La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, ha anunciado este jueves en la Cámara de los Comunes su plan energético para intentar solucionar la crisis de precios y suministro del país. Truss ha establecido un precio máximo a la factura de la luz media para los hogares británicos de 2,500 libras (2.875 euros) para los dos próximos años desde el 1 de octubre.
El llamado 'price cap' (límite de precios) es un sistema establecido en 2019 que limita el precio que las eléctricas pueden cobrar por kilovatio y que asegura que cubran costes y que tengan un margen de beneficios. Hasta ahora, ese tope se ha revisado cada tres meses para atender a la repentina y constante subida de precios.
Esto significa que el límite de precios no establece un precio máximo a la factura independientemente del consumo. La cifra de los 2.875 euros se deriva del cálculo de consumo anual para un hogar medio. Actualmente el límite está en 2.280 euros, pero a partir del 1 de octubre estaba previsto que aumentase a 4.100 euros. Algunos analistas apuntan a que ese tope podría haber aumentado en enero a 5.780 euros.
Truss sostiene que el nuevo tope, acordado con las empresas eléctricas, “ahorrará al hogar medio 1.000 libras (1.152 euros) al año”. La primera ministra también ha asegurado que esta medida reducirá la inflación un 5% respecto a lo que hubiera aumentado sin el límite de precios.
El Partido Laborista había pedido un tope en la factura de la luz, pero este jueves ha criticado a la primera ministra por la forma de financiar el plan, ya que Truss ha anunciado que está “en contra de los impuestos a los beneficios caídos del cielo” a las eléctricas.
“Su primera medida es pedir prestado más dinero del que es necesario porque descarta un impuesto a los beneficios caídos del cielo”, denuncó el miércoles Keir Starmer, líder laborista. “El dinero tiene que venir de algún lado y sabe que cada libra no gravada de exceso de beneficios, es una libra que la gente trabajadora se verá obligada a devolver en las próximas décadas”.
Vuelve el fracking
La líder del Ejecutivo ha señalado que el aumento del suministro es un factor esencial para la seguridad energética del país y, en este sentido, ha levantado el veto de 2019 al fracking. También ha anunciado nuevas licencias para extraer gas y petróleo en el Mar del Norte hasta el punto de asegurar que quiere convertir a Reino Unido en un exportador neto para el año 2040.
El veto al fracking se anunció tras un informe de la Oil and Gas Authority que señalaba que no era posible descartar consecuencias “inaceptables” para aquellas personas que viven cerca de los lugares donde lleva a cabo este sistema de extracción. El informe científico advertía también que no era posible predecir la magnitud de terremotos que el fracking podría desencadenar.
“Me temo que el fracking no reducirá el precio de las facturas ni fortalecerá nuestra seguridad energética”, ha señalado Keir Starmer, líder del Partido Laborista, asegurando que complicará los esfuerzos en la lucha contra la emergencia climática.
Starmer ha recomendado a Truss que escuche a su nuevo ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, que a principios de año publicó un artículo sobre el fracking: “Incluso si levantásemos la moratoria mañana, llevaría hasta una década extraer volúmenes suficientes y tendría un alto coste para las comunidades y nuestro precioso campo”.