En el arranque de una transición tan delicada como la que ahora emprende Siria –con graves fracturas internas por restañar y todavía muy afectada por la prolongada injerencia en sus asuntos por parte de actores externos empeñados en dirimir allí sus diferencias–, lo que menos necesita el país es verse inmersa en otro episodio violento, añadido a los que ya arrastra desde hace demasiado tiempo. Sin embargo, Israel parece decidido a aprovechar las circunstancias en su propio beneficio, arrogándose impropiamente el papel de garante de la seguridad regional.
En los escasos días transcurridos desde la huida del dictador Bashar al Asad son ya centenares los ataques –fundamentalmente aéreos, pero también terrestres– que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han realizado en territorio sirio, incluyendo la capital, Damasco. Tel Aviv argumenta que todos los ataques tienen objetivos militares y que su finalidad es destruir especialmente los arsenales de armas químicas y los lanzadores de misiles de largo alcance que existen en Siria para evitar que caigan en “malas manos”.
Eso supone no solo haber bombardeado instalaciones militares, almacenes, aeropuertos, bases navales y sistemas de defensa antiaérea, sino también haber realizado incursiones terrestres para ampliar la zona ocupada en los Altos del Golán, expandiendo su presencia al área desmilitarizada establecida por un acuerdo en 1974 y en la que actúa la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS) para vigilar el alto el fuego entre Israel y Siria.
En un rocambolesco juego de palabras, Israel pretende convencer al mundo de que sus acciones son temporales y que necesita un colchón amortiguador para garantizar la seguridad de los Altos del Golán, como si ese territorio ocupado ilegalmente no fuera ya en sí mismo un colchón amortiguador del propio Israel.
Una vez más, el primer ministro Benjamin Netanyahu y los suyos pretenden ampararse en el derecho a la legitima defensa para justificar su acción violenta, cuando en la práctica se trata de una nueva violación del derecho internacional. Y como en tantas ocasiones anteriores, después de años de bombardeos regulares contra objetivos en territorio sirio para evitar que Irán hiciera llegar suministros y armas a la milicia chií libanesa Hizbulá y que las milicias proiraníes se acercaran demasiado a Israel, no cabía esperar que las condenas de la ONU fueran a frenar a las FDI.
Más allá de los subterfugios discursivos empleados en cada caso, resulta inmediato entender que este agresivo comportamiento israelí responde a dos planes distintos. Para un Gobierno, que ya ha expresado abiertamente su intención de crear un nuevo orden regional, se trata de dar un paso más en el intento de redibujar el mapa de Oriente Próximo, aprovechando en esta ocasión la extrema debilidad de un vecino que, en el fondo, con Al Asad a la cabeza, ha sido el más cómodo durante décadas.
Un nuevo orden regional que supone la eliminación de cualquier esperanza de que los palestinos puedan algún día contar con un Estado propio, la anexión definitiva de Cisjordania, la subordinación de Líbano a su dictado y la ampliación de la zona que ya ocupa en Siria. Incluso, contando con que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca le brindará el apoyo necesario para culminar su tarea, Netanyahu tiene prisa para crear una situación favorable sobre el terreno para que el presidente de Estados Unidos solo tenga que bendecir el hecho consumado.
A eso se añade el interés personal del propio Netanyahu por mantenerse a salvo de la justicia como acusado en 2019 de tres delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. De ahí que, siguiendo la pauta que explica en buena medida su comportamiento en el Territorio Ocupado Palestino y en Líbano desde el 7 de octubre de 2023, se afane por prolongar el conflicto con sus vecinos como método idóneo para preservar la inmunidad que le otorga la posición de primer ministro. Y del mismo modo que parece que no le quita el sueño la orden de detención emitida en su contra por la Corte Penal Internacional, tampoco parece que le preocupe en exceso si su comportamiento supone arriesgar la vida de las decenas de sus conciudadanos que Hamás todavía tiene en sus manos o arruinar la imagen internacional de Israel por la acumulación de tantas violaciones y crímenes cometidos bajo su autoridad.
De momento, procurando que la propia dinámica del conflicto siga retrasando la posibilidad de que se celebren elecciones anticipadas, ha logrado poner en marcha una reforma judicial que pretende colocar al Poder Legislativo por encima del Tribunal Supremo, de tal manera que una simple mayoría parlamentaria le permita echar abajo una sentencia firme de la más alta instancia judicial del país. E igualmente ha logrado retrasar más de un año su comparecencia ante el tribunal de distrito de Tel Aviv hasta el martes 10 de diciembre.
Mirando hacia adelante, queda por ver hasta dónde puede llegar en el desarrollo de ambos planes. En el primero, cuenta con que las fuerzas armadas sirias, como se ha demostrado ante el avance de los insurgentes, son absolutamente incapaces de defender su propio territorio, lo que le ofrece un amplio margen de maniobra para llegar hasta dónde considere oportuno. En el segundo, calcula que, aunque la obligación de comparecer tres veces a la semana ante el tribunal tendrá un coste para su imagen personal –es la primera vez que un jefe de gobierno en ejercicio se ve en el banquillo de los acusados–, su prolongada experiencia en el cargo le permitirá seguir nadando indefinidamente en aguas tan turbulentas.
Y, mientras tanto, los sirios procurando evitar la caída en el abismo en el que otros pueblos árabes se han precipitado en estos últimos años. Son muchos los empeñados en no ponérselo fácil.