Occidente debilita el derecho internacional y dibuja un nuevo (des)orden mundial

Los tribunales de La Haya están dando herramientas a los Estados para fortalecer el derecho internacional frente a las dinámicas del todo vale, de la imposición y la fuerza. Sin embargo, algunas de las naciones occidentales más poderosas no solo las ignoran, sino que las están cuestionando, a pesar de que la mayoría son firmantes del Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional.

Las repercusiones de estos posicionamientos son de enorme gravedad y sus consecuencias están modificando las relaciones internacionales.

Francia protege a Netanyahu

En un comunicado insólito emitido esta semana, el Ministerio de Exteriores francés apeló a una presunta inmunidad —que no es tal— del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y del exministro Yoav Gallant ante las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Además, París afirmó que Francia e Israel son “democracias comprometidas con el Estado de derecho y el respeto a una justicia profesional e independiente”. Sin embargo, la realidad es que ni la Corte contempla inmunidad para este tipo de casos ni Israel respeta la justicia profesional e independiente del Tribunal de La Haya.

Varios medios israelíes han publicado que Netanyahu exigió a Macron esta declaración, a cambio de aceptar la mediación de París para un alto el fuego de 60 días en Líbano, un pacto que no desatasca el conflicto de fondo y que permite la presencia de tropas israelíes en territorio libanés estas primeras semanas.

La contradicción de Francia está resumida en su mismo comunicado, en el que recuerda que el Estatuto de Roma, del que París es firmante, “exige plena cooperación con la Corte Penal Internacional”, pero a continuación señala que hay inmunidades que “se aplican al primer ministro Netanyahu y a otros ministros”. Con ello el Gobierno de Macron pretende alegar que el primer ministro israelí puede esquivar el arresto porque Israel no ha suscrito el Estado de la CPI.

Esta interpretación es errónea, y así lo están subrayando máximos expertos en derecho internacional. El artículo 27 del Estatuto de Roma indica que el mandato de la Corte de La Haya “se aplica por igual a todas las personas sin ninguna distinción basada en su capacidad oficial y, ”en ningún caso, exime a una persona de responsabilidad penal“. Así lo estableció la propia Corte Penal Internacional hace unos años con la orden de arresto contra el expresidente de Sudán, Omar al-Bashir.

Al igual que Rusia o Israel, Sudán no es firmante del Estatuto que rige la CPI, pero eso no eximió a Al-Bashir de una orden de detención. “Netanyahu no tiene inmunidad”, afirmó hace unos días a este diario el exfiscal jefe fundador de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.

Como uno de los 125 países firmantes de la Corte, Francia tiene el deber de cooperar, y “ese deber de cooperación se extiende a dar cumplimiento a las órdenes de arresto”, indica Yasmine Ahmed, directora de Human Rights Watch en Reino Unido.

Varios países europeos expresan su compromiso con la Corte Penal pero evitan confirmar que arrestarían a Netanyahu

Derecho de quita y pon

Para entender qué repercusiones tienen posiciones como la de Francia resulta útil comparar las reacciones occidentales ante las órdenes de arresto contra Vladimir Putin -emitidas hace año y medio- con las de ahora contra Netanyahu.

Estados Unidos, Francia, Alemania y el resto de países de la Unión Europea dieron la bienvenida al dictamen contra Putin y lo acogieron con satisfacción sin cuestionarlo, a pesar de que Rusia tampoco es firmante del Estatuto que rige la CPI. Sin embargo, ahora la respuesta es diferente. El doble rasero es notable.

EEUU no ha suscrito el tratado de la CPI y ha rechazado categóricamente la orden de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. El secretario de Estado, Antony Blinken, llegó a plantear en mayo la posibilidad de sancionar a la Corte Internacional. Washington nunca ha reconocido la jurisdicción de los tribunales de La Haya para crímenes de EEUU o de aliados como Israel.

Los países europeos sí son firmantes del Estatuto de Roma. Por eso no han sido tan tajantes como Washington, pero algunos han manifestado reticencias ante las órdenes de arresto contra Netanyahu.

En Alemania el portavoz del canciller ha dicho que su Gobierno apoya al Tribunal Penal Internacional pero también ha sugerido que no arrestaría a Netanyahu: “Podría estar tentado a decir que me resulta difícil imaginarnos realizando detenciones en Alemania sobre esta base”.

Si Israel puede violar con el permiso de Occidente el andamiaje de la ONU y la ley internacional ¿por qué no va a hacerlo otro?

En términos parecidos se ha expresado el primer ministro neerlandés, Dick Schoof, insinuando que Netanyahu podría visitar Países Bajos sin ser detenido. El ministro de Exteriores de Austria ha ido más lejos y ha indicado que la decisión contra el mandatario israelí “atenta contra la credibilidad” de la CPI.

Otros Estados europeos han subrayado su compromiso con la Corte Penal Internacional, lo cual es lógico, ya que son firmantes del Estatuto, pero han evitado concretar si acatarían la orden de arresto en caso de que el primer ministro israelí pisara su territorio o surcara su espacio aéreo.

Teniendo en cuenta los cuestionamientos expresados públicamente por varios gobiernos europeos, es llamativa la escasez de voces que han defendido de forma específica la necesidad de cumplir la orden de arresto contra el primer ministro israelí. Se han expresado en estos términos dirigentes como la viceprimera ministra de Bélgica o el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya de salida en su puesto.

Occidente antepone la protección de los intereses israelíes al derecho internacional, contribuyendo a su debilitamiento

El Gobierno español ha dicho que “cumplirá con las obligaciones que impone el Estatuto de Roma y el apoyo a dicho tribunal internacional”. “Respetaremos las obligaciones, igual que el resto de los Estados miembros de la Corte Penal”, indicó este jueves el ministro de Exteriores, José María Albares, respondiendo a preguntas de periodistas.

España es firmante del Estado de Roma y, como tal, está obligada a apoyar el mandato de la Corte Penal Internacional. Por tanto, la declaración de Albares se limita a recordar los deberes de nuestro país como integrante del Tribunal de La Haya.

Ante un contexto en el que importantes naciones europeas, de forma inédita, están cuestionando la capacidad de acción del derecho internacional y el cumplimiento del mandato de la CPI, sería interesante que España aclarara cómo se posiciona ante las declaraciones de Alemania, Francia y Países Bajos y qué haría si Netanyahu viajara a territorio español. De momento, Albares ha evitado expresarse en este sentido: “A mí no me gusta hacer política ficción”, contestó esta semana.

Las consecuencias en el orden internacional

¿Por qué son relevantes las ambigüedades de varios países europeos y los límites marcados públicamente al mandato de la CPI? Porque arrojan por la borda la potencial fortaleza del derecho internacional entendido como una herramienta universal, para todos, sin distinción, y porque ponen en cuestión la legitimidad de la Corte, importante organismo de justicia universal.

El empeño de EEUU y sus aliados en respaldar a Israel o en evitar poner obstáculos en su camino arrastra al mundo a un nuevo contexto. Si Israel puede violar el andamiaje de Naciones Unidas y el derecho internacional con el permiso de Occidente o sin su oposición ¿por qué no va a hacerlo mañana otro Estado?

A día de hoy la Unión Europea no ha adoptado ninguna medida de presión contra el Gobierno de Netanyahu. Catorce meses después, el Ejército de Tel Aviv continúa perpetrando masacres en Gaza, mantiene el bloqueo a la entrada de la ayuda necesaria, ocupa ilegalmente y aplica apartheid contra la población palestina. Más de 45.000 personas han muerto por ataques israelíes en Gaza, 17.000 niños y niñas. A pesar de ello, el acuerdo de asociación comercial de la UE con Israel, cuyo artículo 2 exige el respeto a los derechos humanos por las partes, se mantiene vigente.

Francia, Alemania y Países Bajos, pero también otros países europeos que optan por la ambigüedad en sus acciones ante el genocidio en curso, anteponen la protección de los intereses israelíes al derecho internacional, contribuyendo a su debilitamiento.

El doble rasero de EEUU y Europa nos ofrece una foto exacta de un escenario global en pleno cambio, en el que Occidente está poniendo una alfombra roja a una mayor impunidad mientras afirma que es el máximo representante de los derechos humanos, la libertad y el orden civilizado. Algunos gobernantes de grandes potencias creen que esto será en beneficio propio, y hacen caso omiso de los riesgos. El precio de esta contradicción será alto. Hoy lo es ya para la población palestina, mañana podrá serlo para otros.

La elección a la que se enfrentan los aliados de Israel desde hace 14 meses es sencilla: o seguir permitiendo, por acción o por omisión, la masacre de decenas de miles de personas y un contexto provocado de hambre y enfermedades o cumplir con las obligaciones del derecho internacional y los mandatos de los tribunales de La Haya. Algunas de las potencias más importantes siguen decantándose por la primera opción, despejando el camino de la ley de la selva, del más fuerte, del más dispuesto a emplear la fuerza bruta para someter a los otros.