Unas 200.000 personas se manifestaron en la noche del jueves por tercer día consecutivo en varias ciudades de Rumanía contra un decreto ley que despenaliza algunos casos de corrupción, una medida defendida por el Gobierno socialdemócrata pese a la presión social y las críticas, también desde el exterior.
La principal multitud –cerca de 100.000 personas, según la prensa rumana– se concentró en la noche del jueves ante la sede del Gobierno nacional en Bucarest, siempre con lemas como “ladrones”, “vergüenza”, “derogación” y “Rumanía, despierta!”.
En el resto del país se congregaron otras 100.000 personas, de ellas, 20.000 en Timisoara (norte), y otras 20.000 en Cluj-Napoca (centro), dos de las principales ciudades de Rumanía.
Se trata de la mayor oleada de protestas desde la violenta caída del régimen comunista en 1989.
“No podemos permitir que nos roben sin una respuesta contundente por parte de la justicia”, dijo una de las manifestantes, Alina Popa, profesora de matemáticas de un instituto de Bucarest. “Es un decreto hecho a medida para unas pocas personas”.
“Están desafiando nuestra dignidad y estamos cansados de que nos mientan”, aseguró Raluca Stancu, una joven informática que trabaja para una multinacional.
A pesar de la ira ciudadana, tanto el líder del Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, como el primer ministro rumano, Sorin Grindeanu, defendieron el polémico decreto, aprobado por vía de urgencia el martes.
“El Gobierno y los partidos que lo apoyamos seguimos decididos a ejercer tanto el poder ejecutivo como el legislativo”, señaló Dragnea en rueda de prensa junto a Grindeanu, tras una reunión del Comité Ejecutivo socialdemócrata.
“Cualquier intento de socavar la actividad del Gobierno es un intento de desestabilizar el Estado de derecho en Rumanía”, advirtió Dragnea, quien acusó a los manifestantes de desconocer el contenido del polémico decreto.
La medida ha provocado una crisis en un Gobierno que lleva en el poder menos de un mes, tras ganar el PSD los comicios legislativos en diciembre con un 45% de los votos.
El presidente de Rumanía, el conservador Klaus Iohannis, solicitó al Tribunal Constitucional que tome cartas en el asunto ante un posible conflicto entre el Ejecutivo y la Judicatura. El Constitucional espera ahora las explicaciones del Gobierno y del Parlamento, que tienen como fecha límite para ofrecerlas el próximo 7 de febrero.
La oposición confía en que los nueve jueces del alto tribunal se pronuncien antes del 10 de febrero, fecha en la que entrarán en vigor las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
Pese a que los líderes del PSD han querido mostrar que están unidos en la defensa de la medida, el Gobierno ha tenido que encajar su primera dimisión. El ministro de Comercio, Florin Jianu, señaló que deja el cargo por razones de “conciencia”, mientras que otras figuras de la formación gobernante pidieron la renuncia del ministro de Justicia, Florin Ioardache.
Ioardache dejó hoy temporalmente sus funciones en manos de un secretario de Estado, sin explicar los motivos, aunque resaltó que sigue en el puesto.
Mihai Chirica, uno de los vicepresidentes del PSD, solicitó la dimisión de Ioardache, retirar el decreto y presentar “un proyecto de ley al Parlamento para que haya un debate público”.
La polémica normativa penaliza los casos de corrupción solo si causan pérdidas al Estado por encima de 44.000 euros, mientras que por debajo sólo se iniciarán procedimientos administrativos. Uno de los beneficiados es el propio Dragnea, que ya no será procesado por un delito de corrupción tasado en unos 24.000 euros.
Otros altos cargos políticos también saldrían beneficiados de la medida, al igual que de un indulto a 2.700 presos condenados por delitos menores.
La Comisión Europea, la Magistratura, la Fiscalía Anticorrupción y países como Alemania y Francia han criticado el cambio legal. Lo consideran el mayor retroceso en la lucha contra la corrupción desde que Rumanía entró en la Unión Europea (UE) en 2007.
El Gobierno justifica el decreto en la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles del país.
La Fiscalía Anticorrupción ha logrado encarcelar desde 2010 a más de 3.000 políticos y funcionarios, entre ellos incluso ministros y un ex primer ministro del PSD, Adrian Nastase, lo que le ha valido los elogios de la Comisión Europea.
Rumanía es el segundo país más pobre de la UE y parte de la población se muestra frustrada con su clase política, lo que se tradujo en las pasadas elecciones generales en una abstención superior al 60%.