Todos los partidos de la oposición chilena ha presentado este miércoles en la Cámara de Diputados una acusación constitucional (juicio político) para destituir al presidente del país, Sebastián Piñera, tras las supuestas irregularidades en la venta de un proyecto minero desveladas en los Papeles de Pandora.
“Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación”, ha dicho el diputado socialista Jaime Naranjo, rodeado de representantes de todas las bancadas opositoras.
Para Tomas Hirsch, del izquierdista Acción Humanista, la acusación constitucional “marca un hito histórico” en Chile y fue presentada por “la oposición completa, unida, con convicción, con certeza, con responsabilidad y con todos los antecedentes en la mano”.
“Tenemos que tomar decisiones pensando en Chile y no es soportable tener un presidente acusado de esta manera por delitos de corrupción”, ha añadido el democristiano Gabriel Ascencio.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados –el órgano encargado de establecer si la acusación es o no viable–, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, institución que actúa como jurado y declara si el acusado es culpable o inocente de aquello que se le imputa.
El objetivo es que el libelo acusatorio, que previsiblemente contará con los votos en la Cámara baja, llegue al Senado antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre.
Cohecho y delitos tributarios
La Fiscalía chilena abrió la semana pasada una investigación por cohecho y delitos tributarios presuntamente cometidos por Piñera en la venta en 2010 en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas de una parte de sus acciones en el megaproyecto Minera Dominga.
Según reveló en los Papeles de Pandora el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, el pago de Minera Dominga debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos.
La protección ambiental, que finalmente no se decretó, dependía de Piñera, una de las principales fortunas del país y quien había asumido el poder para su primer mandato (2010-2014) apenas unos meses antes de la venta del proyecto, que actualmente está pendiente de recursos en la Corte Suprema.
“Lo mínimo que esperamos es que se frene la tramitación de Dominga porque creemos que la obligación de este Congreso es garantizar el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación como no lo ha hecho este presidente”, señaló por su parte Catalina Pérez, del izquierdista Revolución Democrática (RD).
Se trata del segundo intento de juzgar políticamente al gobernante, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más graves desde el fin de la dictadura militar.