Miedo, represión y muerte en la Filipinas de Duterte

Filipinas lleva años en el punto de mira de las asociaciones de defensa de los Derechos Humanos. Su presidente, Rodrigo Duterte, quien llegó al poder en 2016, carga a sus espaldas con años de aumento del temor social, de pobreza, de represión e incluso de asesinatos. Organismos y activistas sociales lo comparan con el antiguo dictador Ferdinand Marcos. Él mismo ha asegurado idolatrarlo. 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó en junio de 2020 una investigación sobre Filipinas en la que denunció la campaña de terror e impunidad de la guerra contra las drogas, así como el hostigamiento a líderes sociales y grupos de izquierda, con 248 activistas asesinados desde el inicio del mandato de Duterte, según el informe.

La población filipina vive bajo umbrales de pobreza muy elevados. En el 2018, un 52% de las familias filipinas se consideraban pobres. En islas como Mindanao, que se caracteriza por ser rica en recursos minerales y agrícolas, 7 de cada 10 familias viven por debajo del umbral de la pobreza, según Oxfam.

Chaco Molina es un profesor filipino de Psicología Social que también trabaja en desarrollo humanitario en las comunidades rurales de las provincias de Batangas, Cavite y Negros Occidental, así como junto a colectivos urbanos en Manila. Molina denuncia el problema de la desigualdad: “Es casi mortal”, dice. “Los que tienen más poder, quieren mantenerlo así y quienes deberían decir ‘basta’, lo dan como una ley natural”, dice en declaraciones a elDiario.es. 

En la actualidad, el 26,3% de las personas filipinas vive con menos de 174 euros al mes, no muy lejos del 28,8% del año 2006. UNICEF, afirmó que cada año la desnutrición infantil mata a más de 29.000 niños filipinos menores de 5 años. 

“No tenemos dinero suficiente para abastecernos de recursos”, cuenta Lustrio Zaldy a este diario, un habitante de Balicasag, una pequeña isla en Filipinas. “El problema en Balicasag es que no tenemos agua potable, tenemos que cruzar a la isla más cercana para comprar agua”, detalla Zaldy, contactado a través del proyecto MAKTUB de Lucía Quimey. Sin embargo, “no tenemos barca ni dinero para comprar una ahora mismo”. Antes, este filipino trabajaba en un pequeño hotel de cocinero. Con la COVID-19, el hotel cerró. “Ahora no tengo trabajo ni recursos, ya que muchas veces me llevaba las sobras del hotel para casa”. Relata también que antes el Gobierno iba a la isla y racionalizaba el arroz, pero ha parado de hacerlo.

“Vemos la pobreza en las calles, hay más vagabundos y las despensas de los supermercados cada vez están más vacías”, alerta una artista en Manila, que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias. Todo ello causa “violencia callejera y más inestabilidad económica”, señala un ingeniero químico de la isla de Makati, quien tampoco se siente cómodo dando su nombre. 

En cuanto a la educación, solo 5 de cada 10 filipinos acaban la educación básica en el país. Para la artista residente en Manila, “el paupérrimo nivel de educación en la sociedad causa que tengamos a líderes como Duterte en el poder”. Alejandro Ernesto, fotoperiodista freelance en Filipinas, insiste en que “en Filipinas hay poquísimo nivel educativo, pero el gran problema es la pobreza”. En 2020 el PIB per cápita fue de 3.298 dólares, encontrándose en la parte baja del ranking mundial. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano, Filipinas se sitúa en el puesto 107 de 189.

La guerra contra las drogas

Buena parte de los asesinatos que sufre el país vienen de “la guerra contra las drogas” lanzada por el presidente. Duterte, en un afán de populismo, prometió acabar con el tráfico de drogas. Un filipino residente en Manila y profesional de la publicidad que prefiere mantenerse en el anonimato señala: “Asesinaron a los pequeños traficantes y dejaron en libertad a los grandes capos”. La policía filipina calcula que 6.600 personas han fallecido en operaciones antidroga. Sin embargo, Amnistía Internacional calcula que la cifra llega a los 27.000 fallecidos solo en los tres primeros años de Gobierno. 

“Miles de niños en Filipinas han sufrido daños físicos, emocionales y económicos duraderos por la abusiva guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte”, dijo Human Rights Watch en el informe 'Our Happy Family Is Gone’: Impact of the ‘War on Drugs’ on Children in the Philippines (Nuestra familia feliz ya no existe: impacto en los menores de la guerra contra las drogas). La misma ONG pidió a los gobiernos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2020 que apoyasen una investigación internacional independiente sobre los asesinatos de la 'guerra contra las drogas' en el país.

“Si que es cierto que nos acercábamos a un problema de 'narcoestado', no tanto de salud pública, sino como comercio ilegal. Tampoco es que hayan detenido a nadie importante, van a por los de la calle”, dice Chaco Molina, que estudió en la Universidad de Salamanca. “La gente pensaba: ‘con tal de que mi hijo no se drogue, que maten a quien lo vende”. “Los seis primeros meses fueron devastadores”, asegura. 

“Olvidaos de los derechos humanos”

Hace algo más de un año, el gobierno de Duterte promulgó la “Ley Antiterrorista 2020”. Esta ordenanza permite a la policía y al ejército detener sin orden judicial a las personas sospechosas de tener relación de cualquier tipo con el terrorismo; así como mantenerlas recluidas durante 14 días, prorrogables a 10 más, y someterlas a vigilancia durante 60 días, prorrogables otros 30. Organizaciones como Amnistía Internacional se han posicionado en contra. 

El pasado 6 de marzo, Duterte instó a la policía a matar a los “rebeldes comunistas” y “asegurarse de matarlos de verdad y acabar con ellos si están vivos [...]”. “Olvidaos de los derechos humanos. Esa es mi orden. Estoy dispuesto a ir a la cárcel, eso no es problema. No tengo ningún reparo en hacer las cosas que tengo que hacer”.

Desde hace más de 50 años, en Filipinas opera el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA, sus siglas en inglés). Se trata de una guerrilla comunista revolucionaria instaurada en las zonas más rurales del país. Si bien Filipinas tiene más de 7.000 islas, entre un 10% y un 20% de ellas están habitadas por indígenas. Además, es un país con una fuerte tradición campesina. En ambas zonas es donde los rebeldes marxistas de corte maoísta tienen mayor influencia y apoyo. 

El último atentado que se atribuye al NPA fue en el 2015, según el Center for International Security and Cooperation de la Universidad de Stanford. Entonces los combatientes destruyeron un camión con un artefacto explosivo improvisado y atacaron a un miembro de las fuerzas auxiliares de las Fuerzas Armadas de Filipinas.

“La adhesión social y el apoyo al NPA surge ante la gran pobreza y contradicciones que vivimos los filipinos, no son una secta”, explica Molina sobre el ejército popular. Chaco asegura no coincidir “al cien por cien” ni apoyar “la lucha armada” del NPA, pero lo ve “una resistencia necesaria con todo lo que está pasando”. “¿Acaso los conservadores no tienen su grupo armado? Con sus agencias de seguridad e investigación y los guardias de los diputados, los escoltas armados, etc.”, se cuestiona. “Existen a partir de una serie de injusticias estructurales y cuando el Estado no te da soluciones, tienes que tomártelas”, opina Molina.

La ley antiterrorista constituye una herramienta para cultivar la represión social. En los últimos años se han sucedido diversos asesinatos en operaciones supuestamente contra los rebeldes comunistas. El último, el pasado mes de junio, con tres víctimas y donde murió un niño a manos del ejército filipino. Estas operaciones las han sufrido desde miembros del NPA hasta organizaciones en Defensa de los Derechos Humanos, como Karapatan —que significa “derecho” en tagalog—. Desde 2016, 13 miembros de esta asociación han sido asesinados, sumados a los detenidos. “Siendo una ONG que tampoco plantea ningún sistema alternativo, tienen fama de rojos organizados y eso les ha creado problemas”, explica Chaco Molina.

En materia de terrorismo cabe mencionar también la amenaza del grupo yihadistsa Abu Sayyaf. El grupo ha realizado multitud de extorsiones, secuestros, bombardeos, violaciones... Fueron responsables del que se considera el peor ataque terrorista de Filipinas: el ataque bomba contra el Superferry 14 en 2004 en Manila, donde asesinaron a 116 personas. El último atentado que se les atribuye es en 2019, cuando dos terroristas suicidas provenientes de Indonesia que habían viajado a las Filipinas a luchar en nombre de la Abu Sayyaf atentaron contra la Catedral de Nuestra Señora del Carmen en Sulú y asesinaron a más de una veintena de personas.

El periodismo no se salva

Filipinas se encuentra en el puesto 138 de 180 de la libertad de prensa mundial, según el último informe de Reporteros sin fronteras. El mismo organismo coloca al país en una “situación difícil”. Siguiendo un estudio realizado por el Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP) y el Centro para la Libertad de Prensa y Responsabilidad en 2020, desde que Duterte llegó al poder, se han registrado, por lo menos, 172 ataques a la prensa: 16 asesinatos, 33 actos de intimidación, 10 arrestos, 12 asaltos con violencia y 17 acusaciones por difamación.

“Podemos hablar contra el Gobierno, sí, pero hay un fuerte miedo a la represión. Muchos de los que lo han hecho están arrestados, censurados o incluso asesinados”, comenta el publicista freelance de Manila. “Poco a poco nos hemos acobardado y acostumbrado; esa es la gran victoria de Duterte”, reflexiona Molina.

Desde que Duterte llegó al poder, se han registrado, por lo menos, 172 ataques a la prensa: 16 asesinatos, 33 actos de intimidación, 10 arrestos, 12 asaltos con violencia y 17 acusaciones por difamación

“Sólo por ser periodista no te libras de asesinato si eres un hijo de puta”, llegó a afirmar el propio Duterte, según Reporteros sin Fronteras. “Se han perdido medios de comunicación y eso es perder pluralidad. Hay una gran autocensura para no perder su espacio”, puntualiza Chaco Molina.

Un caso que destaca frente al resto es el de María A. Ressa, directora del medio digital Rappler. El diario contaba con unas 12 millones visitas mensuales y tuvo un gran compromiso social denunciando los asesinatos, la propaganda y la corrupción dentro del Gobierno de Duterte. Su portal Rappler ha sido objeto de múltiples investigaciones, cargos de fraude fiscal y la revocación de su licencia por parte de las autoridades filipinas. 

La propia María A. Ressa se enfrenta ahora a 6 años de prisión por “ciberdifamación” contra el Gobierno. Organizaciones en defensa de la libertad de prensa han denunciado que Ressa es víctima de “acoso judicial orquestado desde el Gobierno de Duterte”.

En Filipinas, un presidente no puede ser reelegido –aunque este sí que puede ocupar el cargo de la vicepresidencia–. En el partido de Duterte hay dos favoritos para las próximas elecciones en 2022: la alcaldesa de Davao e hija del presidente, y el boxeador Manny Pacquiao. Para Chaco Molina, Pacquiao se postularía como favorito. “Hay que ver cómo avanza, pero en Filipinas triunfa mucho la idea del hombre fuerte”. De todos modos, “su hija también tiene muchas posibilidades”, asegura Molina. “Si ganase Sara Duterte, 6 de los 16 presidentes de Filipinas tendrían parentesco biológico entre ellos. Es la clara representación de la oligarquía estructural en el país”.

“Aunque en Filipinas sí haya mujeres con cargos de poder, hay poca conciencia de género. Se ve más capacitado al populista y conservador de Duterte que a una mujer solo por el hecho de ser un hombre”. El propio Duterte ha llegado a afirmar que “la presidencia no es un trabajo para las mujeres”.