Los ochenta disparos sobre una familia inocente que cuestionan la labor policial del Ejército en Brasil
El músico Evaldo Rosa dos Santos, de 51 años, se trasladaba junto a su familia en su coche hacia una fiesta familiar el domingo 7 de abril. En el asiento del copiloto viajaba su suegro. Atrás, su mujer, su hijo de siete años y una amiga. Los hechos se sitúan en el barrio de Guadalupe, junto al área militar de Deodoro, en el norte de la ciudad. Supuestamente, los soldados confundieron el vehículo con uno robado por delincuentes. No hicieron preguntas, solo apretaron el gatillo. Ochenta disparos. Siguieron disparando ya con Evaldo sin vida sobre el volante, incluso cuando las mujeres consiguieron salir del automóvil para pedir socorro y piedad. El suegro de Evaldo acabó en el hospital, al igual que un vecino que intentó socorrer a las víctimas.
Nadie más que el Ejército investigará la actuación de estos militares. La Administración del expresidente Michel Temer abrió la puerta de par en par para el retorno de las Fuerzas Armadas a la toma de decisiones en Brasil –intervención militar incluida en el estado de Río–. Uno de sus legados es la ley 13.491/2017, que redirecciona estos casos a la Justicia Militar. Fue exigencia de los altos mandos cuando Temer les pidió ayuda en la seguridad pública a través de los decretos de garantía de la ley y el orden.
Mentiras tras el fusilamiento
“La tropa habría reaccionado a una agresión procedente de criminales a bordo de un vehículo”, decía el comunicado del Comando Militar Leste. “Quien comienza mintiendo son los soldados que estaban allí, avalados por un capitán”, aclara para eldiario.es el abogado de la familia, João Tancredo, acostumbrado a este tipo de sucesos. El capitán, a pesar de que familiares y vecinos le aseguraban que acababan de cometer un terrible error, informó a sus superiores. “Si no hubiera habido vídeos, su versión se hubieran transformado en verdad”, censura el abogado.
La intervención federal en la seguridad pública del estado terminó el 31 de diciembre, y no hay en vigor actualmente ningún decreto de garantía de la ley y el orden (GLO). “No hay nada que ampare el uso de las Fuerzas Armadas hoy en tareas policiales”, señala Rodrigo Pacheco, Defensor Público General de Río de Janeiro, que ha recibido a este periódico. “Esto solo demuestra la incapacidad del Ejército de desarrollar trabajo policial, que ya había quedado probado aquí durante la intervención”. En la misma línea se manifiesta el abogado Tancredo: “Esa no es tarea del Ejército. No es su función, ni estamos bajo cualquier ley que les ofrezca esa garantía”. En cambio, el Comando Militar Leste define su presencia como “patrullamiento regular” y se escuda en el emplazamiento: “perímetro de seguridad de la Villa Militar”.
Tras este tipo de tragedias, en las que la población negra y pobre es la peor parada, casi siempre se presenta el escollo de la impunidad. En la mayoría de las ocasiones prima el controvertido “auto de resistencia”, por el cual la mayoría de los procesos no llegan ni a arrancar. Los agentes alegan legítima defensa –lo intentaron con estos ochenta disparos– y la causa se archiva de inmediato.
“Defendemos que como no era una actividad dentro del decreto de garantía de la ley y el orden, el caso no es competencia militar”, explica el abogado. “El área tampoco es área militar, así que vamos a solicitar la incompetencia de la Justicia Militar”. Respecto a la modificación legislativa en la era Temer, el defensor público no se conforma: “Es muy grave. Hay una acción directa de inconstitucionalidad propuesta por el Ministerio Público Federal y por la Procuradora General de la República, pero el Supremo no la juzga”.
Tanto el abogado de la familia como el defensor público general acusan directamente a las autoridades al tratar de explicar cómo los agentes del Estado campan a sus anchas en el Brasil de hoy. “Da la impresión de que en el caso de que hubieran matado posibles delincuentes estaría todo permitido y autorizado”, se queja João Tancredo. “Autorizado por Bolsonaro, autorizado por el gobernador Wilson Witzel, que manda 'apuntar a la cabecita y disparar'. Eso es permitir ejecuciones, permitir el incumplimiento de la ley. Asusta mucho que un exjuez (Witzel) y un capitán en la reserva (Bolsonaro) proclamen el incumplimiento de la ley”.
Jair Bolsonaro, Wilson Witzel y João Doria (gobernador de São Paulo) acostumbran a felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando acaban con la vida de delincuentes. “Estimulan a la tropa y la liberan para este tipo de comportamientos”, insiste el abogado. “Es muy irresponsable. Cuando un Jefe de Estado tiene ese discurso, también tiene que comenzar a responsabilizarse”.
En las actuales esferas de poder, según la opinión de Rodrigo Pacheco, defensor público, “predomina el incentivo. Esto solo es el retrato, la consecuencia, del proyecto electoral vencedor al final del año pasado”. Pone como ejemplo otra de las últimas masacres, la de la favela de la Fallet, en el barrio de Santa Teresa, el pasado mes de febrero. En aquella ocasión la Policía Militar acabó con la vida de quince jóvenes supuestamente relacionados con el tráfico de drogas. El gobernador Witzel declaró que se había tratado de una “acción legítima”. El diputado Rodrigo Amorim, del partido de Bolsonaro, homenajeó a los policías en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Con estos ochenta disparos, ironiza Pacheco, ha habido “un silencio ensordecedor”.
La segunda fase de la investigación militar de los hechos tuvo lugar el día 10 de abril, con la audiencia de custodia relacionada con la prisión preventiva de los diez militares envueltos en el tiroteo. Según el Comando Militar Leste, se decretó la permanencia en dependencias del Ejército de “nueve de esos militares”. Reconocen también lo que ellos denominan “desinformación inicial, prontamente corregida”.
