Si hay una lección que debería haber enseñado el coronavirus es que se multiplica cuando se baja la guardia. Y la llegada del invierno, con más actividades a puerta cerrada y menos al aire libre, unido al efecto del frío y al relajamiento de las restricciones en la UE, abonan un avance de la pandemia que se ha tornado en pánico con el descubrimiento de la variante ómicron, en principio más contagiosa y calificada de “riesgo alto o muy alto” por la Unión Europea. Hasta tal punto es así, que los primeros análisis avanzan que “en pocos meses” la mayoría de los contagios pueden ser de ómicron.
Nueva ola, invierno, víspera de Navidad y mutación descontrolada. Con este escenario la Comisión Europea intenta, como siempre, mantener una coherencia en las aproximaciones y respuestas de los 27. Da orientaciones, pero a veces esas orientaciones son más fruto de por dónde va el apetito de los 27 que con lo que ha estado defendiendo meses atrás.
El avance de la pandemia y ómicron amenazan la unidad de los 27 en la medida en que, uno de los valores más señalados de la Unión Europea, la libre circulación de bienes y personas se está viendo limitada de forma desigual en el momento en el que Portugal pide pruebas PCR para entrar en el país, independientemente del certificado de vacunación.
Lisboa tiene el resorte legal del “freno de emergencia” previsto en las orientaciones de Bruselas, unido al hecho de que las competencias en fronteras son de los Estados.
Es más, pocas horas después de que Bruselas, el jueves 25 de noviembre, defendiera unos criterios comunes para terceros países, se apresuró a pedir la suspensión de los vuelos con siete países del sur de África por miedo a la variante ómicron. La petición de la Comisión Europea llegó después de que algunos Estados miembros, por su cuenta y riesgo, hubieran anunciado ya esa decisión, que terminaron acordando los 27 el viernes 26 por la tarde.
Y si las competencias en fronteras son de los Estados, resulta que pasa lo mismo en lo relativo a la salud. Así, el verano pasado Francia fue de los primeros en exigir el certificado de vacunación para entrar en lugares públicos, cosa que se ha extendido en más países y que aún genera controversia en algunos juzgados españoles.
Pero en eso no hay un criterio común. Igual que tampoco lo hay en cuanto a los cierres o no de locales públicos: Bélgica, con una incidencia diez veces mayor que España, por ejemplo, mantiene los restaurantes y los bares abiertos hasta las 23.00, pero no el ocio nocturno. Sin embargo, entre octubre y mayo pasados, la restauración permaneció completamente cerrada.
El debate de la vacunación obligatoria
El debate está abierto. Hay países en los que puede generar problemas constitucionales, pero la evidencia de que las vacunas reducen el número de casos graves y de muertes está empujando a muchos gobiernos a imponer la vacunación obligatoria o, al menos, estrechar el cerco de los no vacunados.
El último caso es el del país más grande de la UE, Alemania. El Gobierno federal ha planteado implantar la vacunación obligatoria contra la COVID-19 el próximo febrero, tal y como ha anunciado la canciller saliente, Angela Merkel, así como otras medidas restrictivas para las personas que no se han vacunado.
La medida la tendrá que decidir la cámara baja alemana, aunque el futuro canciller alemán, Olaf Scholz, ya se mostró a favor de la obligatoriedad de las dosis anti COVID.
Respecto al endurecimiento de las medidas: se cerrará el ocio nocturno cuando la incidencia supere ciertos niveles, y los ciudadanos vacunados solo podrán mantener contacto de manera limitada con personas fuera de su núcleo familiar. De esta manera, los encuentros privados de los no vacunados solo se darán entre su núcleo familiar y otras dos personas de otra burbuja de convivencia.
“Hay 150 millones de europeos que no se vacunan”, dijo de forma tajante esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la presentación de una comunicación en respuesta a la variante ómicron que viene a repetir lo ya dicho por el Ejecutivo comunitario en el pasado.
“Vacúnense, pónganse la dosis de refuerzo, mantengan la distancia social y lleven mascarilla”, resumió Von der Leyen el miércoles, además de anunciar que la vacuna de Pfizer para niños a partir de cinco años estará disponible en la UE a partir del 13 de diciembre. Además, ha dicho que de aquí a marzo habrá vacunas de sobra en los 27 para vacunar a toda Europa con la dosis de refuerzo.
“A título personal”, dijo Von der Leyen al ser preguntada sobre la vacunación obligatoria, que están imponiendo algunos países, “hace dos años no habríamos imaginado esta horrible pandemia, tenemos vacunas que salvan vidas pero no se usan, y esto conlleva un coste sanitario enorme. El 66% de la población europea está vacunada, eso quiere decir que hay un tercio, 150 millones, que no lo están. Es verdad que hay niños pequeños y otras personas que no pueden vacunarse por alguna enfermedad. Pero es verdad que éste es un debate comprensible y apropiado que debemos afrontar. Necesita una discusión, una aproximación común y una discusión que debemos tener”.
Una vacunación que se hace imprescindible, además, para mantener vivo el certificado europeo, que sigue abriendo las puertas a la movilidad dentro de la UE y que Bruselas quiere que caduque a los nueve meses de la pauta completa si no se aplica la dosis de refuerzo. Eso sí, hace apenas tres meses, la Comisión Europea decía que no era “urgente” aplicar dosis de refuerzo, al margen de para personas con problemas inmunológicos o mayores de 65 años.
Desigualdad de dosis
¿Y cuál es la foto global? Que la mayoría de las personas inmunizadas, ahora ya con terceras dosis, son principalmente de naciones ricas, muy avanzadas en cobertura y con un amplio suministro, lo que contrasta con la vacunación aún rezagada en algunas de las partes más pobres del mundo y refleja una nueva arista de las disparidades que han marcado el avance de la vacunación global.
Hasta finales de noviembre se habían administrado más de 170 millones de dosis de refuerzo en el mundo, la inmensa mayoría en países de renta alta y media-alta, según el análisis de elDiario.es de las cifras recopiladas por Our World in Data (OWID). Según cifras facilitadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 92 naciones han confirmado hasta ahora programas de refuerzo o dosis adicionales, incluyendo a aquellos que no los han iniciado aún. Ninguna es de ingresos bajos.
El ritmo ágil de administración de las terceras dosis contrasta con el lento avance de la vacunación en las regiones más empobrecidas. A día de hoy, en los países de renta alta se ha administrado un refuerzo a casi un 7% de la población. Este porcentaje supera el de habitantes en países de renta baja que han recibido al menos una dosis de la vacuna (5,3%) e incluso duplica la proporción de los ciudadanos de países pobres que han completado la pauta básica (3%).
En términos absolutos, hay 84 millones de vacunados con dosis extra en los países ricos y 34 millones con al menos una inyección en los países pobres. En términos porcentuales, las diferencias se acortan porque hay más población en los países ricos que en los pobres. En los de mayores recursos también hay más población envejecida, que suele ser la prioritaria para los refuerzos.