En Brasil hay ya un nuevo argumento para los que creen que las condenas y la prisión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva son una persecución política y un ataque a la democracia. El principal enemigo del líder del Partido de los Trabajadores, Sérgio Moro –el exjuez federal que una vez eliminado Lula de la carrera electoral pasó a ser ministro de Justicia de Jair Bolsonaro–, ha visto su estrategia divulgada en una filtración de mensajes publicada por el diario 'The Intercept'.
No son unos mensajes cualquiera. Son comunicaciones de Moro con los procuradores de la República que forman parte de los trabajos de investigación en la primera instancia de la Justicia Federal del estado de Paraná, donde nació la Operación Lava Jato, que impactó de golpe en casi todos los representantes políticos brasileños en 2014 y dura hasta hoy. El principal interlocutor de Moro en los mensajes filtrados es Deltan Dallagnol, procurador del Ministerio Público Fiscal y coordinador de la operación. Esta relación está prohibida para un juez para mantener la imparcialidad de los procesos y para respetar el código ético de la profesión. “¿No es mucho tiempo ya sin ninguna operación?”, le preguntaba el juez Moro al procurador Dallagnol en uno de los mensajes, marcando el ritmo según su parecer. Y se ponía en marcha un nuevo ciclo de acusaciones e inculpados.
En sus conversaciones privadas, el juez y el procurador pactaban incluso los momentos en los que se filtraban audios bajo secreto de sumario a la prensa. Momentos clave todos ellos, como las semanas más duras del proceso de impeachment contra la expresidenta Rousseff, o los días previos a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2018. “La liberación de las grabaciones ha sido una acto en legítima defensa”, decía Dallagnol. “No me arrepiento de haber levantado el secreto de sumario”, respondía Moro. “Era la mejor decisión, pero la reacción no ha sido buena”. Las grabaciones eran, ni más ni menos, pinchazos telefónicos a la entonces presidenta, y una conversación con Lula da Silva. Sin mayor trascendencia ni interés jurídico, pero que iba haciendo mella en la opinión pública mientras se decidía la destitución de la mandataria por un supuesto delito de responsabilidad fiscal, que consistía en maquillar las cuentas públicas para cuadrar un final de ejercicio.
En las conversaciones privadas filtradas por una fuente anónima a 'The Intercept', el procurador Dallagnol reconoce a sus compañeros de investigación no estar seguro de las pruebas contra Lula en el proceso que generó su primera condena: la reforma en un apartamento que siempre negó que fuera de su propiedad. “Dirán que estamos acusando basándonos en noticias de periódicos e indicios frágiles”, reconocía el coordinador de la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil. “Este tema tiene que estar bien atado”, y añadía: “Al margen de eso, hasta ahora desconfío de la relación entre Petrobras y el enriquecimiento, y, según lo que me han contado, también desconfío de la historia del apartamento”. Finalmente, para el juez Moro prevalecieron las delaciones premiadas y los testimonios de otros inculpados que buscaban reducir sus condenas. Tampoco era de Lula la finca remodelada por la que le llegó la segunda condena de prisión, por corrupción activa y pasiva y lavado de dinero. Se repitió el mismo esquema de actuación.
El objetivo del impeachment no era Dilma sino Lula
impeachmentEl nuevo argumento que se abre ahora –ha habido otros, como la división del Tribunal Supremo en cuanto a las prisiones tras condenas en segunda instancia– incide en lo que buena parte de la población ya intuía: la articulación completa, más allá de apartar a la expresidenta Dilma Rousseff del poder, pasaba por no permitir que Lula da Silva volviera a ganar unas elecciones. De lo contrario, de nada hubiera servido el esfuerzo de la derecha brasileña. Lula lideraba con solvencia todas las encuestas de intención de voto, en todos los escenarios posibles y contra todos los rivales.
Por eso uno de los episodios que los procuradores de la Operación Lava Jato más celebraron en sus conversaciones privadas fue que el Tribunal Supremo negara el derecho a Lula da Silva de ofrecer entrevistas desde su celda, conscientes de su potencial, cuando ya había nombrado a Fernando Haddad como sustituto en la carrera hacia la presidencia: “Una rueda de prensa antes de la segunda vuelta [de las elecciones] puede hacer que salga elegido Haddad”, escribía Laura Tessler, una de las investigadoras.
Lo sintomático del Brasil actual es que es complicado que ninguna de estas polémicas haga que los seguidores de Bolsonaro –y de Moro– den la espalda a sus referentes. Sérgio Moro es un héroe nacional para millones de brasileños, sus controvertidas y calculadas decisiones forman parte de la historia reciente del país, y no dejarán de serlo. El domingo ya se enarbolaban banderas a favor de la Operación Lava Jato en las redes sociales. El apoyo es total, tal y como se demostró el pasado 26 de mayo en las manifestaciones progubernamentales.
El siguiente gesto de Jair Bolsonaro con el exjuez federal Sérgio Moro, después de nombrarle ministro de Justicia y Seguridad Pública, tal y como el propio presidente ha reconocido públicamente, será recomendarle para la próxima plaza vacante en el Tribunal Supremo.