El nuevo terremoto político pone en jaque la democracia de Perú después de tres décadas de presidentes corruptos

Perú vive un nuevo terremoto político y social desde que el Congreso destituyó el pasado lunes a Martín Vizcarra como presidente tras aprobar una moción de censura en su contra por “incapacidad moral” para ejercer el cargo, a raíz de las denuncias por presunta corrupción durante su etapa como gobernador de Moquegua (sur) entre 2011 y 2014. El liberal Francisco Sagasti será el próximo presidente, el tercero en una semana.

El martes asumía como mandatario del país el conservador Manuel Merino, quien hasta entonces presidía el Congreso. Sin embargo su gobierno interino no ha durado ni una semana. El empresario de 59 años ha dimitido después de varios días de intensas protestas en el país donde miles de personas han salido a la calle para pedir cambios en la Constitución, manifestaciones que han sido duramente reprimidas por la policía con gases lacrimógenos y perdigones, causando la muerte de dos jóvenes en Lima, decenas de heridos y 40 manifestantes desaparecidos, según la Coordinadora de Derechos Humanos.

Tras la muerte de esos dos jóvenes en las protestas del sábado, 13 de los 18 ministros del Ejecutivo decidieron renunciar.

Esta nueva crisis ocurre a tan solo cinco meses de que se celebren elecciones generales en el país y en medio de una pandemia que ya deja más de 35.000 fallecidos y más de 928.000 contagios, además de una economía devastada que ha sufrido la peor caída de la historia de su Producto Interno Bruto y en la que abunda el empleo informal. 

Más allá de las formas en las que el Congreso ha destituido a Martín Vizcarra y que muchos consideran un golpe de Estado, y del rechazo que ha provocado el gobierno provisional de Merino, la sociedad peruana también muestra estos días en las calles un hartazgo acumulado por los graves problemas estructurales que afectan al país como son la informalidad, la corrupción y la inseguridad, además de los bajos niveles en educación y sanidad. Pese a la bonanza económica que logró por el boom de las materias primas, Perú no ha logrado terminar con la desigualdad.  Y en cuanto a su democracia, no hay duda de que sigue en peligro.

¿Pero cómo se ha llegado a este punto?

La causal de vacancia (destitución) por “incapacidad moral” es un procedimiento que, pese a estar establecido en la Constitución, es cuestionable jurídicamente y empieza a utilizarse de manera preocupante: como una regla y no como una excepción para gobernar. 

“La cláusula de incapacidad moral, redactada hace más de 100 años, básicamente hace alusión a la incapacidad mental que puede tener un gobernante y se ha utilizado como instrumento político de control con el Ejecutivo. No se trata de un golpe de Estado como los que se han llevado a cabo en las últimas décadas en América Latina, pero sí es una erosión a la democracia”, dice a elDiario.es la politóloga peruana Denisse Rodríguez Olivari, profesora en la Universidad Humboldt de Berlín (Alemania). 

La experta considera oportuno invocar la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA), un documento cuyo objetivo es fortalecer y preservar la institucionalidad democrática y que fue precisamente aprobado en Perú en el año 2001, tras la dictadura de Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.

La moción de vacancia por incapacidad moral ha sido además una medida innecesaria, puesto que la Fiscalía ya había abierto una investigación contra Martín Vizcarra por haber recibido supuestamente sobornos de empresas constructoras cuando ejercía como gobernador de Moquegua. De hecho este jueves declaró ante la Fiscalía y aseguró que va estar en su domicilio “contribuyendo con todas las investigaciones”. Queda aún por ver si el juez valida como ciertos esos hechos. 

Continuos choques entre los poderes Ejecutivo y Legislativo

Las relaciones entre el poder Ejecutivo y el Legislativo de Perú son tensas desde las elecciones de 2016, en las que Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Kambio (PPK), ganó a Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori, cuyo partido, Fuerza Popular, logró la mayoría absoluta en el Congreso, que es unicameral. De ahí que la gobernabilidad fuera complicada desde el principio.

A finales de 2017, Kuczynski superó una moción de censura por sus supuestos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, pero en marzo de 2018, cuando estaba a las puertas de un segundo debate en el Congreso para pedir su destitución, el economista renunció a la presidencia después de que unas grabaciones le relacionaran en la presunta compra de votos de congresistas opositores a cambio de obras públicas. 

Tras la renuncia de Kuczynski, el entonces vicepresidente Martín Vizcarra asumió las riendas del país y enseguida convocó elecciones generales para abril de 2021. El pasado mes de septiembre, el Congreso peruano ya intentó apartarle del poder por una supuesta adjudicación irregular de contratos, pero no hubo votos suficientes para que esa moción de censura saliera entonces adelante.

En septiembre de 2019, Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso dominado por el partido fujimorista después de que la Cámara se negara a suspender una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional y convocó elecciones parlamentarias para enero de 2020. En esos últimos comicios extraordinarios para renovar el Congreso, el fujimorismo dejó de controlar la Cámara. 

“Se esperaba que con ese nuevo Congreso hubiera menos hostilidades entre el poder Legislativo y el Ejecutivo, pero no fue así, ni siquiera con la pandemia”, recordó Rodríguez Olivari, integrante de la Red de Politólogas ‘#NoSinMujeres’.

A lo largo de estos últimos dos años y ocho meses, Martín Vizcarra gobernó Perú sin el apoyo de una bancada propia, pero logró un importante respaldo popular, gracias principalmente a las medidas y reformas encaminadas a combatir la corrupción.

Sin embargo, ese apoyo de la ciudadanía se fue perdiendo con la llegada de la pandemia, debido a algunas medidas que implementó su Gobierno para mitigar los efectos del coronavirus en la economía. Ejemplo de ello es el programa “Reactiva Perú”, que destinó 60.000 millones de soles (14.850 millones de euros), lo que equivale al 8% del PIB del país, para inyectar liquidez a las empresas, pero terminó favoreciendo principalmente a las grandes compañías –incluso a algunas envueltas en escándalos de corrupción– y no a las pequeñas y medianas, que han sido las más golpeadas por esta crisis sanitaria, según explica el politólogo Santiago Mariani, docente de Ciencias Políticas de la Universidad del Pacífico. 

“Fue una enorme transferencia de recursos a grandes empresarios, a grupos económicos que en realidad podían sostenerse por sí mismos. Además, el Gobierno permitió a esas empresas despidos masivos y eso fue un cóctel explosivo que dejó a Martín Vizcarra sin la base de sustentación que había creado. A eso se suma que tampoco tenía apoyos en el Congreso y sus enemigos políticos avanzaron sobre él sacando a relucir esas denuncias, por lo que se debilitó de forma rápida y quedó a merced de las reglas del juego que utilizaron los congresistas”, señaló Mariani.

El flagelo de la corrupción 

Manuel Merino, miembro del partido centro derechista Acción Popular, era el primero en la línea de sucesión para sustituir a Vizcarra y el martes se convirtió en el tercer mandatario peruano en los últimos cuatro años. Su breve gobierno arrancó sin duda con una severa crisis de legitimidad y en medio de una profunda crisis sanitaria y económica.

Merino, además, también fue acusado de corrupción por unos supuestos contratos que beneficiaron a algunos de sus familiares. De los 130 congresistas actuales, 68 están siendo investigados la Fiscalía por diferentes delitos. 

Pero además de Merino y Martín Vizcarra, los cinco últimos presidentes de Perú –incluyendo a Alan García, quien se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por los supuestos sobornos recibidos en el caso Odebrecht- están condenados o procesados por corrupción. 

Alberto Fujimori (1990-2000) cumple actualmente condena por homicidio y corrupción; Alejandro Toledo (2001-2006) fue detenido por corrupción en Estados Unidos y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en ese país mientras se decide su proceso de extradición a Perú; Ollanta Humala (2011-2016) está en libertad condicional, acusado por lavado de dinero vinculado a Odebrecht, mientras que Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) se encuentra en arresto domiciliario también por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña.

El hecho de que varios expresidentes y numerosos políticos estén involucrados en diversos escándalos evidencia que el alcance de la corrupción es profundo en Perú. Sin embargo, no se trata de un problema que haya aumentado en estos últimos años, sino que es un flagelo histórico y sistémico en el país andino, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos.

“En Perú ha habido una combinación de factores: ahora hay una sensibilidad paradójica de nuestra ciudadanía contra la corrupción, especialmente de la juventud y el sector estudiantil, al igual que existen periodistas que develan importantes casos de corrupción en las altas esferas políticas. Y todo eso se combina con que hay un sector de la clase judicial que viene realizando investigaciones más proactivas”, explica a elDiario.es Iván Montoya, profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica de Perú. Ese sector está formado por “equipos de fiscales relativamente jóvenes que, con sus errores y defectos, han ido a fondo con el rol que antes nunca habían asumido en casos que son sumamente complejos”. 

Por su parte, el politólogo Santiago Mariani asegura que en Perú también ha influido de manera decisiva su Constitución Política, redactada en 1993 bajo el mandato de Fujimori. “Con esa Constitución la política como mecanismo de decisión de las demandas públicas quedó arrinconada y la tecnocracia y el poder económico tomaron las riendas de Perú”, dice. A diferencia de otros países de América Latina, donde la política tiene más posibilidades de introducir vetos sobre la actuación de la justicia, “en Perú un político cuestionado no tiene ni partidos que lo puedan defender ni forma de articular algún tipo de defensa que lo pueda blindar”.

El experto confía en que de estas últimas protestas de la ciudadanía que reclaman cambios en el país pueda surgir un movimiento ciudadano capaz de ejercer presión sobre el Congreso y encarrilar la situación hacia unas elecciones libres y justas el próximo mes de abril.

De momento, las protestas continúan en Perú.