El periodista mexicano, Javier Valdez, murió asesinando de 12 impactos de bala después de salir de la redacción del semanario Ríodoce, en Culiacán, Sinaloa. Fue el 15 de mayo de 2017, a plena luz del mediodía, cuando tres personas le dispararon desde un coche hasta matarlo. Solo uno de los 13 tiros falló su objetivo. Unas semanas antes, Valdez había publicado una entrevista a Dámaso “El Licenciado” López Serrano, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, cómplice de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ambos detenidos en Estados Unidos por narcotráfico.
La periodista Griselda Triana, esposa de Valdez, ese mismo año se vio obligada a abandonar su casa en Sinaloa y debió ser incorporada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de la Gobernación, para proteger su vida. “Mi familia y yo somos personas que estamos viviendo el desplazamiento forzado porque no hay condiciones para regresar a Sinaloa”, dice a elDiario.es Triana.
Pero el caso de Valdez no es excepcional. México es el país más peligroso del mundo para ser periodista, según el último ranking sobre la libertad de prensa, publicado por Reporteros Sin Fronteras. En lo que va del año, once periodistas han sido asesinados, nueve de ellos por una conexión directa con su actividad periodística. Desde 2006, al menos 140 periodistas han sido asesinados y 30 han desaparecido, según datos de la organización mexicana Propuesta Cívica.
“En México los y las periodistas hacen periodismo entre entre el riesgo y el caos”, dice Sara Mendiola, directora ejecutiva de esa organización, que este martes, coincidiendo con el día de la libertad de expresión en México, lanza la campaña Y a mí qué me toca hacer para visibilizar la riesgosa tarea de hacer periodismo en México.
“Los principales agresores de los periodistas en México son las autoridades públicas, lo que genera una dinámica muy perversa desde el propio Estado. El Estado está obligado a proteger la vida, pero es el propio Estado el que agrede a periodistas”, denuncia Mendiola.
Para los defensores de derechos humanos y los familiares de las víctimas, en México existe una red de complicidad entre la política y el narcotráfico. En muchos casos, son las autoridades públicas locales quienes ordenan el crimen y los actores del crimen organizado quienes la ejecutan. “Hoy en día tenemos un problema severo en nuestro país de narco-política, es decir, la vinculación entre actores políticos y actores del crimen organizado”, señala Mendiola.
Luis Enrique Ramírez, columnista del reconocido diario El Debate de Culiacán, es uno de los últimos periodistas asesinado por su trabajo. Con una trayectoria de más de 40 años en medios como La Jornada, Milenio y El Financiero, el cuerpo de Ramírez fue encontrado el 4 de mayo pasado envuelto en plástico en un camino en Culiacán.
Pero a los casos de violencia se suma la impunidad. “En los casos de los periodistas desaparecidos, el porcentaje de impunidad es del 100%”, dice Mendiola. “Tenemos un sistema de justicia penal acusatorio donde se abren carpetas de investigación por homicidio, por desaparición, por amenazas, por tortura, pero las investigaciones no avanzan, no proceden. En el mejor de los casos solo se logra identificar a quienes ejecutan la agresión, pero no a quienes la ordenan”.
“Somos las mujeres, las compañeras de las víctimas, las esposas, quienes después de los asesinatos o desapariciones nos quedamos al frente buscando justicia. ¿De qué sirve que se abran carpetas de investigación si de todas maneras no se les va a dar seguimiento y las familias no van a encontrar respuestas?”, dice Triana. En el caso de Valdez, la Justicia ha avanzado en la detención de los autores materiales, pero no del intelectual. “Falta que se cumpla la orden de aprehensión en contra del tercer implicado que está pendiente. Entonces es una justicia a medias, no es justicia si no hay justicia completa”.
México se sitúa en la posición 179 sobre 180 del indicador de seguridad para los periodistas, Costa Rica sigue siendo la excepción del continente, siendo el más seguro para ejercer esta profesión, en el octavo lugar en peligrosidad.
En el plano de la política federal, la directora de Propuesta Cívica es crítica sobre el rol del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha llegado a la Presidencia con la bandera de derechos humanos y de la defensa a las libertades pero “que cuando tomó posesión del poder esa banderas quedaron invisibilizadas”.
“El presidente mantiene una lógica de agresión contra la prensa desde su discurso público. En sus ruedas de prensa, una plataforma que en apariencia podría ser un ejercicio democrático, López Obrador ha catalogado a los periodistas como enemigos o amigos del poder. Si el periodista es crítico, si el periodista investiga, entonces es enemigo del poder. Y eso, en el país más mortífero y más violento del mundo para la prensa, es sumamente riesgoso”, dice Mendiola.