El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ha cancelado este lunes la personalidad jurídica de otras 100 ONG, incluida dos creadas por exmilitares y excombatientes sandinistas.
En la nueva lista de ONG afectadas se encuentra la Asociación de Combatientes Retirados del Ejército Popular Sandinista, Movimiento de Renovación (Asocomret), integradas por antiguos miembros del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS) y del Ministerio del Interior (ahora llamado Ministerio de Gobernación).
También la Asociación para el Desarrollo Integral de Retirados del Ejército, Ministerio de Gobernación y Desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense Horizonte Azul (Asociación Horizonte Azul), que fue creada en enero de 2007, cuando el presidente Daniel Ortega retornó el poder.
Con la ilegalización de esas 100 organizaciones no gubernamentales, se han clausurado 1.868 entidades de este tipo desde la revuelta popular de abril de 2018, calificada como intento de golpe de Estado por el presidente Ortega.
En lo que va de año, los legisladores sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional (Parlamento) han ilegalizado 1.269 ONG y un total de 1.468 desde diciembre de 2018. Entretanto, el Ministerio de Gobernación ha cancelado la personalidad jurídica de otras 400 ONG –basado en una reciente reforma que le otorga esa facultad, que antes correspondía exclusivamente al Parlamento–, con lo que suman 1.868 las ilegalizadas, de cerca de 6.000 registradas.
La nueva lista incluye la Asociación de Desmovilizados de la Resistencia, integrada por antiguos miembros de la “Contra” que combatieron con las armas a los sandinistas durante la guerra civil de la década de 1980 del siglo pasado. Además, también hay organizaciones ambientalistas, médicas, educativas, de desarrollo comunitario y de atención a grupos en riesgo.
Por incumplir obligaciones
Según el Ministerio de Gobernación, esas 100 ONG incumplieron con sus obligaciones conforme lo establece la Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y su Reglamento, y la Ley Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Entre otros, el Ministerio de Gobernación argumenta que estaban en abandono, no reportaron los estados financieros por más de 4 y 24 años, detalles de donaciones, su origen y beneficiario final. El Gobierno sostiene que las juntas directivas estaban acéfalas.
Según el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, uno de los promotores de la iniciativa, las ONG afectadas han utilizado recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza. Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. Ortega, próximo a cumplir 77 años, lleva 15 años y 7 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.