Cuando han pasado seis semanas de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia y un mes tras la dimisión del Gobierno de Gabriel Attal, y pasado también el paréntesis de los Juegos Olímpicos en París, las consultas para la designación de un nuevo primer ministro comienzan lentamente. La situación parece no inquietar a Emmanuel Macron, que conserva en su puesto el Ejecutivo saliente –en funciones–, mientras espera que los distintos bloques políticos en el Parlamento fragmentado que salió de las urnas avancen hacia la formación de acuerdos para “una coalición de base amplia” como pidió en la carta a la ciudadanía que se publicó el 10 de julio.
El presidente francés dio un primer paso hacia la formación de un nuevo gobierno al invitar a los jefes de los partidos a “una serie de conversaciones” este viernes. “El nombramiento del primer ministro llegará durante la prolongación de este periodo de consultas y de sus conclusiones”, anunció el Palacio del Elíseo hace unos días mediante un comunicado. En el mismo texto el gabinete del presidente afirmaba que Macron es consciente de “la voluntad de cambio y de unión” expresada por los votantes en las pasadas elecciones y asegura que “continúa avanzando para la formación de una mayoría más amplia y estable al servicio del país”.
Sin embargo, en el resto de formaciones políticas, y en una gran parte de los medios de comunicación, crece la impaciencia y las críticas a la falta de urgencia del jefe de Estado. El Nuevo Frente Popular (NFP), el bloque con más escaños en la Asamblea Nacional, y sus aliados (193 de 577 escaños), continúan presionando a Emmanuel Macron para que nombre a su candidata, Lucie Castets, como nueva jefa de Gobierno.
Las cuatro formaciones del NFP (Francia Insumisa, Partido Socialista, Europa Ecología-Los Verdes y Partido Comunista) participarán en la ronda de consultas con la presencia de Castets y un representante de cada partido, según confirmó a la agencia France-Presse (AFP) el coordinador de Francia Insumisa, Manuel Bompard.
Además del de Lucie Castets, los nombres del ex primer ministro François Hollande, el socialista Bernard Cazeneuve, y el del presidente de la Región Altos de Francia, el conservador Xavier Bertrand, figuran en las quinielas. A estos se les han unido en los últimos días el de la presidenta de la región Isla de Francia, Valérie Pécresse, según informaciones de Le Figaro, y el del alcalde de la ciudad de Saint-Ouen, el socialista Karim Bouamrane.
Amenaza de destitución
En Francia la Constitución no exige la celebración de una votación de investidura ni una moción de confianza en el Parlamento. Tampoco pone condiciones explícitas al presidente de la República sobre a quién puede nombrar como primer ministro, ni el plazo en el que hacerlo. La tradición y la lógica institucional dictan que el jefe de Estado elige a una personalidad del partido con mayoría en la Asamblea pero, bajo el actual sistema, lo habitual es que esas mayorías sean absolutas o, como mínimo, amplias.
La nueva situación, con tres bloques importantes pero muy lejos de la mayoría absoluta, es inédita. En este contexto, fuentes cercanas a Macron repiten la necesidad de un candidato capaz de lograr amplios acuerdos entre formaciones de los distintos bloques para asegurar una mayoría estable (que no pueda ser derribada por una moción de censura). Además, el presidente ha repetido que no aceptará la presencia ni de Francia Insumisa (LFI por sus siglas en francés) ni de la Agrupación Nacional (RN), el partido de Marine Le Pen, a los que sitúa “en los extremos” y “fuera del arco republicano”.
El domingo, la dirección de LFI publicó una carta abierta en La Tribune firmada por las principales figuras del partido: su coordinador, Manuel Bompard, la presidenta del grupo en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot y su fundador, Jean-Luc Mélenchon. En ella acusan a Emmanuel Macron de “forzar las instituciones” y de “abuso de poder” y lanzan una “advertencia solemne” al jefe del Estado para que “acepte el resultado de las elecciones legislativas” y “nombre primera ministra a Lucie Castets”.
En caso contrario amenazan con reactivar el artículo 68 de la Constitución, que permite destituir al presidente de la República en caso de “dejación de funciones”. El texto, que no fue consultado con el resto de partidos, según informan varios medios franceses, ha creado malestar en el seno de la coalición progresista. De entrada, la aplicación del artículo 68 de la Constitución parece tener escasas posibilidades dado el actual equilibrio político: la destitución requiere el apoyo de una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional y en el Senado (donde hay una mayoría conservadora y escasa presencia de LFI) y después la constitución de un alto tribunal, compuesto por representantes electos de ambas Cámaras.
Grietas en el NFP
Pero más allá de la falta de viabilidad, es el momento elegido y las consecuencias políticas del planteamiento lo que ha molestado a socialistas, ecologistas y comunistas, con esa ronda de consultas a punto de iniciarse. Así, en las 48 horas posteriores, el resto de las formaciones se desmarcaron de la amenaza.
También lo hizo Lucie Castets en una entrevista a BFM-TV. “Mi objetivo no es la destitución, es la cohabitación”, aseguró añadiendo que “la acción institucional más simple para responder al [posible] nombramiento de un gobierno que no corresponda a los resultados de las elecciones sería la moción de censura”. Unos días antes, en una entrevista publicada en Le Parisien, Castets consideraba que el aumento del salario mínimo a 1.600 euros era un “horizonte” y que podría no ser una medida inmediata. La entrevista recibió críticas de diputados insumisos.
En la misma línea que Castets, el secretario general del Partido Socialista, Olivier Faure, aseguró en la red social X que “la tribuna publicada está firmada únicamente por los dirigentes de LFI. Sólo compromete a su movimiento”. “No hay mucha gente de fuera de LFI que vaya apoyar esta iniciativa”, confirmó la líder de los ecologistas, Marine Tondelier, en France Info.
El líder del Partido Comunista, Fabian Roussel, fue más allá al considerar que las acciones de LFI responden a una voluntad de centrarse en la estrategia de cara a las elecciones presidenciales de 2027, a expensas de los esfuerzos por la constitución de un gobierno progresista. “El orden del día no es amenazar al presidente de la República con una destitución. La prioridad no es provocar una crisis institucional”, criticó en declaraciones a Le Monde. “LFI tiene derecho a hacer de la elección presidencial su prioridad, pero esa no es nuestra opción”.