La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado este martes que el régimen talibán, que recuperó el poder en Afganistán hace cuatro meses tras 20 años de conflicto, ha ejecutado al menos a 72 personas ligadas al anterior Gobierno y a sus fuerzas de seguridad, pese a la amnistía general que prometió.
“Entre agosto y noviembre hemos recibido denuncias fiables de más de cien asesinatos de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad y personas asociadas con el anterior Gobierno, y al menos 72 de ellas pueden atribuirse a los talibanes”, ha señalado la alta comisionada adjunta de la oficina de Naciones Unidas, Nada Al-Nashif.
En algunas de estas ejecuciones extrajudiciales “los cadáveres fueron mostrados públicamente, lo que ha exacerbado el miedo en una importante parte de la población”, ha añadido Al-Nashif en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos para hacer un seguimiento de la crisis en Afganistán.
Al menos otros 50 ejecutados extrajudicialmente eran miembros de la rama afgana del grupo terrorista Estado Islámico, cuyos abusos recientes contra la población civil también fueron condenados por la oficina de la ONU.
En estos casos se usaron “métodos brutales de ejecución que incluyeron ahorcamientos y decapitaciones”, ha subrayado la número dos del alto comisionado.
Al-Nashif también ha mostrado la preocupación de Naciones Unidas por el reclutamiento de niños por parte del régimen talibán y el Estado Islámico, que se advierte en la creciente presencia de menores en controles de seguridad, puestos de combate o incluso utilizados como guardaespaldas.
La situación de las mujeres
La alta comisionada adjunta ha manifestado profunda inquietud por el retroceso en los derechos de mujeres y niñas en Afganistán desde la llegada de los talibanes.
Aunque el reciente decreto del 3 de diciembre sobre derechos de las mujeres presentado por los talibanes “es una señal importante, aún deja muchas cuestiones sin resolver”, ha destacado Al-Nashif, quien ha puntualizado que no aclara por ejemplo si habrá una edad mínima para contraer matrimonio o garantizará el acceso a la educación o el empleo.
De los 4,2 millones de niños que actualmente no van a la escuela, un 60% son niñas, ha recordado Al-Nashif, añadiendo que se ha prohibido a las mujeres ejercer la mayoría de los trabajos, exceptuando algunas labores sanitarias, educativas o de asistencia.
Se han cerrado los comercios operados por mujeres, impidiendo el acceso de éstas al mercado, y “muchas tienen que ir acompañadas por un pariente masculino si salen de su domicilio”, criticó la alta comisionada adjunta.
Al-Nashif también mostró preocupación por las denuncias de expulsiones forzosas de la minoría étnica hazara, y por los ataques a periodistas y activistas de la sociedad civil, con la menos una decena de asesinatos y 59 detenciones arbitrarias.
“El respeto de los derechos fundamentales y la libertad de todo el pueblo afgano es vital para garantizar la estabilidad, y no hacerlo llevará inevitablemente a más descontento, frenando el desarrollo del país”, ha advertido la número dos de la oficina de la ONU.
En la sesión no intervino ningún representante del régimen talibán, no reconocido por ahora por las instituciones de Naciones Unidas, pero sí el embajador afgano ante la ONU en Ginebra, Nasir Ahmad Andisha, designado por el anterior Gobierno del país.
El delegado aseguró que la toma de Afganistán por los talibanes “ha supuesto un retroceso de dos décadas en la promoción de los derechos humanos en el país” mientras el movimiento islamista “comete una letanía de abusos con total impunidad”.
“El pueblo afgano ha demostrado que no aceptará la imposición de cualquier tipo de totalitarismo y que quiere tomar parte activa en el futuro del país”, señaló el embajador, quien agradeció a las Naciones Unidas que no acepte una representación talibán ante sus instituciones.