Recién nombrado, el nuevo Gobierno francés lidia con su primera crisis. Dos días después de anunciarse su composición, Mediapart reveló que dos mujeres acusan al ministro de Solidaridad, Autonomía y Discapacidad, Damien Abad, de haberlas violado en 2010 y en 2011. El medio galo recogía, además, que una asociación había puesto los testimonios en conocimiento de la dirección del partido presidencial y de la formación de derecha moderada Los Republicanos, a la que Abad pertenecía hasta hace unos días.
Más allá de los problemas que las revelaciones sobre Abad plantean al presidente Emmanuel Macron y a la nueva primera ministra Élisabeth Borne, las acusaciones se inscriben en una corriente de denuncias de casos de acoso y violencia sexual que sacuden el mundo político francés. El pasado noviembre, 285 mujeres que trabajan en partidos e instituciones firmaron una tribuna en Le Monde en la que pedían a las formaciones que apartasen a los acusados de violencias sexuales de sus listas electorales. “Es un doble castigo para las víctimas”, escribieron. “Los autores son los responsables de votar las leyes y las políticas públicas que nos conciernen a todos”.
“El #MeToo se lanzó hace cuatro años y estas eran las primeras elecciones presidenciales desde entonces. La cuestión que queríamos plantear era si los partidos políticos habían aprendido las lecciones, si las cosas iban realmente a cambiar”, dice Alice Coffin, concejala del Ayuntamiento de París y una de las impulsoras de la tribuna. “Además, lo preparamos en otoño sabiendo que la cuestión de los candidatos a las legislativas estaba presente desde principios de año”.
El artículo provocó una importante reacción en redes sociales con la etiqueta #MeTooPolitique. Activistas, asesoras y trabajadoras de los partidos describieron un ambiente tóxico y relataron experiencias que iban desde comentarios inapropiados hasta agresiones sexuales o situaciones de acoso por parte de políticos. Las autoras decidieron crear un Observatorio de Violencias Sexistas y Sexuales en la Política, la asociación a la que contactaron las dos mujeres que han denunciado a Damien Abad y que notificó al Gobierno la existencia de los testimonios.
“En el observatorio hemos ocupado una responsabilidad que no nos corresponde porque hay un vacío”, dice Coffin, activista LGTBI, feminista y autora del ensayo El genio lésbico, que acaba de publicarse en España. “Las víctimas no tienen intermediario para hablar con los partidos o no están siendo escuchadas; falta una estructura y dispositivos, espacios donde se reciba y se escuche. El trabajo lo están haciendo la prensa y la militancia, no los partidos políticos ni las instituciones”.
Candidatos retirados
Antes de publicarse las acusaciones contra Damien Abad, la violencia sexual y de género ya se había colado en la campaña de las elecciones legislativas del próximo junio. El partido de Macron, ahora llamado Renacimiento, retiró a uno de sus candidatos, Jérôme Peyrat, cuando se hizo público que tenía una condena por violencia contra su expareja. También un polémico periodista y militante, Taha Bouhafs, que originalmente había sido anunciado como candidato de Francia Insumisa, fue apartado después de que la comisión de seguimiento contra la violencia sexual del partido recibiera el testimonio de una mujer que le acusaba de violencia psicológica y de una posible violación.
“Los políticos y los poderes públicos deben dar ejemplo”, dice Clémence Deswert, investigadora en el Centro de Estudios de la Vida Política de la Universidad Libre de Bruselas (ULB). “Si las autoridades no son ejemplares en un tema tan importante como el de la violencia de género y sexual, es difícil crear una dinámica de lucha contra ella: se trata de una cuestión de legitimidad y coherencia”.
Desde el inicio del fenómeno #MeToo en 2017, grandes figuras de los medios de comunicación, de la enseñanza y de la cultura francesa han sido acusadas públicamente de delitos sexuales. Además, en los últimos años, los libros de Vanessa Springora (El consentimiento) y de Camille Kouchner (La Familia Grande) han abierto un debate sobre la actitud pública ante la pederastia y las violencias sexuales, especialmente en relación a varias declaraciones del escritor Gabriel Matzneff en los medios a lo largo de los años.
Machismo en la vida política
Uno de los casos más sonados en el mundo de la política francesa había comenzado en 2016, cuando varios medios de comunicación publicaron los testimonios de 14 mujeres —cargos públicos o empleadas del partido Europa Ecología-Los Verdes (EELV)— que afirmaban haber sido víctimas de acoso o agresiones sexuales por parte de Denis Baupin, vicepresidente de la Asamblea Nacional. No obstante, las investigaciones no dieron lugar a un juicio a causa de la prescripción de los hechos. Baupin presentó incluso una demanda por denuncia falsa contra las mujeres que lo acusaban, aunque ese proceso se volvió en su contra y acabó siendo obligado a pagar una indemnización.
“En realidad el fenómeno #MeToo político en Francia está llegando tarde, porque no se han creado las condiciones para que las mujeres se expresen y, cuando lo han hecho, no se las ha tenido en cuenta”, dice Deswert. “Una de las razones es el machismo, muy arraigado en la vida política francesa. Además, las primeras en denunciar públicamente las agresiones sexuales, como Sandrine Rousseau, que declaró contra Baupin en 2016, fueron atacadas e intentaron desacreditarlas”.
En las últimas semanas, la experiencia de Édith Cresson, primera mujer en presidir el Gobierno en 1991, ha servido para recordar el ambiente en el entorno político que reinaba en el país hace tres décadas. Entrevistada por el Journal du dimanche hace unos días, Cresson subrayaba el impacto que tuvo el “machismo de la clase política francesa” en su experiencia. “Recién nombrada, un miembro de la oposición soltó delante de las cámaras: 'Aquí tenemos a la Pompadour' [en referencia a la favorita del rey Luis XV]”, dijo Cresson a la periodista Raphaëlle Bacqué en su libro El infierno de Matignon. “Y la prensa fue increíblemente violenta: Le Nouvel Observateur publicó una foto de mis piernas y dijo que tenía carreras en las medias, cuando lo que tengo son cicatrices de un accidente de coche”.
“Es difícil que el discurso de Macron parezca creíble”
El de Damien Abad no es el primer caso que afecta a un miembro del Gobierno bajo la presidencia de Macron. El actual ministro del Interior, Gérald Darmanin, fue investigado por violación después de que una mujer le acusara de garantizarle un “favor” a cambio de relaciones sexuales en 2009. El caso acabó desestimándose, al igual que una segunda investigación contra Darmanin por “abuso de situación de debilidad”, resultante de una segunda denuncia. Después de una primera denuncia cuando aún estaba en el cargo, el exministro de Medio Ambiente, Nicolas Hulot, ha sido acusado por varias mujeres de violación o agresión sexual.
“En 2017, Emmanuel Macron había anunciado que la lucha contra la violencia hacia las mujeres sería la ‘gran causa’ de su mandato, algo que ha repetido de cara a este el nuevo quinquenio”, dice Clémence Deswert. “Pero es difícil que el discurso parezca creíble cuando se sabe que, dentro de su Gobierno, varios ministros han estado implicados en casos de violencia machista y sexual”.
“Estamos en un momento en el que la agitación respecto a este tema es muy fuerte en Francia”, dice Coffin. “Y hay un desfase total entre el discurso del presidente respecto a los derechos de las mujeres y sus acciones: sobre Nicolas Hulot, Macron llegó a hablar de inquisición respecto a las acusaciones, con Gérald Darmanin, dijo que confiaba en él después de haber hablado de 'hombre a hombre'. Todo eso ha influido mucho en el aumento de la movilización y las manifestaciones que estamos viendo en los últimos años”.