“Que España pidiera perdón significaría mostrar respeto a nuestra cultura y a nuestros ancestros. Un acto que dignificaría la cultura por la que nos hicieron avergonzarnos, en un país donde ser de tez morena y rasgos indígenas aún sigue siendo motivos de discriminación”. Habla Victoria González, fotógrafa maya que vivió y estudió durante un tiempo en España. “Crecí en una comunidad rural de Yucatán, Buctzotz, donde toda mi vida escuché las historias de todo lo que mi pueblo pasó antes, durante y después de la Conquista”, lamenta.
A dos años para que se cumpla el bicentenario de la caída de Tenochtitlán (la antigua capital del imperio mexica), el gobierno de México ha decidido iniciar su preparación para la conmemoración acercando posturas con las corrientes indigenistas de todo el país. El nuevo presidente, Antonio Manuel López Obrador, ha asegurado que la corona española debe pedir perdón por los crímenes cometidos hace 500 años en la conquista española del territorio que hoy es mexicano.
Como reconoce Victoria, “aún hay sentimientos encontrados en muchos de nosotros. Queremos ese perdón o disculpa pues hay un pasado que siempre se recuerda”, explica Victoria. “El gesto del presidente es una oportunidad histórica de entender que hay una herida que subyace en el inconsciente de muchos mexicanos y a la mínima despierta como un monstruo hambriento e iracundo”, concluye.
Kau Sirenio es un periodista de origen na savii (mixteco) y ha documentado la forma de vida de diversas comunidades indígenas en todo México y Estados Unidos. “Las comunidades indígenas tienen derecho a exigir que les pidan perdón. Su historia quedó enterrada hace 500 años”. Orgulloso de su linaje étnico y lingüístico, señala las consecuencias que aún padecen los pueblos nativos de México tras aquella conquista. “Es necesario pedir perdón en un país que padece de un problema heredado de clasismo de forma crónica”, argumenta. “Incluso a mi, algunos compañeros me siguen tratando con reservas por mi origen indígena”.
Sin embargo, pese al gesto del presidente López Obrador de lograr una reparación moral a las comunidades indígenas de México mediante la solicitud de perdón a la corona española, la realidad es que la prioridad de numerosos pueblos nativos son las demandas frente a su gobierno, no ante España. “Yo no quiero que la corona española me pida perdón por sus crímenes, quiero que el Estado mexicano respete la autonomía y la libre determinación de los pueblos y que cesen la entrega de concesiones mineras en territorio indígenas”, dice Kau Sirenio. “Cuando esto ocurra entonces habrá justicia después de más de 500 años de oprobio”.
En este sentido, Yunyx Torres, una joven perteneciente a la comunidad purépecha de Cherán K' eri (Michoacán), no está de acuerdo con la actitud del presidente y ve innecesaria la petición de perdón a la corona española. “Andrés Manuel está utilizando a los pueblos indígenas. Se está apropiando de ceremonias tradicionales, de nuestra simbología y de parte de nuestro discurso para simular que trabaja con nosotros. Pero en realidad no cuenta con la opinión de los pueblos originarios y trata de justificar los megaproyectos con esas acciones. Es un sentir de muchos compañeros de organizaciones de otros lugares del país que la cosas con este gobierno no han cambiado con respecto al anterior”.
El presidente mexicano ha celebrado frente a las cámaras de los medios algunos rituales tradicionales y llegó incluso a realizar una “petición a la pacha mama” en Chiapas para el desarrollo del Tren Maya, un “megaproyecto” turístico con el que pretende construir un tren que circule por toda la península de Yucatán.
El pueblo purépecha cuenta con orgullo el haber sido el único que resistió la invasión de los conquistadores. En 2011, esta comunidad aguacatera de la montaña michoacana se declaró independiente de partidos políticos y de la tutela del gobierno federal tras años de auténtico asedio a la población local por parte de las mafias de la industria maderera ligadas al narcotráfico. Desde entonces, el municipio se rige por un sistema asambleario compuesto por representantes de varios consejos.
“Aunque nuestra historia es algo distinta a la de otros pueblos nativos (porque sobrevivimos a la conquista), somos conscientes de que no podemos exigir responsabilidades por los errores de nuestros ancestros. El momento de cambiar las cosas es ahora”. El caso de Cherán es un ejemplo de cómo la democracia directa y la organización de los pueblos indígenas en base a sus usos y costumbres pueden lograr la pacificación y la prosperidad en lugares donde el Estado mexicano no lo ha conseguido.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y hasta una cincuentena de organizaciones vinculadas al Concejo Indígena de Gobierno (CIG) tejen una red de resistencia ante los numerosos proyectos que empresas multinacionales proyectan en diversas partes de México.
Ser indígena en México
De los casi 15 millones de personas de origen indígena que viven en México, aproximadamente el 72% lo hacen en condiciones de pobreza. El último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONVEAL, 2018), confirma la existencia de brechas sociales en lo referente a la alfabetización, la salud infantil y el acceso a servicios, entre otros rubros. Pero más allá de las cifras y la fotografía del indígena pobre y de comunidad rural a la que podemos recurrir con facilidad en nuestro imaginario, en México se evidencia el problema de la marginación racial de formas diversas y muy cercanas.
“Ser indígena en la Ciudad de México es condenarte a la exclusión y al desprecio desde el propio gobierno”, opina el youtuber Alberto Lerner. “Son los excluidos de los excluidos”. En la urbe mexicana viven casi un millón de personas pertenecientes a alguna de las más de 50 etnias nativas del país. Durante esta semana, Lerner a publicado el caso de algunas familias de origen Mazahua que ocupaban el edifico abandonado de la antigua embajada española fueron desahuciadas por las autoridades capitalinas.
“Son personas que se quedaron sin casa durante el terremoto de 2017 y nunca obtuvieron ayuda del Estado. Ocupaban este inmueble que durante el franquismo albergó a exiliados y ahora lo van a demoler sin darles ninguna solución”, explica. “La gente del Concejo Nacional Indígena los ha apoyado. El gobierno, ni madres”.