Daniel Rojas, economista de 36 años, es una de las personas más cercanas al presidente colombiano Gustavo Petro y desde el pasado mes de agosto desempeña uno de los trabajos más complicados del país: preside la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda que administra los bienes incautados a los narcotraficantes. Es una labor especialmente complicada en Colombia porque el narcotráfico ha permeado todas las esferas de la sociedad “menoscabando no solo las instituciones, sino la propia cultura política y el aparato productivo” del país, detalla el funcionario en una entrevista con elDiario.es a su paso por España con la intención de establecer alianzas en la lucha contra la corrupción.
En febrero, el Ministerio Público colombiano le suspendió de su cargo como presidente de la SAE durante 10 días por un supuesto incumplimiento de contrato al paralizar la venta de acciones de la empresa Triple A (gestionada por la SAE), que presta servicios públicos en la ciudad de Barranquilla, y está siendo investigado por ello. Rojas consideró “sospechosa la forma en la que se vendieron y a quiénes se vendieron” esas acciones y asegura que su valor es mucho mayor de lo que figura en el contrato, que fue firmado en 2021 durante el anterior Gobierno de Iván Duque. Su objetivo, señala el funcionario, era evitar un “detrimento patrimonial”.
El mecanismo que utilizó el Ejecutivo de Duque para aprobar la venta de las acciones de la empresa Triple A que estaban en poder de la SAE, según denunció el medio colombiano La Silla Vacía, “acabó beneficiando a contratistas privados cercanos al uribismo y al clan Char”, una de las familias más poderosas de Colombia a la que se vincula con el tráfico de marihuana y cocaína en Barranquilla.
El pasado 21 de febrero, el Ministerio Público levantó la suspensión impuesta a Rojas tras llegar a un acuerdo con la mesa de trabajo: las acciones de la Triple A que estaban en poder de la SAE serán finalmente traspasadas “por un valor menor al real” a la empresa K-yena pero esta se compromete “a eliminar la participación privada y mantener el carácter público de la entidad”, aclara Rojas.
Tanto el presidente Gustavo Petro como otros miembros del partido de Gobierno han mostrado su apoyo a Rojas y creen que las razones del Ministerio Público de haberle suspendido provisionalmente de su cargo en la SAE e investigarle se deben más bien a “motivos políticos y revanchistas”.
Rojas, por su parte, se siente tranquilo y agradecido por el apoyo que asegura haber recibido también por parte del pueblo colombiano. Se muestra además orgulloso de los pasos que está dando Colombia bajo el mandato de Petro, que recientemente ha presentado una ambiciosa batería de reformas sociales al Congreso para fortalecer el sistema público.
¿Qué ocurrió con la empresa Triple A y por qué el Ministerio Público –la Procuraduría– terminó suspendiéndole provisionalmente e investigándole?
Se trata de una empresa de servicios púbicos que funciona en Barranquilla que fue incautada por corrupción a sus antiguos dueños y pasó a la administración de la SAE. En el Gobierno de Duque se realizó un negocio que consistía en vender esta empresa y se hizo en tiempo récord pese a las complejidades de la compañía. Nosotros heredamos ese negocio porque se hizo a plazos y nos pareció sospechosa la forma en la que se vendió y a quiénes se vendió, por lo que solicitamos una valoración de la empresa a una entidad estatal, que nos dijo que el valor de la empresa es mucho mayor al indicado, unos 392 millones de euros [cuando en realidad se vendieron por unos 111 millones de euros].
Ante ello frenamos el negocio y solicitamos a las autoridades competentes que investigaran si había un detrimento patrimonial, pero mantener en propiedad de la SAE las acciones de la empresa molestó mucho a cierta clase política y ciertos intereses. El Ministerio Público nos arrinconó y dijo que si no cedíamos las acciones, tomaría cartas en el asunto, y así lo hizo, al suspenderme provisionalmente del cargo y continuar con la investigación en mi contra.
Asumió como presidente de la SAE, una institución muy cuestionada que durante años ha acumulado denuncias por corrupción, en agosto de 2022. ¿Qué se ha encontrado desde entonces?
Nos hemos encontrado incongruencias de todo tipo. No se sabe qué administra, no hay un inventario real de bienes muebles e inmuebles, hay muchos activos que no están evaluados y desconocemos la cuantificación de los mismos. Por alguna razón, hay bienes que están desaparecidos, que no están bajo nuestra administración y esa ha sido la primera alerta que hemos dado.
Se podría pensar que los bienes incautados al narcotráfico son los mejores bienes rurales, las mejores casas de lujo o los mejores automóviles, pero a la hora de revisar el inventario no aparece así, por eso jalamos (tiramos) de este hilo. Hay bienes que tienen que generar rentas altas por su capacidad y, sin embargo, están siendo arrendados a un costo muy bajo o no estaban generando ningún tipo de renta. No puedo hacer juicios de valor, pero esto nos genera preocupaciones porque puede estar favoreciendo a los antiguos afectados, a quienes eran dueños de estos bienes y siguen haciendo uso de ellos a través de la ayuda de la institución.
¿Qué tipo de bienes administra la SAE?
De todo tipo. Bienes muebles, inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio, empresas grandes y pequeñas, hoteles, casas, fincas, animales… Cuando son de difícil administración, como en el caso del ganado, se subastan y, si son inmuebles, se arriendan o se venden. Estamos poniendo esos activos incautados al narcotráfico a disposición de organizaciones comunales, de mujeres y jóvenes que históricamente han sido excluidos a nivel social, económico y político en Colombia. Y cuando se trata de tierras, por orden del presidente [Petro], se las otorgamos a comunidades campesinas para que puedan generar proyectos productivos agroalimentarios.
Al tratarse de tierras que antes pertenecían a narcotraficantes y otros delincuentes, hay campesinos que están sufriendo amenazas en el país.
Así es. Es una realidad. Hemos querido vincular al Ministerio de Defensa y al Alto Comisionado para la Paz para garantizar que esas comunidades puedan utilizar esas tierras de forma pacífica, pero los antiguos tenedores no están muy cómodos con esta decisión y esas comunidades nos han manifestado su temor ante las amenazas que reciben. Esto debe ser parte de lo que el país acuerde para lograr una paz total porque lo que estamos haciendo es justicia y tratamos de que los campesinos históricamente desplazados de sus tierras puedan volver a ellas y hacerlas productivas.
¿Y usted ha recibido amenazas? ¿Se siente en peligro?
No taxativamente, pero sí ha habido algunos comentarios que podrían ser considerados como amenazas. En la entrega de tierras [a campesinos], por ejemplo, muchas veces se presentan antiguos dueños y su sola presencia es intimidante, porque han estado inmersos en acciones delictivas y lo consideran una injusticia. Antes de venir [de visita] a España, cerca de la residencia de mis padres, los vecinos han visto carros (coches) con vidrios oscuros aparcados enfrente señalando la casa y, cuando mi papá fue a sacarles una foto, arrancaron. No he tenido el temor de que puedan atentar contra mi vida, pero si me destituyen, la aniquilación moral también es una vía a la que se recurre en estos casos. Pero no puedo dejarme atemorizar porque entonces no hacemos nada.
¿Considera que la decisión del Ministerio Público de suspenderle por unos días e investigarle es una forma de evitar que se lleve a cabo la reforma agraria anunciada por Petro, con la que pretende entregar la tierra concentrada a campesinos?
Es difícil responder a eso. Hay mucha animadversión a que se lleve a cabo esa reforma, porque quienes tienen la propiedad de la tierra en Colombia, en su gran mayoría, es gente muy poderosa que se opone a esa medida y no me sorprende que utilicen todos los medios que tienen a su alcance para evitarlo. Pero el Gobierno nacional va a seguir igualmente con sus propósitos y la reforma agraria es una prioridad absoluta para el presidente, que ha exigido acelerar los tiempos porque, según ha dicho, “si no se hace, el país se va a llenar de sangre”.
¿Por qué cuesta tanto lograr esa paz definitiva en Colombia, donde se siguen cometiendo asesinatos contra líderes sociales, continúa la violencia en comunidades indígenas y sigue habiendo desplazados forzosos?
El flagelo del narcotráfico no solo ha menoscabado las instituciones, sino la misma cultura política del país y también su aparato productivo, que se ha vuelto muy dependiente de las rentas del narcotráfico, del petróleo y del carbón y ha dejado de ser productivo. En los lugares más apartados de Colombia no existe otro modo de vida distinto al que ya se ha instalado a punta de sangre y fuego y estas organizaciones, que no son ideológicas aunque haya guerrillas y grupos paramilitares, han acumulado un poder territorial muy grande que implica tener poder político y coerción. Se convierten en el Estado en esos territorios y las negociaciones se hacen más complejas con esas organizaciones.
Creo que el Gobierno deberá endurecer su posición en las mesas de negociación porque no podemos hablar de paz si se siguen asesinando líderes sociales en los territorios, si no se permite hacer al menos la reforma agraria y transformar el aparato productivo. De lo contrario sería un chantaje y el Gobierno no puede ser chantajeado.
También continúan pendientes las negociaciones con la guerrilla del ELN.
Así es y el presidente ya ha señalado que estas organizaciones dejen de asesinar. O hay un cese al fuego que muestre una voluntad de paz o el Gobierno va a tener que actuar con toda su capacidad militar.