Honduras no asigna recursos suficientes para proteger los derechos humanos, pero invierte alrededor de 9 millones de dólares al año en la compra de armas y municiones, indicó este jueves el no gubernamental Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
El presupuesto del Mecanismo Nacional de Protección de defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia de Honduras, que ronda los 1.000 millones de dólares al año, ha aumentado un 116 % entre 2016 y 2018, según el organismo hondureño.
Sin embargo, esa asignación de recursos es “sumamente limitada para garantizar la integridad física y moral de quienes velan por los derechos humanos” en el país, añadió.
“El Estado de Honduras invierte más en comprar armas, municiones y accesorios policiales y militares, en lugar de invertir en educación y salud”, dijo a Efe Alejandro Kafatti, economista del Fosdeh.
El presupuesto de Honduras para 2019 ronda los 10.680 millones de dólares, de ellos el 9,6 % se destina a salud y el 19,6 % a educación.
En Honduras “no se está ejecutando presupuesto en protección de derechos humanos”, lo cual afecta “finalmente el bienestar social, crecimiento económico y la atracción de inversiones”, subrayó Kafatti en el foro“El presupuesto público y los derechos humanos: una Agenda pendiente”..
“Es necesario de que en la agenda del presupuesto se incluya el respeto de los derechos humanos, hay que recordarle a quienes toman las decisiones que Honduras ha suscrito acuerdos sobre esos derechos”, enfatizó el economista.
Destacó que en los últimos 14 años Honduras ha invertido “un promedio de 9 millones de dólares” anuales en la compra de armas, municiones y equipo para el Ejército y la Policía Nacional.
“El presupuesto de educación y salud ha venido disminuyendo en los últimos años, mientras que el de defensa y seguridad ha crecido, entonces vemos que la prioridad presupuestaria del Gobierno no es el bienestar de la población”, subrayó.
La disminución del presupuesto de salud y educación supone “una marcada deficiencia” en los sistemas educativos y sanitarios, añadió.
Pese a la inversión en seguridad y defensa, en el país centroamericano persisten “indicadores de inseguridad, injusticia e impunidad”, señaló el Fosdeh.
El país vive una crisis política, social y económica que se ha agudizado en las últimas semanas con protestas promovidas por médicos y maestros aglutinados en la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación que exigen mejorar en los dos sistemas.
Las protestas de los maestros y médicos iniciaron en mayo pasado luego de que el Parlamento aprobó en abril dos decretos ligados a la educación y salud pública que, según ellos se orientaban a privatizar esos dos servicios públicos.
El Gobierno derogó el 2 de junio los dos decretos, pero las protestas, algunas de ellas violentas, no han cesado, mientras que los médicos y maestros iniciaron la semana pasada un “Diálogo alternativo ciudadano” orientado a mejorar los sistemas de educación y la salud.
El diálogo es en paralelo a otro que promueve el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández, en el que no participan los maestros y médicos de la plataforma, porque consideran que es “falso”.