Israel lleva décadas violando resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional a través de su ocupación ilegal de los territorios palestinos y de un sistema de apartheid que segrega y niega derechos a la población palestina. Además, impone un bloqueo contra Gaza desde el año 2007, con masacres y matanzas periódicas de población civil. Sin embargo, Europa y EEUU, entre otros, han mantenido a lo largo de los años relaciones privilegiadas con Israel, con compraventa de armas, acuerdos comerciales preferenciales y estrecha colaboración, lo que ha contribuido al apartheid. Y así, hemos llegado hasta aquí.
El pasado mes de julio la Corte Internacional de Justicia exigió el fin de la ocupación ilegal israelí, señaló la segregación que sufre la población palestina y pidió a los Estados miembros de la ONU que suspendan el comercio y las inversiones que contribuyan a la ocupación ilegal. En septiembre la Asamblea General de la ONU recogió el guante de este dictamen, con las mismas demandas, a través de una resolución aprobada por gran mayoría.
El Tribunal Penal Internacional investiga a Israel por crímenes de guerra y de lesa humanidad y la Corte Internacional de Justicia ha emitido dos órdenes cautelares -que Israel ha incumplido- en el marco de la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica. Todo ello, unido a los informes de las comisiones de Naciones Unidas, ha servido para ejercer presión, aunque insuficiente, porque la mayoría de los Estados aliados de Israel no han colaborado como deberían.
El voto español a favor de la resolución de la ONU obliga a preguntar al Gobierno qué medidas adoptará para cumplirla
¿Ha anunciado España medidas para cumplir la resolución de la Asamblea de la ONU de septiembre, ante la que votó a favor?
El pasado mes de septiembre la resolución de la Asamblea de la ONU -que exige el fin de la ocupación ilegal israelí en un plazo de doce meses- salió adelante con ciento veinticuatro votos a favor, catorce en contra y 43 abstenciones.
La división de Europa fue visible. Doce países de la Unión Europea se abstuvieron, dos votaron en contra -Hungría y República Checa- y trece, a favor: Bélgica, Chipre, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Eslovenia.
España respaldó la resolución, en la que se exige la suspensión del comercio y las inversiones que contribuyan a la ocupación ilegal israelí. Esto obliga a preguntar al Gobierno español qué medidas va a adoptar para cumplir esa suspensión. El Ejecutivo noruego ha pedido a las empresas de su país que eviten este tipo de actividades comerciales y empresariales con Israel. Madrid no ha realizado aún ninguna solicitud pública a las empresas españolas en este sentido.
¿Ha impuesto España un embargo de armas a Israel?
No. El presidente del Gobierno español pidió esta semana a la comunidad internacional que deje de vender armas a Israel. Sin embargo, España no ha impuesto un embargo formal de armas. Para hacerlo tiene que modificar la Ley de comercio de armas, un paso que han solicitado ante el Congreso más de 500 organizaciones, a través de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.
Un embargo de armas requiere establecer condiciones y sanciones, lo que ayuda a garantizar el cumplimiento
¿Ha enviado España material militar a Israel tras el 7 de octubre de 2023?
Sí. El pasado 5 de diciembre el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó en sede parlamentaria que “desde el 7 de octubre no se producen operaciones de exportación de armas españolas a Israel”. Sin embargo, aquella afirmación no era exacta.
Como desveló en febrero elDiario.es, España sí envío material militar a Israel en octubre y noviembre de 2023 -cuando ya había miles de muertos en Gaza- y siguió haciéndolo en diciembre, enero, febrero y abril, aunque en estos casos se hizo con el fin de reexportarlo posteriormente a Filipinas. De ese modo, una empresa española se benefició de un acuerdo con una empresa armamentística israelí para vender en un tercer país, Filipinas.
Los datos de estas exportaciones figuraban en el portal oficial de comercio exterior Comex, fueron analizados por el investigador del Centre Delàs Alejandro Pozo y verificados por elDiario.es. Según el Gobierno español, esos envíos correspondían a ventas cerradas con anterioridad al 7 de octubre de 2023. España podía haberlos revocado o suspendido, pero optó por mantener esas exportaciones varios meses más.
¿Ha comprado España material militar a Israel dese el 7 de octubre de 2023?
Sí. La Secretaría de Comercio española aseguró en febrero que España no había adoptado ninguna medida para suspender este tipo de adquisiciones. En abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel.
En un informe posterior, el Centre Dèlas de Estudios por la Paz señaló que, “se tratara de un lapsus o no, [lo que dijo el presidente] no era cierto, porque se exportaron municiones en noviembre y diciembre, pero también porque España no ha dejado de adquirir armamento de las empresas israelíes”.
El pasado mes de julio el Centre Dèlas publicó un nuevo informe en el que denuncia que España ha destinado 1.027 millones de euros para adquirir armamento israelí desde el 7 de octubre de 2023.
La compra de armas a Israel contribuye a hacer viable la ocupación y refuerza a empresas involucradas en la misma
¿De qué modo puede contribuir la compra de armamento israelí en la ocupación ilegal?
La ocupación ilegal es muy cara y sería menos viable sin las exportaciones de armamento de Israel. “Las exportaciones significan producir un exceso para abaratar coste por unidad de producto. No es lo mismo fabricar un tanque que diez, diez es más económico. En las exportaciones de material militar no hay solo una transacción comercial, hay también un componente político, de relaciones internacionales: se decide a quién se vende, a quién no”, explica el investigador y experto del Centre Dèlas Alejandro Pozo, en conversación con elDiario.es.
“Israel exporta un modelo. Al adquirir su material militar se legitima lo que pasa allí, se abaratan los costes de producción para las empresas israelíes, se contribuye a hacer viable la ocupación y se premia a las mismas empresas que están involucradas directamente en esas actuaciones en los territorios palestinos, porque se les conceden contratos en base a esa experiencia adquirida, con productos probados en combate”, señala.
La relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, lleva tiempo exigiendo el fin de la compraventa de armas. Aquí en España diversas ONG han pedido al Gobierno un “embargo integral”, que incluya tanto exportaciones como importaciones y adquisiciones.
Un embargo fija un horizonte concreto, puede regular las compras, y obligar a otros gobiernos a hacer lo mismo
¿Hay diferencia entre la situación actual y un embargo de armas?
Sí. Un embargo requiere establecer unas condiciones -qué material está incluido en el embargo, cuál no- y un proyecto sancionador, lo cual ayuda a garantizar el cumplimiento. Es una sanción en sí misma. A través de un embargo, se podrían establecer límites no solo a la exportación de armamento, sino también a la adquisición y a la financiación de la industria militar israelí.
“Con un embargo se establecen mecanismos de supervisión correspondientes, no tendríamos que estar los investigadores y los periodistas haciendo el escrutinio”, explica Pozo. “Hasta ahora hay una declaración de intenciones, hay que hacer un acto de fe, y ya sabemos que algunas de las cosas que dijo el Gobierno en el pasado sobre el envío de armas a Israel no eran ciertas”.
Por lo demás, un embargo “fija un horizonte concreto y es una herramienta que puede obligar a otros gobiernos a hacer lo mismo”, añade.
El mundo ha aprendido que ninguna cantidad de muerte y de dolor es suficiente para provocar una respuesta mundial ante el hambre y el genocidio
¿Qué nuevas medidas se han anunciado esta semana?
La Comisión de Investigación Independiente de la ONU -que investigaba la situación desde 2022- ha emitido sus conclusiones esta semana, diciendo que los países están obligados por el derecho internacional a poner fin a la presencia ilegal de Israel en los territorios ocupados palestinos.
Por su parte, la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, ha anunciado que ha puesto en marcha una investigación sobre el papel de empresas y entidades privadas en el apoyo a la ocupación ilegal israelí y el genocidio. Todo ello supone medidas de presión. Pero frente a estos esfuerzos, y al contrario de lo ocurrido con Rusia, la mayoría de los países siguen poniéndose de perfil.
Ante la nueva fase de destrucción que lleva a cabo el Ejército israelí en el norte de Gaza -con matanzas de civiles prácticamente diarias- el relator de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, ha recordado en la sede de la ONU que, “hace exactamente un año yo, entre otros, di la voz de alarma sobre el riesgo de genocidio contra el pueblo palestino. Lamentablemente ustedes no tomaron medidas suficientes y, como mis colegas y yo predijimos, la guerra de Israel resultó ser una campaña genocida contra el pueblo palestino”.
La falta de acción en estos meses ha permitido que el genocidio siga su curso. “Lo que el mundo ha aprendido es que ninguna cantidad de muerte y de dolor es suficiente para desencadenar una respuesta mundial ante el hambre y el genocidio”, remataba Fakhri. Como repite desde hace meses la relatora de la ONU, Francesca Albanese, “Israel no detendrá esta locura hasta que nosotros hagamos que se detenga”.