Las incautaciones de productos médicos de calidad inferior y falsificados, incluido el equipo de protección personal como las mascarillas, aumentaron por primera vez en marzo de 2020. Una tendencia que la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) ha atribuido esta semana a la enorme demanda generada en un período de tiempo relativamente corto debido a la pandemia de COVID-19.
En un informe publicado el pasado miércoles, la oficina especializada asegura que la expansión internacional de la enfermedad ha sido el catalizador de un mercado mundial “hasta ahora desconocido” para el tráfico de equipos de protección personal (EPP). Explica, asimismo, que hay pruebas del tráfico de otros productos, pero no en la misma medida y considera que es esperable que, a medida que se disponga de un tratamiento y se consiga una vacuna contra la COVID-19, el foco de atención de las estafas y el comportamiento delictivo, también online, se desplazarán hacia estos productos, con los consiguientes riesgos para la salud.
En lo que considera un análisis preliminar, la UNODC indicaa que los delincuentes y ciberdelincuentes han aprovechado estos meses de pandemia y crisis sanitaria para hacer negocio, y que lo hicieron rápidamente en un momento de escasez. “Al comienzo de la pandemia, la demanda de medicamentos productos, incluidos los equipos de protección, para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, superó repentinamente el suministro. Los grupos criminales se adaptaron rápidamente suministrando productos médicos falsificados y de baja calidad y ofreciendo suministros inexistentes de productos a estafar a individuos y organismos [públicos] de adquisición”.
La presión sobre los sistemas sanitarios para hacerse con suficientes equipos para las necesidades de todo un país creó una oportunidad, señala el informe, para que los delincuentes se aprovecharan de la situación y suministrar EPP de calidad inferior y falsificado con “menores controles de buena gobernanza”.
El documento, de treinta páginas, concluye que esta situación, además de debilitar la capacidad de respuesta de los organismos, también supone un peligro para la salud pública, ya que los productos pueden no tratar adecuadamente la enfermedad o facilitar el desarrollo de resistencia a los medicamentos, alertan.
En concreto, los productos que más comúnmente han sido falsificados y que han circulado por este tipo de mercados son: mascarillas, desinfectantes de manos, kit de diagnósticos, batas quirúrgicas, termómetros, equipo médico, oxígeno. En definitiva, un gran número de productos que se volvieron parte del día a día desde el estallido de la pandemia.
En la lista también se incluye la cloroquina, un medicamento que se utiliza como tratamiento contra la malaria y para casos concretos de lupus y artritis reumatoide. La OMS ha mostrado su preocupación por las personas que se automedican con este medicamento, cuya eficacia para la COVID-19 no ha sido demostrada.
Como soluciones a esta situación, el texto enumera en varias ocasiones que la coordinación internacional y el desarrollo de un marco regulatorio son dos aspectos claves para perseguir este tipo de delitos. “La ausencia de un marco regulador efectivo y completo en algunos países, incluida la capacidad técnica débil, el acceso restringido y la supervisión ineficaz para abordar los productos médicos de calidad inferior y falsos, no solo es un riesgo para esos países; también es un desafío para la comunidad global”.
De Alemania a Nigeria
El informe recoge los resultados de operaciones a gran escala de la Interpol y algunos de los casos más destacados. En marzo, las autoridades sanitarias alemanas contrataron a dos empresas de venta en Suiza y Alemania mascarillas por valor de 15 millones de euros, a través de un sitio web clonado de una empresa “aparentemente legal” en España. Un mes después, en abril, el gobierno de Eslovenia hizo un pedido de 3 millones de mascarillas a una empresa en Bosnia y Herzegovina, pagando un adelanto de 300.000 euros. El pedido nunca fue entregado y las autoridades sospechan de fraude y blanqueo de dinero.
En Nigeria, las autoridades nacionales confirmaron una alta proliferación de cloroquina en el país, lo que indica que la producción de productos farmacéuticos de poca calidad y falsificados podría estar en aumento, de acuerdo con el informe. En Argentina, investigaron a una organización que fabricaba gel desinfectante de manos, mascarillas y otros equipos como mascarillas que no estaban autorizados para su distribución.
Otras de las conclusiones de la memoria es que el aumento de los ataques cibernéticos –que esperan que continúen– se correlacionan con la propagación de la COVID-19, siendo el más común la estafa. En cuanto a las amenazas online, Naciones Unidas identifica algunos focos principales de riesgo como las paginas web fraudulentas, phishing y ataques de malware. Las páginas web fraudulentas ofrecen productos de dudosa efectividad y hacen creer a los compradores que su venta es legal; el phishing, a través del correo electrónico, roba al usuario información personal; y los ataques de malware amenazan a las víctimas con publicar datos personales o bloquear el acceso del usuario a menos que se pague un rescate.
Según recoge el informe, en los primeros cuatro meses de 2020 se detectaron en los Emiratos Árabes Unidos 1.541 ciberataques relacionados con la COVID 19, entre ellos 775 amenazas de malware, 621 ataques de spam por correo electrónico y 145 ataques a URL. Las autoridades británicas dijeron en marzo de 2020 eliminó más de 2.000 estafas relacionadas con el coronavirus, entre ellas 471 tiendas falsas online que vendían artículos fraudulentos relacionados con COVID-19. En abril, la policía francesa eliminó 70 páginas web fraudulentas que afirmaban vender cloroquina. En Estados Unidos, las estafas relacionadas con el virus ascendieron a aproximadamente 13,4 millones de dólares desde principios de enero a mediados de abril de 2020 y han afectado a más de 18.000 ciudadanos.
Operación Pangea: incautados 14 millones de dólares
En marzo, la Interpol coordinó la Operación Pangea XIII, destinada a contabilizar las ventas online ilegales de medicamentos y productos sanitarios. Autoridades policiales y sanitarias de 90 países participaron en esta acción conjunta que tuvo como resultado 121 arrestos en todo el mundo y la incautación de 14 millones de dólares –más de 12 millones de euros– en productos farmacéuticos potencialmente peligrosos.
En datos, inspeccionaron 4,4 millones de productos farmacéuticos, más de 37.000 dispositivos médicos y más de 300.000 paquetes. Como resultado de la operación, identificaron 2.000 páginas web que publicitaban productos médicos relacionados con la COVID-19, siendo la mascarilla el producto más vendido online.
En comparación con una operación anterior en 2018, la Interpol informó del aumento de aproximadamente el 18% en las incautaciones de medicamentos antivirales no autorizados y un aumento de más del 100% en las incautaciones de cloroquina no autorizada.