiva del Ejecutivo para disolver asociaciones y mezquitas que inciten al odio y la violencia, según el Gobierno. Una iniciativa que inquietó a Amnistía Internacional, que denunció en un comunicado que el Gobierno estaba actuando “basándose en la noción ambigua de ‘radicalización’”, término que, según la organización, “se aplica a menudo a simples musulmanes devotos”.

En este documento, Amnistía Internacional criticaba la voluntad del Gobierno de disolver el Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF) –una asociación que lucha contra la discriminación hacia los musulmanes– y que “el ministro de Interior, Gérald Darmanin, calificó de enemiga de la República (...) sin aportar ninguna prueba”.

Finalmente, el ejecutivo disolvió la asociación a principios de mes junto con otra organización humanitaria, BarakaCity. Una decisión que, según el fundador de Baraka City, Idriss Sihamedi, supone una “violación del derecho y un abuso de poder”. Human Rights Watch también reaccionó ante dichas disoluciones, considerándolas una “amenaza a las libertades y los derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión, de asociación y de religión, así como el principio de no-discriminación”.

Por su parte, Marwan Muhammad, exdirector del CCIF, cree que el gobierno está llevando a cabo “medidas arbitrarias y violando las libertades fundamentales”. En un reciente artículo publicado en Middle East Eye en el que reflexiona sobre la estrategia de Macron contra el extremismo en Francia, Marwan Muhammad opina que la laicidad “ha pasado de ser un marco liberal para la libertad de religión o de cualquier creencia, a convertirse en una ‘neo-laicidad’, un instrumento para demonizar y excluir cualquier visibilidad religiosa (con un acento contra las comunidades musulmanas, siempre en el centro de cualquier discusión cuando se evoca la laicidad)”.

Precisamente, con esta ley Francia ejercerá un mayor control sobre las asociaciones y lugares de culto: su financiación, el control sobre “influencias extranjeras” y la actuación cuando estas asociaciones difundan “discursos que incitan al odio y la violencia”, según el Gobierno.

El primer ministro Jean Castex también ha especificado que la ley incluye “nuevas herramientas para fortalecer la neutralidad del servicio público” para evitar que los empleados de empresas subcontratadas por la administración no manifiesten su afiliación religiosa en público.

Por otra parte, un grupo de 33 personas, entre ellos filósofos, abogados, escritores y sociólogos reconocidos en Francia y que votaron a Emmanuel Macron en 2017 publicaron hace un par de semanas una tribuna en el periódico Mediapart donde criticaban algunos de los recientes proyectos de ley del Gobierno. Entre ellos, arremeten contra el texto presentado hoy y que consideran que “reduce las libertades de información, opinión, creencias, educación, asociación, manifestación y protesta”. En la publicación, piden a Macron que “detenga esta carrera hacia el abismo oponiéndose a estas leyes liberticidas”, y que supondría instalarse en el ámbito “tan soñado por la extrema derecha y el neo-fascismo” en Francia.

La clave electoral

El plan de Emmanuel Macron para luchar contra el extremismo radical es una de las estrategias más esperadas de su mandato como presidente. Antes de que Macron presentara la ley en público el pasado 2 de octubre, su propuesta para afrontar este asunto estaba poco definida y llevaba meses generando expectación. En su esperado discurso, el titular del Elíseo se comprometió a reforzar el laicismo y construir “un islam que pueda convivir en paz con la República” y, tras los recientes atentados, ha prometido “firmeza” contra el radicalismo islámico en repetidas ocasiones.

Con el país de nuevo en alerta máxima terrorista, la lucha contra el extremismo radical será sin duda uno de los puntos clave en las próximas elecciones presidenciales francesas de 2022, donde Emmanuel Macron también tendrá que evitar que los partidos de derecha y de extrema derecha le califiquen de débil. Según una encuesta realizada por La République en Marche, el partido de Macron, un 88% de los franceses asegura estar preocupado por el aumento del islamismo radical, mientras que la inquietud se eleva a “muy preocupante” en un 58% de los encuestados.