La semana pasada, decenas de miles de israelíes volvieron a salir a las calles de Tel Aviv y de varias ciudades del país por decimosexto sábado consecutivo para unirse a las protestas más multitudinarias que se viven en Israel desde el verano de 2011. Entonces, centenares de miles de los llamados indignados exigieron durante semanas más “justicia social” tras el desmesurado aumento del coste de la vida, especialmente de la vivienda, que continúa siendo un derecho inalcanzable para muchos ciudadanos, sobre todo para los telavivim o residentes de Tel Aviv, la tercera ciudad más cara del mundo –solo por detrás de Nueva York o Singapur–, según el último índice mundial del coste de la vida publicado por The Economist.
Casi 12 años después de aquellas manifestaciones más prometedoras que fructuosas que propiciaron el nacimiento de partidos como Hay Futuro (Yesh Atid, en hebreo) y cuyo líder, Yair Lapid, llegó a ser primer ministro meses antes de las últimas elecciones –las quintas desde 2019–, Tel Aviv vuelve a ser el epicentro de un malestar social esta vez agravado por lo que los israelíes consideran la última amenaza existencial para su democracia: la reforma del poder judicial.
Impulsada el pasado mes de enero desde el Ejecutivo ultranacionalista de Benjamin Netanyahu, la enmienda permitiría limitar la capacidad de la Corte Suprema para revocar las decisiones tomadas por el legislativo y el ejecutivo debilitando de facto la separación de poderes del Estado.
“Al seguir con el golpe judicial, el Gobierno está abriendo una grieta más profunda dentro de la sociedad israelí, dañando la economía y la seguridad de Israel”, afirmaron el sábado los organizadores de las protestas, que no ceden después de más de cuatro meses y a pesar del anuncio realizado por el primer ministro a finales de marzo de congelar, a instancias del presidente de Israel, Isaac Herzog, y hasta después de la Pascua judía, la tramitación de la ley para buscar una propuesta consensuada con la oposición.
“El riesgo es que si las negociaciones en curso no dan sus frutos y el Gobierno decide seguir adelante, las agencias calificadoras podrían incluso rebajar la calificación crediticia a negativa”, señaló el pasado jueves la exgobernadora del Banco de Israel Karnit Flug tras conocerse el último informe de la agencia de calificación de riesgo Moody's, en el que la entidad norteamericana ya rebajó la perspectiva del país de positiva a “estable”.
Consecuencias catastróficas
“La forma en que el Ejecutivo ha intentado implementar una reforma de gran alcance sin buscar un amplio consenso apunta a un debilitamiento de la fortaleza institucional y la previsibilidad de las políticas”, advirtieron los analistas de la agencia en un comunicado.
Y un debilitamiento no solo institucional, porque tras conocerse el último informe de Moody's, el shéquel israelí cotizó a 3,66 por dólar y 4 por euro. Es más, a largo plazo la agencia de calificación advierte sobre “los riesgos para las perspectivas económicas de Israel, en particular las entradas de capital en el sector de alta tecnología”, que supone el principal motor de crecimiento económico del país, aportando el 49% de las exportaciones totales y generando alrededor del 15% del PIB en 2022.
Además, a principios de mes, la OCDE apuntó a una moderación en la tasa de crecimiento económico señalando que los riesgos también están “relacionados con la alta incertidumbre global y nacional”. La organización prevé una desaceleración del PIB de Israel, que pasaría de una tasa del 6,4% el año pasado a un 3% en 2023 y a un 3,4% en 2024.
Unas perspectivas menos halagüeñas que en años anteriores y que podrían verse agravadas si la agencia Moody's acaba rebajando la calificación crediticia a negativa. “Esto implicaría mayores costes de endeudamiento tanto para el Gobierno israelí como para el sector privado. El Gobierno tendría que gastar más en el servicio de deuda, aumentar los impuestos o gastar menos en servicios sociales como educación, salud o inversión en infraestructura, lo que perjudicará a todos y cada uno de los ciudadanos”, observó la exgobernadora del Banco de Israel Karnit Flug, quien recomienda al Gobierno de Benjamín Netanyahu “leer el informe de Moody's con más prudencia y tomarlo como una advertencia”.
Por el momento, desde el ala más ultraderechista del Ejecutivo hacen oídos sordos. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, llegó a afirmar que la decisión de la agencia norteamericana de recortar la perspectiva de la calificación crediticia de Israel “no era un gran drama” y reiteró su postura: el plan del Gobierno para reformar el poder judicial ayudará a la economía.
“Lo que más me preocupa de la situación actual es que el ministro de Hacienda no esté preocupado”, apuntó Karnit Flug: “Creo que esa reacción muestra que no se ha internalizado el riesgo para la economía derivado del avance de la reforma judicial si no se llega a un acuerdo amplio”.
Netanyahu cae en las encuestas
Mientras Gobierno y oposición continúan las negociaciones para alcanzar dicho consenso, la pretendida reforma judicial ya le está costando a Netanyahu su desplome en las encuestas. Según el último sondeo de la emisora pública Kan, un 60% de los ciudadanos israelíes afirma no sentirse representado por el Ejecutivo actual, mientras que un 53% cree que la reforma judicial es perjudicial para el país.
En otra encuesta publicada por el diario Maariv, la actual coalición gubernamental, liderada por Benjamín Netanyahu y formada por una amalgama de partidos de extrema derecha y ultraortodoxos, no revalidaría el Gobierno si hoy se volvieran a celebrar elecciones, sumando solo 47 escaños frente a los 64 que tiene actualmente en una Knéset o Parlamento de 120 diputados. Asimismo, su partido, el Likud, tampoco sería esta vez el más votado, logrando únicamente 26 escaños frente a los 32 con los que cuenta en la actualidad. Hasta podría ser sobrepasado por el partido de centro derecha Unidad Nacional, liderado por el exministro de Defensa Benny Gantz.
Por otro lado, las formaciones que integran el bloque opositor aglutinarían 68 diputados, una mayoría suficiente para gobernar, con Gantz al frente. Desde que el exgeneral decidiese dar el salto a la política en 2018, se ha ido consolidando progresivamente como una figura moderada y de centro capaz de lograr apoyos en ambos lados de un arco político cada vez más polarizado.