La principal cúpula patronal de Nicaragua ha denunciado que el Gobierno que de Daniel Ortega está gravando la importación de ventiladores médicos y ha encarecido el precio de las mascarillas quirúrgicas, en mitad de la crisis sanitaria generada en el país a causa de la pandemia del coronavirus.
Según el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), la Dirección General de Servicios Aduaneros ha reclasificado las partidas arancelarias e incluido en la lista de productos que pagan tributo a las partes y accesorios de los ventiladores médicos, que antes estaban exentos del impuesto al valor agregado (IVA).
De acuerdo con la patronal, las partes y accesorios de los ventiladores médicos, fundamentales para salvar vidas, estaban antes registrados bajo una partida donde estaban exentas del 15% de IVA. “Ahora las autoridades aduaneras lo pusieron en otra clasificación que te obliga a pagar impuestos”, explicó el titular del Cosep, José Adán Aguerri. “El Gobierno busca recaudar más a costa de la salud de los nicaragüenses”.
El dirigente de la patronal también ha denunciado la reclasificación para el aumento de sus impuestos de otro equipo médico esencial, como es el oxímetro, y que Aduanas ha puesto “dudas de valor” a las mascarillas quirúrgicas, lo que ha encarecido hasta en un 18 % su precio en Nicaragua.
“Tenemos que poner las prioridades en orden y ese es el llamado que estamos haciendo”, abogó Aguerri, quien pidió a las autoridades revertir esas medidas para proteger los bolsillos y la salud de los nicaragüenses.
Una gestión de la crisis que despierta la preocupación de instituciones sanitarias internacionales
El Ejecutivo de Ortega ha sido criticado desde diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por no establecer restricciones ni haber suspendido las clases en medio de la pandemia.
El presidente Ortega se ha declarado en contra de la campaña “Quédate en casa” porque, a su juicio, destruiría la economía local, que se ha contraído los dos últimos años y que es mayoritariamente informal.
La estrategia nicaragüense ha despertado preocupación en la OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua, compuesto por una red de médicos y voluntarios que verifican casos sospechosos de COVID-19, el número de personas con síntomas de la enfermedad llegó a las 5.957 el pasado miércoles, última fecha investigada. Unos datos superiores a los ofrecidos por el Ministerio de Salud, que en su más reciente informe, emitido el pasado 16 de junio, informó de 1.823 casos de COVID-19, con 64 muertos.