La OMC llega a un acuerdo limitado sobre las patentes de las vacunas contra la COVID-19 que decepciona a las ONG

Los países que forman parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha llegado in extremis a un acuerdo limitado en lo relativo a la exención de las patentes para las vacunas contra la COVID-19 después de una intensa reunión ministerial de seis días en Ginebra. La decisión llega tras más de 20 meses de debates encallados en torno a la propuesta inicial de India y Sudáfrica y deja fuera, al menos por el momento, los tratamientos y diagnósticos relacionados con la COVID-19. Mientras que la OMC celebra el acuerdo, activistas y organizaciones de la sociedad civil han expresado su decepción por lo que consideran un fracaso y creen que no mejorará el acceso mundial a las herramientas contra el virus.

De acuerdo con la decisión adoptada por la conferencia ministerial de la OMC, su máximo órgano de decisión, un país podrá autorizar el uso, sin el consentimiento del titular de los derechos, de la materia de una patente –que incluye los ingredientes y procesos de fabricación– requerida para la producción y el suministro de vacunas contra la COVID-19 “en la medida necesaria” para hacer frente a la pandemia. Es decir, a grandes rasgos, habilita la posibilidad de que un país permita a una empresa utilizar una patente sin la autorización del propietario y sin temor a acciones legales.

Pero el acuerdo está lejos de la propuesta original de exención de octubre de 2020, apoyada por decenas de países empobrecidos y más ambiciosa, que pedía renunciar temporalmente no solo a la protección de la propiedad intelectual sobre las patentes, sino también a los secretos comerciales, los derechos de autor y los diseños industriales.

Solo para las vacunas

A diferencia de lo que reclamaban inicialmente India y Sudáfrica, la medida solo se aplica a las vacunas, aunque finalmente se ha abierto la puerta a que, en un plazo máximo de seis meses, los países decidan sobre su ampliación para cubrir la producción y el suministro de diagnósticos y tratamientos de COVID-19, algo por lo que habían venido empujando algunos miembros, como los del grupo africano, y que ha sido uno de los puntos críticos del debate, según explicaron fuentes comerciales a elDiario.es. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también había pedido una exención que se extendiera a estas otras herramientas.

“La ampliación del alcance de los productos será importante para que esta decisión tenga sentido”, ha escrito en Twitter Ellen't Hoen, directora de Medicines Law & Policy, que reúne a expertos en el campo del acceso a los medicamentos y piensa que la decisión es un “compromiso diplomático” que no se materializará.

No está claro el efecto que tendrá. Expertos y activistas por el acceso a medicamentos creen que la decisión habría sido más útil para las tratamientos y otras tecnologías sanitarias, y creen poco probable que la renuncia a los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas sea todo lo que se necesita para facilitar su desarrollo y producción, ya que también es necesaria la transferencia de conocimientos técnicos. “Es difícil imaginar algo con menos beneficios que esto como respuesta a una emergencia sanitaria mundial”, ha dicho James Love, director de la organización Knowledge Ecology International, en referencia al acuerdo.

Otro de los elementos a despejar era la duración, que se planteaba entre tres y diez años. Finalmente, la medida se podrá aplicar durante los próximos cinco años, prorrogables en función de las circunstancias de la pandemia. Se revisará anualmente.

No todas las naciones pueden hacer uso de ella, y este ha sido otro de lo puntos controvertidos. Podrán hacerlo los países en desarrollo, aunque “se alienta” a los que tengan capacidad “existente” de fabricación de vacunas a “comprometerse de forma vinculante” a no acogerse a la decisión. Los ojos aquí están principalmente sobre China, que el 10 de mayo expresó su voluntad de no beneficiarse. En el documento aprobado, se ha optado por esta fórmula en lugar de la opción de excluir a los países en desarrollo cuyas exportaciones representaran en 2021 más del 10% de las exportaciones mundiales de dosis, algo que afectaba directamente al gigante asiático.

En un primer análisis, el Medicines Law & Policy señala que los países con capacidad de fabricación son precisamente los que con mayor probabilidad podrán poner en práctica la decisión y cree que las consecuencias de esta limitación “podrían ser incluso más graves si la decisión se amplía para incluir la terapéutica y el diagnóstico”. “Desde el punto de vista de la salud pública, lo ideal es que los países con capacidad de producción hagan pleno uso del nuevo mecanismo y puedan fabricar y exportar rápidamente”.

Tras más de un año de negociaciones estancadas, el documento que ha dado pie al acuerdo surgió en mayo de un proceso informal llevado a cabo con el llamado 'Quad' –Unión Europea, India, Sudáfrica y Estados Unidos–. La organización multilateral funciona por consenso y en todo este tiempo han seguido existiendo diferencias importantes sobre cómo adaptar las normas comerciales internacionales destinadas a proteger los derechos de propiedad intelectual –el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)– en respuesta a la pandemia, con Reino Unido y Suiza entre los países más reticentes, según fuentes de Ginebra. En la reunión de los últimos días, los ministros han estado estudiando un texto entre corchetes, por ejemplo sobre el alcance, hasta llegar a la versión actual del proyecto de decisión ministerial, que incluye varios cambios.

Las negociaciones tuvieron que ampliarse un día más para poder llegar a un acuerdo. “Muchos dudaron de que la OMC pudiera llegar a un resultado sobre una exención de los ADPIC para la propiedad intelectual de las vacunas COVID-19. Lo hemos conseguido”, ha tuiteado Katherine Tai, representante de Comercio Exterior estadounidense. “Las conversaciones fueron largas y difíciles, pero llegamos a un resultado significativo para conseguir más vacunas seguras y eficaces para los que más lo necesitan”.

Tras la conferencia, que ha desembocado en el denominado el “paquete de Ginebra” –que también contiene una serie de decisiones sobre las subvenciones a la pesca, la seguridad alimentaria y la agricultura, y la reforma de la OMC–, la directora general de la organización, Ngozi Okonjo-Iweala, ha defendido que el acuerdo “contribuirá a los intentos en marcha para desconcentrar y diversificar la capacidad de fabricación de vacunas, de modo que una crisis en una región no deje a otras aisladas”. En una rueda de prensa, dijo: “Ahora tenemos algo en la mano”.

La Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos ha emitido una declaración en la que califica el acuerdo como una “señal peligrosa”.

Fuertes críticas de las ONG

Varias voces de la sociedad civil han expresado su decepción con el acuerdo, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las organizaciones que más ha abogado por la exención como solución a la disparidad en la vacunación mundial, y cree que la decisión de insuficiente. MSF reconoce que se han introducido algunos cambios en el acuerdo que “mitigan algunos de los elementos más preocupantes del texto anterior presentado en mayo”. “Pero, en general, nos decepciona que no se haya podido acordar una verdadera exención de la propiedad intelectual, como la propuesta en octubre de 2020, que cubriera todas las herramientas médicas para la COVID-19 y que incluyera a todos los países, y nos decepciona que esto no se haya ni siquiera logrado a pesar de sufrir los efectos devastadores de una pandemia que se ha cobrado la vida de más de 15 millones de personas en todo el mundo”. 

A su juicio, este acuerdo no ofrece, en general, “una solución eficaz y significativa” para ayudar a aumentar el acceso de las personas a las herramientas médicas necesarias durante la pandemia, “ya que no renuncia de forma adecuada a la propiedad intelectual de todas” ellas y no se aplica a todos los países. “Las medidas esbozadas en la decisión no abordarán los monopolios farmacéuticos ni garantizarán un acceso asequible a las herramientas médicas que salvan vidas”. La organización humanitaria teme que siente un “precedente negativo” para futuras crisis sanitarias. 

En la misma línea se ha expresado la Salud por Derecho, que junto a casi 300 organizaciones de todo el mundo, ha lanzado una declaración conjunta en la que critican con dureza a la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos por, dicen, “su rol principal en el bloqueo de una exención propuesta” hace por Sudáfrica e India y tachan el acuerdo de “escandaloso fracaso”.

Según el Medicines Law & Policy, las características más amplias de la exención propuesta por India y Sudáfrica se perdieron cuando, tras el giro de EEUU en mayo de 2021, la UE presentó su contrapropuesta, que se centraba en el uso de las llamadas flexibilidades existentes en los ADPIC de las licencias obligatorias –un proceso que muchos países han argumentado que es muy engorroso– y esta “se convirtió en el núcleo del borrador” que se ha puesto delante de los ministros. Cuando se conceden las licencias obligatorias, un gobierno permite a los fabricantes genéricos producir sin autorización del propietario de las patentes –a quienes obliga a licenciarlas de manera “no voluntaria”–.

A juicio del Medicines Law & Policy, la decisión que ahora se adopta permite a un país de la OMC que reúna los requisitos necesarios utilizar una patente relacionada con las vacunas sin el consentimiento del titular de los derechos –que, según matizan, es una licencia obligatoria–, utilizando cualquier mecanismo legal nacional, como una orden ejecutiva, un decreto de emergencia, una autorización de uso gubernamental u órdenes judiciales o administrativas. “Esto puede hacer que la emisión de una licencia obligatoria sea fácil y rápida y ayudará a los pocos países que actualmente no tienen mecanismos de licencia obligatoria viables, pero no amplía sustancialmente el espacio legal que los países ya tienen bajo los ADPIC”.

“No olvidemos que las discusiones sobre la exención en la OMC tienen su origen en la negativa de empresas como Pfizer y Moderna a compartir su propiedad intelectual, tecnología y conocimientos técnicos para la fabricación de la vacuna contra la COVID, incluso con plataformas de intercambio de tecnología como el Pool de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP( de la OMS y el Centro de Transferencia de Tecnología de Vacunas”, dice la organización, que cree que si la decisión contribuye a empujar a las empresas a compartir la propiedad intelectual y los conocimientos técnicos de fabricación necesarios en el futuro para producir medicamentos y vacunas, “puede que no todo haya sido en vano”. De momento, en su opinión, no quedan más recursos.

Vanessa López, directora de Salud por Derecho, ha dicho que la decisión reitera en gran parte derechos ya establecidos respecto a las licencias obligatorias e “incluso añade inexplicablemente más barreras administrativas al uso de las flexibilidades existentes”. Para James Love, el acuerdo es un resultado “limitado y decepcionante” en general “que se describe con mayor precisión como una excepción estrecha y temporal a una restricción a la exportación, no una exención”. También cree el periodo de cinco años limita severamente la utilidad de la medida. Sin embargo, aunque no espera que el texto afecte a la desigualdad en lo relativo a las vacunas, cree que hay algunos resquicios de esperanza, entre otras razones porque devuelve la atención a los gobiernos nacionales para que muevan ficha.

La vacunación mundial contra la COVID ha estado marcada por enormes disparidades. Según la OMS, alrededor de tres cuartas partes de los trabajadores sanitarios y de las personas mayores de 60 años se han vacunado en todo el mundo, pero estas tasas son mucho más bajas en los países de bajos ingresos. Casi 18 meses después de la administración de la primera vacuna, más de 60 países aún no han alcanzado una cobertura del 40%. En estos momentos, la oferta de vacunas es suficiente, según dijo hace unos días el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus. La OMS y otros actores han explicado que, en muchos países, la variante ómicron ha reducido el riesgo percibido del virus y las personas y los gobiernos se centran en otras prioridades de salud.