A la última dictadura militar argentina (1976-1983) no la sobrevivió ningún partido político surgido de sus entrañas, a diferencia de otros países en los que el terrorismo de Estado tuvo un correlato en expresiones electorales que pasaron a actuar en democracia. Unas 30.000 desapariciones perpetradas en pocos años, la quintuplicación de la deuda externa, inflación disparada, la traumática derrota en la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido (1982) y fraudes orquestados con la élite económica a la vista de todos dejaron a los dictadores Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera sin herencia política directa, pese a que la buscaron.
El negacionismo explícito de los crímenes de la dictadura tampoco encontró mucho espacio. Entre los múltiples cómplices del régimen, la Iglesia católica, cámaras empresariales y los principales medios de comunicación enarbolaron mientras pudieron eufemismos como “reconciliación nacional”, “evitar la venganza” y “dar vuelta la página”, o abrevaron en la más sofisticada teoría de los “dos demonios”, que procura equiparar al terror de Estado con las organizaciones armadas peronistas y de izquierda. Más cerca en el tiempo, sectores conservadores se dedicaron a menoscabar la cifra de 30.000 desaparecidos, que es el número estimado por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo cuando todavía asolaba la represión.
La prédica a favor de la impunidad, aunque persistente, no impidió que hasta diciembre pasado fueran condenados al menos 1.117 represores, desde comandantes a torturadores y secuestradores de baja graduación, y otras 2.223 personas continuaban siendo investigadas en 643 causas, según la estadística de la Procuraduría (Fiscalía) de Crímenes contra la Humanidad. Sólo en 2022 hubo 22 causas con sentencia en tribunales de todo el país, desde el extremo norte a la Patagonia.
Ese marco en el que se desarrolló la democracia argentina, no exento de marchas y contramarchas, encuentra que las fronteras se están corriendo al ritmo del clima de época que cabalga el candidato presidencial de ultraderecha Javier Milei (La Libertad Avanza) y empuja a la coalición conservadora Juntos por el Cambio (JxC) a derechizarse cada vez más.
La prédica por la impunidad no tuvo mucho éxito, porque hasta diciembre pasado habían sido condenados al menos 1.117 represores, desde comandantes a torturadores y secuestradores de baja graduación, y otras 2.223 personas continuaban siendo investigadas
Umbral mínimo, amenazado
“Estamos en una situación de amenaza al consenso mínimo, que es el rechazo al terrorismo de Estado”, advierte a elDiario.es Verónica Torrás, directora de la organización Memoria Abierta y coautora del libro Más que nunca — 12 debates necesarios para construir la democracia del futuro (Centro de Estudios Legales y Sociales, Siglo XXI), que acaba de publicarse.
“Hay diferentes umbrales de consenso sobre las políticas de memoria, verdad y justicia; interpretaciones históricas sobre el Juicio a las Juntas, la reapertura de los procesos y el informe Nunca Más. El rechazo al terrorismo de Estado es el umbral mínimo y aparecen actores políticos con posiciones por lo menos ambiguas”, agrega la investigadora.
Milei, a quien las encuestas para las elecciones primarias obligatorias de agosto y las presidenciales de octubre ubican en relativa paridad con la alianza gobernante peronista de centroizquierda y JxC, eligió como postulante a vicepresidenta a Victoria Villarruel, una abogada que surgió a la luz pública para denunciar que “los terroristas que hicieron atentados en los setenta, tomaron el poder, reescribieron la historia y se garantizaron la impunidad”.
Villarruel está de gira por varios canales de noticias de derecha dura para expresar sus puntos de vista. Debate, provoca y ve cómo se le abren las puertas en espacios que hasta hace un tiempo prescindían de presencias de su tipo. Antes de ser electa diputada nacional en 2021 en las listas de La Libertad Avanza, el partido de Milei, el papel público de Villarruel como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) se limitaba a reductos ultras, agitación en redes sociales y alguna presencia esporádica en el diario La Nación y otros medios de derecha. No está sola en el entorno de Milei. La candidata vicepresidencial, hija y nieta de militares, es una más entre viejos militantes por la impunidad que vivieron los juicios a los represores con resentimiento y últimamente se acercaron a La Libertad Avanza.
Negacionista conocida en España
En España, Villarruel alcanzó alguna circulación porque es asidua entrevistada del programa de Federico Jiménez Losantos en esRadio y fue cofirmante de la Carta de Madrid, documento fundacional de Foro de Madrid, sello creado en 2020 para combatir a la izquierda en la “iberosfera”. La firma de esa proclama introdujo a Milei en el planeta Vox, fuente de inspiración en su camino a la Casa Rosada (de Gobierno).
El presidente conservador de Mauricio Macri dio algo de aire a organizaciones como CELTYV. Sus referentes fueron recibidos en despachos oficiales y el propio Macri eligió una retórica elusiva sobre los “dos demonios”, teoría que había defendido en su vida empresarial, décadas atrás, antes de dedicarse a la política.
De todas formas, la propia experiencia de Macri en el Gobierno (2015-2019) fue demostrativa del cauce de la democracia argentina. La coalición JxC tiene dirigentes y partidos abiertamente contrarios a la impunidad de los represores, algunos negacionistas en los márgenes y un núcleo mayoritario, en el que está el propio Macri, al que el tema no le importa demasiado. Ese desinterés no impidió que los juicios continuaran, que más nietos robados por los represores recuperaran su identidad en el marco de un programa estatal y que las escuelas siguieran incluyendo en sus planes de estudio, desde el nivel inicial al secundario, un abordaje democrático sobre el proceso de memoria, verdad y justicia.
“De alguna forma, el paso del macrismo fue una prueba superada y el resultado fue que se consolidaron ciertos límites que se habían puesto en discusión”, evalúa Torrás, de Memoria Abierta.
La referente cita el fallo de la Corte Suprema conocido como “dos por uno”, que en 2017 pretendió cambiar la forma en que se computaba el tiempo pasado en prisión por los represores. Esa sentencia, “que formó parte de una política del Gobierno de Macri”, habría significado que decenas o cientos de militares salieran en libertad. La reacción fue tal, con cientos de miles de personas en las calles y repudios en todo el país, que la Corte Suprema se vio forzada a revisar su propia decisión, en un paso jurídico rocambolesco. El máximo tribunal, que trataba de adaptarse a los tiempos de los conservadores en la Casa Rosada, midió mal el clima social.
Las políticas de memoria y reparación son, para Milei y el mundillo intelectual y periodístico que ahora sale del subsuelo, mero “adoctrinamiento”. Los negacionistas recargados ven en el medio camino de JxC un síntoma de la debilidad de espíritu de una coalición que tiene algunos referentes a quienes el economista libertario denomina “comunistas”.
Reacción conservadora
Un episodio reciente muestra el deslizamiento de la tierra en la coalición conservadora. El 25 de abril se celebró el Día de la Caballería en el campo de polo de Buenos Aires, con la plana mayor del Ejército. El general Rodrigo Soloaga, de 75 años, habló en representación de la Comisión de Retirados de Caballería y recordó “a todos los camaradas que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la fuerza durante una difícil época para nuestro país”, y les expresó su “permanente y renovado acompañamiento en estas circunstancias…que llevan con estoicismo”. “Deseo que prontamente puedan encontrarse con sus familiares y demás seres queridos”, agregó Soloaga.
A las 48 horas, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, ordenó la “inmediata remoción” del general retirado “por apología del terrorismo de Estado”.
Azuzados por el avance de Milei y Villarruel, los más altos dirigentes de JxC reaccionaron con estridencia. Patricia Bullrich, precandidata presidencial de buena sintonía con el economista ultra, reclamó que deje de ser usada “la sanción militar como represalia ideológica”. José Luis Espert, otro de los probables precandidatos a presidente por la alianza conservadora, tuiteó: “La kaza de brujas no termina. Asko” (la K es referenciada para todo lo que tenga que ver con los Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner).
El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también precandidato presidencial de JxC, se vio llamado a actuar. Lo hizo a través de su ministro de Justicia y Seguridad, quien pidió “dejar de armar listas negras y perseguir personas por pensar distinto”. La movida de Larreta, un político que cuida al extremo las expresiones públicas de su gabinete y nunca se anotó entre los negacionistas, muestra hasta qué punto la competencia de Milei empuja a JxC a la sobreactuación.
Nunca Más, política de Estado
Expresiones como la de Soloaga fueron relativamente habituales en actos entre militares, públicos o reservados, hasta hace veinte años. Cuando asumió la presidencia el peronista de centroizquierda Kirchner, en 2003, dejaron de serlo. Su gobierno terminó de retirar cualquier vestigio que supusiera un homenaje a los represores en las Fuerzas Armadas. De hecho, una de las fotos emblemáticas del mandato de Kirchner es el instante en que le dio la orden al jefe del Ejército de que retirara un cuadro de Videla en un colegio militar, en 2004.
Kirchner también llevó a cabo la modificación de los planes de estudios de las instituciones militares. En general, la política de memoria tiene representación en todo el Estado y en un sinnúmero de organizaciones culturales, sociales y políticas. Cada 24 de marzo, día en que se conmemora a las víctimas de la dictadura, cientos de ciudades y pueblos, de Buenos Aires a La Quiaca, en el límite con Bolivia, a Ushuaia, en el extremo sur, son escenario de homenajes a los desaparecidos.
Las elecciones presidenciales previstas para el 22 de octubre o la segunda vuelta del 19 de noviembre podrán marcar un ascenso de la derecha dura o la ultraderecha con condimentos negacionistas que no estaban en el radar hasta hace pocos años.
Desandar el camino de la memoria no será sencillo. La lucha por los derechos humanos soportó varios vendavales y demostró su capacidad de resiliencia.
Durante una década y media, cientos de represores como el mundialmente conocido Alfredo Astiz, desaparecedor de las primeras Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas que las ayudaban, caminaron por las calles con total impunidad, gracias a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (amnistías encubiertas) sancionadas por el presidente socialdemócrata Raúl Alfonsín (UCR, 1983-1989) bajo presión de los golpistas, en 1986 y 1987, y los indultos del peronista conservador Carlos Menem (1989-1999), en 1990 y 1991, que beneficiaron a los últimos cien jerarcas en prisión, incluidos Videla y Massera.
Fueron años sombríos. Algunos represores incluso se presentaron con éxito vía partidos locales para cargos de gobernador o intendente, como el temible Antonio Domingo Bussi en Tucumán (norte) y Luis Abelardo Patti en Escobar, un municipio al norte de la cuidad es Buenos Aires.
La petición de justicia nunca cesó. Manifestaciones masivas, escraches a represores, reclamos judiciales internacionales y vericuetos legales que permitieron penar la sustracción de identidad sirvieron para superar la asfixia de la impunidad. El proceso llevado a cabo por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en España, al igual que pares suyos en Alemania e Italia, bajo el precepto de jurisdicción internacional, contribuyó a volcar presión sobre los tribunales y los políticos argentinos.
En 2003, nada más asumir la presidencia, Kirchner derogó la Obediencia Debida y el Punto Final. Más tarde, la Corte declaró inconstitucionales ambas leyes y el indulto otorgado por Menem, lo que terminó de habilitar la reanudación de cientos de juicios a partir de 2006. Videla, Massera y Bussi murieron condenados a prisión perpetua, Patti y Astiz permanecen detenidos junto a cientos de sus colegas, con la misma condena.
Violencias del pasado y el presente
Torrás advierte de que la avanzada negacionista se inscribe en que “varios países de la región han pasado por procesos similares, con reivindicación abierta de los pasados autoritarios y una funcionalidad política muy concreta de replantear estos debates para las violencias del presente. Ponen en juego el rol de las fuerzas armadas y las proclamas de orden y seguridad”.
De la mano del negacionismo o la relativización del terror de Estado llegan propuestas de sacar al Ejército a las calles para combatir la delincuencia y penar con prisión las protestas sociales no autorizadas, bandera que levantan tanto Milei como los más duros de JxC. “Cárcel o bala” es un lema de Espert, un de los probables candidatos presidenciales de la alianza conservadora.
La experta cita el caso de Brasil, con Jair Bolsonaro, y Chile, con la contraofensiva de la derecha pinochetista, como los más notorios del Cono Sur. En Uruguay creció el partido militarista Cabildo Abierto, de tendencia algo más atenuada, integrante de la coalición de Gobierno de Luis Lacalle Pou. En Colombia y Centroamérica existe una tradición de reivindicación de procedimientos propios del terrorismo de Estado.
“Ningún país de América Latina avanzó con políticas de memoria, justicia y reparación como Argentina. Y todos están lejos de la reforma profunda de las Fuerzas Armadas y la política estatal para nombrar y relatar el terrorismo de Estado, un entramado que en Argentina debería funcionar como dique de contención para una avanzada negacionista”, dice Torrás.
Cuando la dictadura llegó a su fin, en diciembre de 1983, las Madres llevaban seis años dando vueltas a la plaza todos los jueves. Abuelas había llevado el reclamo por la aparición de los nietos por todo el mundo y organizaciones como el CELS se habían ocupado de documentar las desapariciones ante organismos internacionales. El terror de Estado se había valido de unos 300 campos de concentración y arrojado miles de cuerpos al Río de la Plata. Entre las víctimas se encontraban obreros industriales, estudiantes, campesinos, militantes politicos, guerrilleros, adolescentes, niños, artistas y empresarios, de la clase baja a la clase alta.
Alfonsín ganó las primeras elecciones de la recuperación democrática con la promesa de sentar en el banquillo a los represores. Leyó el momento y lideró a su partido, la UCR, de origen popular, pero que había cohabitado con dictaduras durante el medio siglo previo, a un giro histórico. El peronismo, movimiento con el que se identificaban gran parte de los desaparecidos, llegó a 1983 dividido, con muchas cuentas internas y una dirigencia predominante resignada ante la impunidad. Iniciada la democracia, la “renovación peronista” ganó el partido y se sumó al reclamo de justicia.
Nueve meses después de la asunción de Alfonsín, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas redactó el informe Nunca Más, que constató unas 9.000 desapariciones. En diciembre de 1985, al cabo del histórico Juicio a las Juntas —retratado en la reciente película Argentina, 1985, de Santiago Mitre—, los integrantes de las cúpulas militares fueron condenados.
Arreciaron las presiones y las relativizaciones, pero la verdad había quedado definitivamente sobre la mesa. Llegó la impunidad. Las Madres y Abuelas, que habían desafiado a los dueños de la vida y de la muerte en la más absoluta indefensión, sumaron a los nietos a su lucha. Nunca se resignaron. Llegó la justicia.
¿Toda esa historia servirá para resistir la avanzada negacionista?
Responde Torrás: “Esperemos. No hay garantías de no repetición. Se deben seguir construyendo condiciones para afirmar el Nunca Más”.