Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, sabe lo que es perder unas elecciones (y hasta tres seguidas: 1990, 1996 y 2001). Tras pasar un mandato especialmente convulso por el estallido de las protestas sociales sin precedentes de 2018, la pandemia y la crisis económica subsiguiente, el presidente lleva meses preparando el terreno para ganar las elecciones de este domingo y obtener su cuarto mandato consecutivo. Los ataques a la prensa, la expulsión de partidos de la carrera electoral y el arresto de candidatos opositores se han disparado en los últimos meses.
Para entenderlo, dice Carlos Malamud, catedrático de Historia de América de la UNED e investigador de América Latina del Real Instituto Elcano, hay que conocer la “peculiar” ley electoral, “que es producto de un pacto entre Ortega y el entonces presidente Arnoldo Alemán. Se trata de una ley hecha a imagen y semejanza de Ortega”. La reforma, pactada en 1999, permite evitar la segunda vuelta si el partido más votado saca un 35% de los votos y más de un 5% de diferencia con el segundo. “Esto desnaturaliza totalmente el espíritu de la segunda vuelta, que es dotar de mayor legitimidad al ganador en caso de que no tenga mayoría suficiente”. Ortega ganó en 2006 con un porcentaje del 38%. El pacto Alemán-Ortega de 1999 ha sido muy criticado por los analistas como una forma de reparto de las instituciones entre los dos líderes nicaragüenses.
“En las actuales circunstancias y con el fuerte rechazo entre la población, la ley electoral era insuficiente y Ortega corría el riesgo de no ser elegido en primera vuelta. Si eso ocurriese, podría ser claramente derrotado. Entonces esto nos lleva a la situación actual de prisión o exilio de los candidatos de la oposición, el enfrentamiento con sectores de la Iglesia y con empresarios que hasta ahora habían sido aliados tradicionales de Ortega. Todo lo cual, evidentemente, hace que esto sea una mera farsa”, sostiene Malamud.
Desde junio, las autoridades nicaragüenses han detenido a siete candidatos a la presidencia, incluida la que tenía más opciones de derrotar a Ortega, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y la cual derrotó a Ortega en 1990. Cristiana pretendía repetir la hazaña de su madre, pero fue arrestada e inhabilitada acusada de blanqueo de capitales, apropiación indebida y falsedad ideológica. El segundo fue Arturo Cruz, candidato de Ciudadanos por la Libertad, que se define como la principal formación opositora y la cual también ha sido expulsada de la carrera electoral. Cruz fue embajador en EEUU del Gobierno de Ortega (2007-2009), pero acabó distanciándose. Los otros son Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
Además de estos siete candidatos, hay otros políticos encarcelados. Según el observatorio Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos están avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2021 se han dado 46 detenciones de opositores en la marco de “la escalada represiva del contexto electoral”. Entre los objetivos también está la prensa. Durante el último mandato de Ortega, las autoridades han tomado redacciones y perseguido a periodistas y el país ha pasado del puesto 75 en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras en 2016 al puesto 121 en 2021. “La prensa independiente nicaragüense vive una auténtica pesadilla desde que Ortega fue reelegido para un tercer mandato consecutivo”, sostiene la organización.
Entre las detenciones de opositores hay incluso antiguos aliados revolucionarios de Ortega. “Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y en 1978 volví a arriesgarla para liberar a aproximadamente 60 presos políticos”, decía el exgeneral Hugo Torres Jiménez poco antes de ser detenido el pasado mes de junio. El exgeneral participó en el asalto a la casa de un ministro somocista y la operación acabó con la liberación de varios presos del régimen, entre ellos Ortega. Torres Jiménez es el vicepresidente del partido Unamos, anteriormente conocido como Movimiento Renovador Sandinista, fundado por Sergio Ramírez, otro antiguo aliado cercano y vicepresidente de Ortega que ahora vive en el exilio y cuya novela ha sido secuestrada en el país centroamericano.
“Podía haber pasado a la historia como un líder revolucionario, pero va a ser juzgado como un tirano, un dictador de la vieja tradición de dictadores que ha existido siempre en América Latina. No importa el color ideológico, sin ninguna duda un dictador”, decía Ramírez en una entrevista con elDiario.es. Malamud coincide. “Esta es la historia de una parte de las revoluciones de todo el mundo. Comienzan con buenos propósitos, pero al final el factor humano termina incidiendo y haciendo que, como diría Trotski, la revolución sea traicionada”.
Opositores y 'zancudos'
Entre tanta detención, ¿quién se presenta entonces a las elecciones contra Ortega? Tienen muy pocas opciones y solo uno de los cinco partidos superó el 5% en los comicios anteriores. Los más críticos los acusan de “colaboracionistas” y de dar falsa legitimidad al proceso. “En Nicaragua, los llaman ‘los zancudos’ y son una mera comparsa del régimen que permite a Ortega presentarlos como prueba de que existe pluralidad”, sostiene Malamud.
Una de esas formaciones, el Partido Liberal Constitucionalista –que obtuvo un 15% en las elecciones de 2016– ha sido por ejemplo la que denunció ante el Consejo Supremo Electoral a la alianza Ciudadanos por la Libertad, que ha sido expulsada de la contienda.
Sin embargo, su candidato, Walter Espinoza, niega las acusaciones de ‘colaboracionismo’ y señalaba en una entrevista: “Ya sabemos que no estamos compitiendo con madre Teresa de Calcuta. Sabemos cómo trabaja esta gente (FSLN, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional), pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. No debemos, es una obligación que tenemos todos los nicaragüenses sabiendo que tenemos un poder en las manos”. Espinoza resta importancia a la detención de los siete candidatos porque sostiene que la oposición solo tiene que tener un candidato unido que, en estas elecciones, cree que es él mismo. En la práctica, la oposición sigue dividida.
Una encuesta reciente de CID-Gallup con una muestra de 1.200 personas concluía que si las elecciones fueran entre Ortega y un solo candidato de la oposición, cualquiera de los siete que han sido detenidos obtendría un 65% de los votos frente al 19% del actual presidente.
“Acompañantes” en lugar de observadores
Tampoco habrá observadores al estilo tradicional. “No vamos a mandar ninguna misión de observación electoral porque el señor Ortega ya se encargó de encarcelar a todos los opositores que se presentaban a las elecciones”, dijo el martes en Lima el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell. Por otro lado, el Gobierno de Ortega no ha invitado a la Organización de Estados Americanos (OEA) como observadora tras “su participación en un golpe de Estado en Bolivia” durante las elecciones de 2019, según afirmó el ministro de exteriores nicaragüense, Denis Moncada. La misión de observación de la OEA fue muy criticada por su papel en las elecciones bolivianas de 2019, en las que denunció un supuesto fraude electoral que acabó con la salida del país del presidente Evo Morales. “No podemos invitar a alguien que ha participado en la promoción y ejecución de un golpe de Estado contra un país democrático como es el caso de Bolivia”, dijo Moncada.
En su lugar participarán 170 “acompañantes electorales” de diversos países. La magistrada del Consejo Supremo Electoral (CSE), Mayra Salinas, explicó que “el acompañante internacional es como el amigo que llega a tu casa, que vos invitas para que llegue a tu casa y pueda acompañar en un proceso de compartir, de ver, de disfrutar, de conocerlo y que pueda hacer recomendación”. En cambio, “los observadores electorales quieren estar por encima de tu proceso nacional”.
La Unión Europea y Estados Unidos han calificado de “farsa” los comicios. Ambos tienen ya un régimen de sanciones contra el Gobierno de Ortega, pero no descartan ampliarlo. EEUU ha aprobado una nueva ley para ampliar el régimen de sanciones y el portavoz de exteriores de la UE, Peter Stano, ha señalado: “Tenemos en vigor un régimen de sanciones contra Nicaragua y está constantemente en revisión. No excluimos tomar nuevas medidas”.
Malamud cree que las sanciones no son muy efectivas y sostiene que “en estos casos la única solución posible y viable viene del interior de país. No está impuesta por la comunidad internacional”. El experto cree que el descontento social que desencadenó el estallido de las protestas de 2018, que dejaron alrededor de 328 fallecidos, sigue latente, “pero no hay condiciones por el estado de la represión para hacer oposición”.