En Estados Unidos, cada día mueren 100 personas por un disparo. Es una epidemia que se vuelve imposible de ignorar en días como hoy, cuando el goteo de víctimas se convierte en riada y, en solo dos atentados, asesinan a 30 personas con armas compradas legalmente. Es en este tipo de días, cuando aún tenemos fresco el recuerdo de la matanza, cuando nos parece imposible que nadie vaya a hacer nada al respecto. Y sin embargo, nadie va a hacer nada al respecto. Hoy todo el mundo está dolido, hoy los republicanos huyen de la prensa para no tener que hablar del tema y los demócratas exigen reformas. Pero el lobby de las armas ya está pensando en mañana y ellos ya han vivido muchas matanzas. Basta un pequeño viaje al pasado para perder la esperanza: lo más probable es que nada cambie tras las matanzas de El Paso y Dayton.
En diciembre de 2012, diez días antes de Nochebuena, un tirador acabó con la vida de 26 personas en el colegio de Sandy Hook, en Connecticut. Entre los muertos había 20 niños de entre 6 y 7 años. El país se paralizó de pura pena y el presidente Obama lloró presentando una modesta iniciativa para revisar los antecedentes penales de los compradores de armas y prohibir la venta de ametralladoras militares. Cuando cuatro meses después esas medidas se votaron en el Senado, los padres de los niños asesinados estaban en la tribuna de invitados y aún así la cámara votó 60-40 en contra de unos cambios legales que contaban con un 80% de apoyo en las encuestas. Solo un republicano votó a favor y 15 demócratas se opusieron. La poderosa Asociación Nacional del Rifle había movido sus hilos y había contratado además un millón y medio de dólares en publicidad solo para el día de la votación. Ese fue el momento preciso en el que quedó claro que haría falta un milagro para endurecer las leyes de control de armas en EEUU. Si la muerte de 20 niños pequeños no habría logrado conmover a esos políticos, nada lo haría.
Un proceso muy parecido, pero a cámara rápida, es el que hemos visto en las últimas horas. Tras las matanzas en El Paso y Dayton, Trump había anunciado en un primer momento su apoyo a los exámenes de antecedentes obligatorios para todos los compradores de armas, una vieja reivindicación demócrata. Sin embargo, cuando ha comparecido en rueda de prensa horas más tarde es como si se le hubiera borrado la idea de la cabeza. El interés en endurecer el acceso a armas ya no estaba, solo quedaban las clásicas explicaciones republicanas a cualquier tiroteo: lo malos que son los videojuegos violentos y el gran problema de salud mental que tiene EEUU. Todo un retroceso público que, en el caso de Trump, no llama la atención. Es exactamente lo mismo que hizo después de la matanza del instituto de Parkland, en Florida, en la que murieron 17 personas.
Es una pena que no haya interés político, porque los tiroteos de las últimas horas en El Paso y en Dayton son dos casos de estudio perfectos de cómo podrían mejorarse las leyes sobre armas. El primer tirador pudo entrar a un centro comercial con su rifle porque la ley de Texas se lo permite, no tiene ni que ocultarlo. No empezó a cometer un crimen hasta que no disparó a la primera persona. Y el caso del asaltante de Dayton ilustra muy bien la necesidad de cambiar la ley para acabar con libre venta de ametralladoras militares. La policía consiguió abatir al presunto asesino cuando apenas llevaba 30 segundos disparando y, sin embargo, en ese tiempo tiempo tan corto logró matar a 9 personas. Pero, desengáñense: nada se hará. El Congreso está en receso y la mayoría republicana en el Senado ya ha dejado claro que no adelantarán la vuelta a Washington para ocuparse de esta tragedia. Hoy el país está cabreado, pero ya se le pasará.