Para un país como Sudán, el golpe de Estado vivido en la madrugada del pasado día 25 no es, por desgracia, un hecho infrecuente. Ninguno ha marcado tanto la historia del país como el encabezado en 1989 por Omar al Bashir, que le permitió prolongar su mandato hasta el 11 de abril de 2019. Ahora, a la espera de despejar las sombras que aún definen al más reciente, hay que recordar que ya el pasado 21 de septiembre se produjo otra asonada, abortada de inmediato, que cabe interpretar como una clara señal de la extrema debilidad del proceso político que se emprendió tras el acuerdo entre el Comité Militar de Transición y las Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FLC) firmado el 17 de julio de 2019.
El acuerdo ponía en marcha un proceso de transición hacia la democracia que debería culminar con unas elecciones generales a finales de 2022 (luego pospuestas a 2023) y con tres tareas principales en su agenda: mejorar la situación económica, promover un proceso de paz inclusivo y llevar a cabo una profunda reforma del sistema de seguridad nacional.
Para ello se creó un Consejo Soberano –conformado por cinco militares, cinco civiles y un undécimo miembro nombrado por consenso entre los diez anteriores– a cuyo frente estaba hasta ahora el general Abdelfatah al Burhan (acompañado del general Mohamed Hamdan 'Hemeidti' Dagalo, igualmente protagonista principal del golpe que derribó a Al Bashir). Según lo pactado entonces, el pasado mes de mayo, ese puesto tendría que haber sido traspasado a manos de un civil, pero la resistencia de los uniformados a ceder sus privilegios lo había impedido.
Bajo su autoridad suprema figuraba un Consejo de Ministros presidido por Abdallah Hamdok (ahora mismo en manos de los golpistas), con una veintena de miembros nombrados por las fuerzas FLC (excepto en Interior y Defensa). Por último, también existía un Consejo Legislativo que, en la práctica, no ha podido legislar y cuyas decisiones han estado siempre sometidas a la ratificación final del Consejo Soberano.
Eso significa, en definitiva, que los militares ya se habían asegurado desde el principio de la transición en el poder real durante un tiempo suficiente para encarrilar el proceso a su favor o incluso para bloquearlo cuando les pareciera conveniente. Son muchos los detalles desconocidos de lo firmado, pero desde un inicio resultaba muy difícil imaginar que los militares sudaneses fueran a aceptar la exigencia de las FLC de depurar responsabilidades por la violencia indiscriminada ejercida contra la población civil (como, por ejemplo, la masacre cometida el 3 de junio de 2019 por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que mataron a más de 120 civiles desarmados).
Sin embargo, a la vista de las últimas decisiones adoptadas por Al Burhan –disolución del Consejo Soberano, anulación de varios artículos del acuerdo político de 2019 y detención de miembros civiles de varios organismos públicos–, parece claro que ni siquiera así se sentían tranquilos.
Cuando se piensa en casos como el del citado Hemeidti –verdadero factótum en la arena política, exjefe de los temibles janjawed, jefe de las brutales FAR y uno de los hombres más ricos del país, al frente del conglomerado empresarial Al Junaid– se puede concluir que los golpistas han puesto nuevamente sus intereses por delante de los más de 40 millones de sudaneses.
Goma arábiga y oro
Hoy como ayer, y a pesar de ser el principal exportador mundial de goma arábiga y de contar con minas de oro tan importantes como las de Jebel Amir (descubiertas en 2012 en Darfur Norte), Sudán sigue sumido en una penosa situación económica, con la inflación por encima del 60%, enmarañado en conflictos internos como los que afectan a Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, sin haber resuelto los problemas derivados de la independencia de Sudán del Sur en 2011 (incluyendo la delimitación de territorios fronterizos ricos en petróleo) y sin respiro ante una pandemia que escapa a la capacidad de gestión de sus gobernantes. De poco les ha servido por el camino la ayuda económica prestada por regímenes tan poco sensibles a los derechos humanos y a la promoción de la democracia como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, interesados más bien en apoyar movimientos contrarrevolucionarios que buscan ahogar definitivamente las esperanzas ciudadanas.
A esos problemas, como se ha comprobado en estas últimas dos semanas, se suma la fragmentación de las fuerzas civiles opositoras. Por un lado, se han registrado protestas ciudadanas en apoyo a los sectores militares, en demanda de un nuevo golpe de timón que remedie el fracaso del Gobierno de Hamdok ante las penurias y falta de seguridad generalizadas. Por otro, las FLC parecen abocadas a la ruptura interna, con la creación el pasado día 2 de una nueva alianza en la que se han integrado grupos descontentos por lo que consideran su marginación en el seno de dichas Fuerzas. Entre sus promotores destacan Minni Arko Minawi, líder del Movimiento de Liberación de Sudán y gobernador de Darfur desde el pasado mayo, y Gibril Ibrahim, líder del Partido Justicia e Igualdad y ministro de Finanzas desde febrero. Si la fractura se confirma, los golpistas pueden encontrar ahora nuevos compañeros de viaje civiles interesados en cobrar protagonismo; todo ello como parte de un ejercicio de lucha por el poder en el que lo que menos cuenta, como tantas veces, son las necesidades y demandas de la población.
De momento, y mientras se repite la tan altisonante como ineficaz salmodia de condenas internacionales, es la Asociación de Profesionales Sudaneses, actor clave en las protestas que provocaron la caída de Al Bashir, la que ha pedido a la población que ocupe las calles para manifestar su rechazo a esta nueva intentona.