El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, votó a Javier Milei en la segunda vuelta del domingo pasado. Tres días más tarde, este político que se presenta como centrista, perteneciente a la Unión Cívica Radical, comenzó un recorrido mediático para reclamar al nuevo presidente que no cancele las obras públicas, porque hay varias en ejecución en su provincia.
La realidad económica de Santa Fe, tercera provincia más poblada de Argentina y con recursos propios por su entramado industrial y agropecuario, es privilegiada en el contexto de otros distritos altamente dependientes de los recursos girados por el Gobierno nacional, por encima de los que les corresponden por la distribución federal de impuestos.
Milei también anunció que cancelará esas transferencias discrecionales a las provincias en cuanto asuma la presidencia, el 10 de diciembre. Para las del norte, los fondos nacionales son fundamentales para completar el pago de salarios de maestros, médicos, policías y demás empleados públicos.
Milei está a punto de pasar de las palabras a los hechos. En cierto modo, cuenta con el argumento de que avisó de sus intenciones. Sus gritos con una motosierra en mano resultaban elocuentes para quien quisiera verlo, por más que él adujera que las amputaciones serían contra “la casta de los políticos corruptos”. Quien no quiso engañarse, pensando que por cortar algún contrato de un funcionario corrupto o algún abuso de una oficina estatal se solucionarían todos los problemas, no necesitó mucho esfuerzo.
Nueva ola de privatizaciones
En los días posteriores a su victoria sobre el peronista Sergio Massa, el ultraderechista esgrimió que la obra pública a cargo del Estado se terminó para siempre y que “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado”.
La lista de firmas a privatizar incluye estratégicas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de servicios públicos masivos como Aguas y Saneamientos y los ferrocarriles, y de alto peso simbólico, como la radiotelevisión y la agencia estatal de noticias. En 1990, el peronista conservador Carlos Menem emprendió una masiva ola de privatizaciones de la que participaron tanto capitales como el Estado español, a través de la SEPI. Varias de esas privatizaciones, muy cuestionadas por la calidad de los servicios y sospechas de corrupción, terminaron en litigios a comienzos de los 2000.
Consultado sobre si en diciembre estará garantizado el pago del aguinaldo para los empleados públicos (medio sueldo extra que se cobra en junio y diciembre de cada año), el presidente electo se limitó a decir que el Estado no gastará más de lo que ingresa.
El peronista Alberto Fernández se apresta a dejar el Gobierno con un 2,8% de déficit fiscal. La meta de su futuro sucesor es aplicar recortes por el equivalente al 5% del Producto Bruto Interno, unos 31.000 millones de dólares anuales.
La pregunta básica es si es posible alcanzar ese objetivo en un país que viene de crisis en crisis desde hace más de una década y que votó mayoritariamente contra el Gobierno peronista por, entre otras cosas, una inflación superior al 8% mensual. El agobio llevó a millones, incluidos muchos pobres y trabajadores informales, a votar por Milei con esperanza, no para que se multiplicaran las penurias. A la hora de la verdad, los indicios apuntan que ellos serían las víctimas inmediatas de la motosierra.
Hora de sufrir
“Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan. Esa pobre gente son parte del sistema. Cuando hay una guerra, ¿quiénes son los que sufren? Los que son mandados a pelear por los de arriba”, graficó ante el canal propagandista de Milei La Nación + Carlos Rodríguez, uno de los padres intelectuales de Milei.
“Un ajuste de cinco puntos del PIB en un trimestre o, por ser generosos con los plazos fijados por Milei, un año, es una bestialidad en términos internacionales. Está fuera de lo que es la norma incluso de los planes más duros del Fondo Monetario Internacional”, indica a elDiario.es Emiliano Libman, doctor en Economía e investigador de la organización Fundar, quien se ocupó de la relación con ese organismo multilateral durante la primera parte del Gobierno de Fernández.
Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan
Libman estima que esos cinco puntos equivaldrían a la eliminación total de los subsidios a los servicios básicos, la obra pública, ciertos planes de protección industrial y transferencias a provincias.
“Eso significa tocar los bolsillos de mucha gente. Necesitaría un músculo político que no sé si tiene, y aun así estaríamos en un escenario del que cuesta encontrar precedentes”, agrega Libman.
El ultraderechista tiene un colchón para empezar. Las tarifas de servicios básicos son extremadamente bajas, de menos de 20 euros mensuales entre gas, luz y agua, para millones de hogares que podrían pagar mucho más. El transporte público en Buenos Aires cuesta unos pocos céntimos por tramo. Por lo tanto, la quita de subsidios no empujaría del mapa a todos aquéllos que deban afrontar más gastos. Con parte del ahorro fiscal, el presidente extremista podría fortalecer algunos planes sociales para el segmento de menores ingresos.
Libman agrega que Milei podría obtener más fondos del FMI u otros prestamistas que le permitirían eludir recortes adicionales, y reconoce la necesidad de ordenar las cuentas públicas. “Lo fiscal es una batalla”, indica el economista. En el Gobierno de Fernández, esa batalla la perdió el exjefe de Libman, el exministro de Economía Martín Guzmán, un discípulo de Joseph Stiglitz sometido al fuego inclemente de Cristina Fernández de Kirchner, que quería gastar más, sin que importara cómo.
A su vez, el presidente entrante cuenta con beneficios otorgados a las apuradas por el ministro de Economía Massa al calor de la campaña electoral. Como en algunos casos son rebajas impositivas, incluso para sectores de clase media alta, ello sintoniza con la cultura libertaria de Milei, por lo que las medidas no serán revertidas. Aumentar los derechos a la exportación del agronegocio, cuya ganancia se multiplicará por la devaluación, ya que sus ventas al exterior son en moneda dura, está fuera de la agenda del economista libertario.
No obstante, un brusco ascenso en las tarifas, más el consecuente desempleo por la apertura económica y la cancelación de la obra pública, y recortes de beneficios sociales a partir del segmento socioeconómico apenas superior al decil más bajo, constituyen un tembladeral. Y todo ello se monta sobre una ola inflacionaria que ya comenzó a suceder. Como se descuenta que Milei aplicará una brusca devaluación como paso previo a la dolarización, las empresas y los comercios comenzaron a cubrirse y los precios comenzaron a escalar mucho más allá del ritmo que llevaban hasta el 19 de noviembre.
Obras públicas decididas por el mercado
El corte abrupto de la obra pública supone múltiples inconvenientes, porque empresas que llevaban tareas en plena ejecución tienen contratos para hacer valer. Por lo pronto, algunas comenzaron a despedir trabajadores.
Alberto Fernández argumentó que su Gobierno fue el que más obras públicas realizó en un período de cuatro años desde la recuperación democrática, en 1983. El Ministerio de Obras Públicas informó a este medio que llevó a cabo 4.434 obras desde diciembre de 2019, la mayoría viales, de agua y de conectividad. Además, hay 2.308 en ejecución y 615 en proceso de evaluación. Unos 480.000 trabajadores están vinculados directamente a los trabajos en trámite, además de muchos otros con vínculo indirecto.
La concepción expresada por Milei para la infraestructura es de lo más curiosa. Afirmó que las obras en curso serán relicitadas para que queden a cargo de empresas privadas que luego se harían cargo de la explotación de lo construido. El cambio de estatus de por sí representa un laberinto administrativo y legal.
Según explicaron portavoces de Milei, una ruta o vías férreas vinculadas a la lucrativa exportación de granos podría solventarse con el peaje que pagarían sus usuarios. ¿Qué ocurriría con una obra de cloacas, un camino o un tendido eléctrico para un pueblo de la Puna, en el límite andino con Bolivia, o una villa de emergencia (de chabolas) en el gran Córdoba? “La obra pública se termina. No tenemos plata. Si no hay nadie en el sector privado que lo quiera hacer, significa que esa obra no tenía sentido desde el punto de vista económico y alguien va a tener que explicar por qué quería hacer una obra que nadie quiere hacer”, explicó Milei al canal TN del Grupo Clarín.
El futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, amplió el desconcierto. El Gobierno de Fernández construyó con recursos estatales, en parte, mediante un impuesto a las grandes fortunas, un gasoducto desde la formación de gas y petróleo de Vaca Muerta. La obra resulta fundamental para reemplazar importaciones de gas en los meses más fríos, de mayo a septiembre, que son más caras que el precio que se paga a los productores en yacimientos argentinos. Un segundo tramo de ese gasoducto está previsto hacia el norte, con el fin de exportar gas a los países vecinos. Ferraro argumentó que no hay razón para que esa obra, que cuesta unos 2.000 millones de euros, sea afrontada por los argentinos mediante el pago de impuestos “porque no la usan”.
Batalla contra los “orcos”
Milei avanza con designaciones en las que parece priorizar a exejecutivos de Corporación América, la empresa que lo vio nacer a la luz pública.
Una vez electo, recuperó un tono un poco más calmo y hasta elogió al papa Francisco, a quien había considerado como el “imbécil ese que está en Roma”. Se entrevistó con Fernández en la residencia presidencial de Olivos, en el norte de Buenos Aires, mientras que la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, una negacionista, hizo lo propio con Cristina Fernández de Kirchner. Ambos encuentros fueron “protocolares” y “amables”, según dejaron saber fuentes de ambas partes.
Milei se permitió jugar en la quinta de Olivos con Dylan, el perro collie del presidente saliente, y ya planeó trasladar a esa casona arbolada a sus cinco perros. Entre ellos, Conan, fallecido en 2017, del que Milei habla como si estuviera vivo.
La ira parece provenir de parte de quien se supone que alejaría a Milei del desequilibrio a la hora de manejar las herramientas del Estado. El expresidente Mauricio Macri, de excelente vínculo con el Partido Popular, aspira a ocupar puestos con los suyos en el ejecutivo del ultraderechista, y estaría por lograr la designación de su exministro de Finanzas, Luis Caputo, como titular de Economía.
Si se concreta, sería la oficialización de cuasi cogobierno entre el exmandatario y el ultraderechista. Caputo fue uno de los responsables del megaendeudamiento tomado por Macri con el Fondo Monetario Internacional y prestamistas privados. Esa aventura le costó cara al conservador durante su presidencia (2015-2019), pero el peso de esa deuda también terminó lastrando a Fernández, que acaba su mandato sin pena ni gloria.
Macri coincidió con la necesidad de aplicar medidas “de shock”, anticipó “seis meses durísimos” y advirtió sobre las protestas que se vislumbran. “Los jóvenes (que votaron mayoritariamente a Milei) no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra; los jóvenes van a salir a defender su oportunidad, entonces los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran salir a la calle a hacer desmanes”.
No hará falta ser un “orco” para salir a la calle si aumenta el desempleo y los hogares más humildes son puestos contra las cuerdas. El 44% que votó a Massa en la segunda vuelta constituyó una trama de resistencia que superó barreras ideológicas.
No aparecen, por ahora, líderes para conducir ese proceso. Alberto Fernández, Cristina y la mayoría de los sindicalistas padecen una altísima imagen negativa, Massa se llamó a retiro tras un año de omnipresencia cuidada milimétricamente y la izquierda clásica pagó caro en imagen y prestigio su neutralidad en la segunda vuelta.
Pero si algo quedó demostrado es que los argentinos no necesitan que alguien les autorice a salir a la calle.