Varios organismos de las Naciones Unidas han pedido al Estado peruano reconsiderar la decisión de negarle el aborto terapéutico a una niña de once años que se quedó embarazada tras ser violada por su padrastro. La Unidad de Protección de la región Loreto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pidió al hospital de esa jurisdicción el acceso de la menor —que lleva 17 semanas de gestación— al procedimiento de aborto terapéutico, pero la solicitud fue denegada por una junta médica.
Este miércoles, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, respondió tras ser cuestionado por este caso que las normas peruanas regulan las solicitudes de aborto terapéutico pero “siempre tiene que presentarse como condición el peligro a la salud” de la gestante. La ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, ha dicho en una rueda de prensa que la menor afectada ha sido trasladada a Lima para hacer una evaluación de su salud y que se “restituyan” sus derechos. Un comunicado del Ministerio de Salud ha confirmado que la menor está hospitalizada en el Instituto Nacional Materno Perinatal en Lima para “las atenciones médicas y psicológicas que requiera”: “El Ministerio de Salud velará por la salud de la menor respetando las normas y leyes vigentes”, dicen.
Tras conocerse el caso, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) han manifestado su “profunda preocupación” por el caso de esa menor, identificada con el pseudónimo de Mila, agredida sexualmente por su padrastro desde los siete años.
En dicho pronunciamiento instaron a garantizarle a Mila, y a todas las niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual, ese derecho, “con procedimientos seguros y pertinentes a su edad, y dentro de las 22 semanas de gestación que establece el protocolo de este procedimiento médico”.
Los organismos de Naciones Unidas expresaron a las autoridades y a la opinión pública que “la maternidad forzada derivada de una violación sexual en niñas y adolescentes no es voluntaria, no es segura, y atenta contra la salud integral”.
Y recordaron que en un caso similar de negación de acceso al aborto terapéutico en embarazo por abuso sexual, conocido como el caso “Camila”, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN) determinó, en junio pasado, que Perú había violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y rural de 13 años, víctima de violación, al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.