En Myanmar sobrevive como puede “una de las minorías más perseguidas del mundo”, en palabras de la ONU. Los rohingya son más de un millón de musulmanes que viven en un país de mayoría budista y que sufren violencia y discriminación generalizada a tal nivel que Naciones Unidas habla incluso de “limpieza étnica”.
En las últimas décadas han ido naciendo en el seno de esta comunidad grupos insurgentes, algunos islamistas radicales, que luchan contra el Estado birmano. Pero durante la última y sangrienta ola de violencia en el estado de Rakhine ha saltado una alarma especial: Al Qaeda quiere aprovechar su situación para convertir Myanmar en el nuevo campo de batalla del terrorismo yihadista.
“El trato salvaje infligido contra nuestros hermanos musulmanes no debería quedar sin castigo. El Gobierno de Myanmar debería sentir lo que han sentido nuestros hermanos musulmanes”, declaró Al Qaeda en un comunicado el mes pasado. “Llamamos a todos los hermanos muyahidines de Bangladesh, India, Pakistán y Filipinas a ir a Birmania [Myanmar] para ayudar a sus hermanos musulmanes y para hacer las preparaciones necesarias –entrenamiento y formación– para resistir esta opresión”.
Esa no ha sido la única llamada de los terroristas para convertir el conflicto en parte de la batalla del radicalismo yihadista. A principios de septiembre, un destacado líder de la rama yemení –una de las más importantes de Al Qaeda– publicó un vídeo pidiendo a otra rama de la organización, la del Subcontinente Indio, actuar en Myanmar.
“Esta es una llamada por la compasión que siente este grupo hacia los rohingya al ver que sus compañeros musulmanes están siendo brutalmente asesinados solo por creer en el islam y por parecer diferentes”, explica a eldiario.es Hla Kyaw, un rohingya de Myanmar nacido en el estado de Rakhine.
Kyaw es presidente del Consejo Rohingya Europeo, un grupo cuyo último objetivo es recuperar los derechos de ciudadanía de esta comunidad en Myanmar, perdidos por una ley de 1982 que los convirtió en apátridas.
“Si la comunidad internacional no hace nada efectivo para frenar el genocidio rohingya, la gente de Al Qaeda podría responder a esta llamada. Sin embargo, la comunidad rohingya no tiene hasta ahora ningún vínculo con este grupo y esperemos que siga siendo así en el futuro”, sostiene Kyaw.
Arakan Rohingya Salvation Army
La última ola de violencia en el estado de Rakhine contra los rohingya se desencadenó tras una serie de ataques de un grupo insurgente rohingya el 25 de agosto contra 30 puestos policiales y una base militar en los que murieron 10 policías, un soldado y un agente de inmigración. La respuesta del Gobierno es de sobra conocida: Más de 400.000 rohingya han tenido que huir, aldeas enteras quemadas, muertes, violaciones...
Ante las acusaciones del Gobierno, el grupo insurgente responsable de los ataques, Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) –anteriormente conocido como Faith Movement– ha rechazado cualquier vínculo con el terrorismo yihadista global.
“ARSA cree que es necesario dejar claro que no tiene vínculos con Al Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Taiba ni ningún grupo terrorista transnacional”, afirman en un comunicado del 14 de septiembre. “No damos la bienvenida a la participación de estos grupos en el conflicto de Arakan. ARSA pide a los Estados de la región que impidan a los terroristas entrar en Arakan”, añaden. El grupo también ha dejado claro en otras ocasiones que está dispuesto a trabajar con las organizaciones internacionales y agencias de seguridad para resolver el problema.
“Existe la posibilidad de que elementos externos se aprovechen de la situación en favor de su propia agenda”, asegura Kyaw. Sin embargo, el presidente del Consejo Rohingya Europeo destaca que ARSA ha rechazado la ayuda de grupos terroristas internacionales “porque quieren crear su propio destino. Su filosofía es la defensa propia y la autodeterminación, y los grupos externos pueden tener una agenda diferente”.
Los vínculos de la insurgencia
ARSA nació como Harakah al Yaqin (Faith Movement) en 2012 tras otro episodio de violencia estatal, y llevó a cabo su primer ataque en octubre de 2016. Varios centenares de personas armadas con cuchillos, tirachinas y unas 30 armas de fuego asaltaron tres puestos fronterizos, dejando nueve policías y cuatro soldados muertos. Como en la última ola de violencia, el Gobierno respondió con acciones desproporcionadas sobre la población civil, provocando la huida de 87.000 personas.
El grupo está liderado por Ata Ullah. Varias informaciones indican que Ullah nació en Karachi, Pakistán, hijo de una familia rohingya que huyó de Myanmar por la persecución. De pequeño, su familia se mudó a la La Meca, en Arabia Saudí, donde recibió formación religiosa y ejerció como imán en una mezquita para la diáspora rohingya de allí. En 2012 salió de Arabia Saudí para, según el Gobierno de Myanmar, recibir entrenamiento de los talibanes de Pakistán. Esta información no está confirmada.
Según un informe the International Crisis Group sobre el grupo, “aunque parece que ARSA no tiene motivaciones religiosas, sí ha buscado legitimidad religiosa en sus ataques”. En este sentido, se apoyan sobre fatuas (ordenes religiosas) que ordenan unirse a la lucha y que están emitidas desde Arabia Saudí, Dubái, India, Pakistán y Bangladesh. Según la investigación de este think tank, ARSA fue creado y está controlado por una cúpula de unas 20 personas radicadas principalmente en Arabia Saudí, pertenecientes a la diáspora rohingya en ese país.
El objetivo declarado del grupo es recuperar los derechos de ciudadanía de la comunidad rohingya. “Aunque el grupo ha llamado a la yihad en algunos vídeos, esto no significa necesariamente terrorismo”, indica el International Crisis Group en su informe. No han declarado que su objetivo sea imponer la sharía, tampoco tienen objetivos internacionales y sus víctimas son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Los abusos generalizados del Gobierno contra la comunidad musulmana en Myanmar –el Ejército ha ocupado mezquitas y ha violado en ellas a mujeres y niñas, ha quemado y profanado coranes, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos–, favorecen la radicalización de actores internos y externos, que pueden convertir este conflicto en una causa internacional religiosa.
“Si no hay acciones concretas de la comunidad internacional contra el genocidio en Myanmar, el estado de Rakhine se convertirá en tierra fértil para para aquellos que quieran mostrar solidaridad con los rohingya”, advierte Kyaw.
En otro documento, el International Crisis Group sostiene que “si el Gobierno de Myanmar continúa con su respuesta militar masiva o tratando públicamente la violencia como un asunto de yihadistas, se arriesga a crear las condiciones para la consolidación o el auge de esas mismas dinámicas”.
Al Qaeda lo sabe. Y quiere aprovecharlo.