Los nombres que están detrás de la matanza de los jesuitas en El Salvador

Han pasado ya treinta años. En la madrugada del 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados en El Salvador seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres. Fue la matanza que marcó el destino de la guerra civil de El Salvador.

Horas después del crimen, del que se cumple ahora tres décadas, el padre José María Tojeira no tuvo dudas de que a sus compañeros los había matado el Ejército, pese al intento de culpar a la guerrilla.

Tojeira, que desde 1988 era provincial de la Compañía de Jesús para Centroamérica y vivía a unos 40 metros del campus de la Universidad Centroamericana (UCA), donde se perpetró la masacre, escuchó a dos testigos que le confirmaron sus sospechas.

“Yo vi soldados”, le contó Lucía Cerna, empleada de la UCA que se había refugiado en el campus por los intensos combates que sostenían el Ejército y la guerrilla desde el 11 de noviembre, cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanzó la ofensiva “Hasta el tope”, en el marco de la guerra civil (1980-1992).

Un custodió también le dijo a Tojeira que antes del intenso tiroteo en la casa de los jesuitas escuchó voces, eran militares discutiendo las ordenes que llevaban.

“¿Vamos a matar curas o vamos a matar guerrilleros?”, dijo una de las voces. Otra respondió: “Son curas, estos no tienen armas, no hay problema”, relató Tojeira a Efe.

Este 16 de noviembre se cumplen 30 años del asesinato de los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López.

Los soldados también mataron a Elba Ramos, colaboradora de los religiosos, y a su hija adolescente Celina.

A continuación se da cuenta de los nombres de los militares señalados por el crimen:

CORONEL GUILLERMO BENAVIDES

Exdirector de la Escuela Militar condenado en 1991 a 30 años de prisión por dar la orden de asesinar a los jesuitas al comando que irrumpió en la UCA, misma que supuestamente recibió él de sus superiores.

Fue liberado en abril de 1993 por una ley de amnistía, pero lo capturaron en febrero de 2016 por solicitud de la Justicia Española.

Meses después, la Corte Suprema negó su extradición a España y un tribunal colegiado ordenó que cumpliera la condena.

El Supremo desechó una solicitud de indulto y una de conmutación de la pena a raíz de que la masacre es considerada un crimen de lesa humanidad.

TENIENTE YUSSHY MENDOZA

Fue uno de los oficiales que comandó el grupo de militares, también fue condenado a 30 años de cárcel por asesinar a Celina Ramos, quedó en libertad en 1993.

Actualmente es enjuiciado en España, donde la Fiscalía solicita únicamente cinco años de prisión por confesar su participación y comprometerse a reparar los daños.

De regresar a El Salvador, Mendoza debería ir a prisión al igual que Benavides para cumplir su pena por la anulación, en 2016, de la ley de amnistía que lo amparó.

TENIENTE JOSÉ ESPINOZA

Condenado a tres años por conspiración para cometer actos de terrorismo, pena que no cumplió al ser liberado bajo fianza.

SUBTENIENTE GONZALO GUEVARA CERRITOS

Absuelto durante el juicio de los cargos de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo.

Es señalado por el Informe de la Comisión de la Verdad de la Naciones Unidas de 1993 de dar la orden en el terreno de ejecutar a los sacerdotes.

SUBSARGENTO RAMIRO ÁVALOS

Señalado en el referido informe de asesinar a los religiosos Amando López y Juan Ramón Moreno, también fue absuelto en el juicio.

Según publicaciones de la UCA, Ávalos mandó a un soldado a disparar nuevamente contra Elba y Celina, quienes se encontraban malheridas.

Ávalos fue detenido junto a Benavides, Tomás Zarpate Castillo y Ángel Pérez Vásquez en 2016 y quedó libre tras la negación de su extradición a España.

SUBSARGENTO TOMÁS ZARPATE CASTILLO

El informe de la ONU de 1993 señala que Zarpate, absuelto en el juicio que la Justicia internacional considera “simulado”, fue el primero en disparar contra las dos mujeres.

La Corte Suprema de Justicia salvadoreña también negó su extradición.

De acuerdo con reportes de la prensa local, falleció en agosto de 2018 a raíz de una enfermedad crónica.

CABO ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ

Tras su detención, junto a Benavides, Zarpate y Ávalos, permaneció preso hasta el 26 de agosto de 2016, cuando la Corte Suprema ordenó su liberación tras fallar a su favor en la tramitación de la extradición.

En una declaración extrajudicial, según la UCA, confesó haber disparado contra el religioso López y López para “rematarlo”.

SOLDADO ÓSCAR AMAYA GRIMALDI

De acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad, este soldado asesinó a Ellacuría, Martín-Baró y Montes. Le fue encargado un fusil AK-47 para tratar de inculpar a la guerrilla en la masacre.

Fue liberado de todos los cargos, pese a confesar su participación de forma extrajudicial ante una comisión gubernamental que supuestamente investigó los hechos.

SOLDADO JORGE SIERRA ASCENCIO

Fue el único de los militares procesados que no enfrentó el juicio personalmente.

Sierra supuestamente cumplió la orden de Ávalos de disparar nuevamente a Elba y Celina.

TENIENTE CORONEL CARLOS CAMILO HERNÁNDE

Condenado a tres años de prisión por el cargo de encubrimiento real, pena que le fue amnistiada en 1993.

Según el citado informe fue el encargado de organizar el operativo en la UCA.

LOS SUPUESTOS ENCUBRIDORES NO PROCESADOS

El Informe de la Comisión de la Verdad de 1993 concluye que en el encubrimiento de la masacre de los sacerdotes y las dos mujeres participaron al menos tres militares más y un civil.

Se trata del general Gilberto Rubio, los coroneles Manuel Rivas y Nelson López y López, y el abogado Rodolfo Parker, diputado por el partido Demócrata Cristiano (PDC).

CAUSA CONTRA AUTORES INTELECTUALES

Una corte de Paz de San Salvador ordenó en abril de 2018 la reapertura del proceso penal por la autoría intelectual de la matanza.

El Juzgado Tercero de Paz anuló el sobreseimiento dictado en el año 2000 a petición de la Compañía de Jesús, cuyos abogados basaron su petición en la declaración de inconstitucionalidad de la amnistía de 1993.

Los señalados son el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y los generales René Emilio Ponce (fallecido), Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda.

Además de los coroneles Juan Francisco Elena Fuentes e Inocente Orlando Montano, enjuiciado en España y para quien la Fiscalía de ese país ha pedido 150 años de prisión.

La guerra salvadoreña que enfrentó al Ejército, financiado por los Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.