Un juez de apelaciones rebate el segundo auto judicial y vuelve a pedir la excarcelación de Lula da Silva

El juez de apelaciones Rogerio Favreto ha vuelto a pedir la liberación inmediata de Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado por corrupción, después de que un segundo magistrado revocara la orden y decidiera mantener al expresidente brasileño en prisión.

Favreto, juez federal de guardia en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), con sede en Porto Alegre, concedió un “habeas corpus” a Lula, pero la medida fue bloqueada horas después por el magistrado João Gebran Neto, instructor del caso Lava Jato en segunda instancia. En medio de una intensa batalla de decisiones judiciales, Favreto pidió en su último auto que Lula sea puesto en libertad en el plazo de una hora. 

El juez brasileño João Gebran Neto, instructor del caso Lava Jato en un tribunal de segunda instancia, fue quien revocó la medida cautelar. Gebran Neto es uno de los tres jueces que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre, corte que condenó a Lula en segunda instancia a doce años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.

No obstante, en medio de una intensa batalla de decisiones judiciales, Favreto ordenó en su último auto que Lula sea puesto en libertad en el plazo de una hora después de la publicación de la decisión, realizada a las 16.12 horas local (19.12 GMT).

Favreto ordenó en la mañana del domingo la libertad de Lula tras un pedido de “habeas corpus” solicitado por diputados del Partido de los Trabajadores (PT), formación creada por el expresidente en la década de los ochenta. Los diputados argumentaron que no había fundamentos para el encarcelamiento de su máximo líder y además pedían que fuese liberado para que participase en eventos de campaña de cara a las elecciones presidenciales del próximo octubre, en la que lidera los sondeos cuando faltan tres meses para su celebración.

Lula ha reiterado su candidatura para los comicios, a pesar de su arresto y de que se encuentra virtualmente inhabilitado debido a que la ley electoral impide que condenados en segunda se postulen a cualquier cargo electivo.