Fue una de las promesas estrella de Nayib Bukele en campaña electoral: reducir la violencia del crimen organizado y las pandillas en el país más violento del mundo sin guerra declarada. Y lo logró. Desde que Bukele asumió la presidencia de El Salvador en junio de 2019, las cifras de asesinatos se desplomaron hasta los 20 por cada 100.000 habitantes, cuando este país de apenas seis millones de habitantes venía registrando el doble. Pero todo se desmoronó el último fin de semana de marzo. En apenas 48 horas fueron asesinadas 80 personas.
A pesar de que Bukele atribuía la caída de los asesinatos a la eficacia de su plan gubernamental de Control Territorial, una investigación periodística del medio salvadoreño El Faro reveló hace tiempo que el actual Ejecutivo había negociado con las principales pandillas del país, Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, a cambio de mantener bajos los índices de homicidios.
Es decir, el gobierno de Bukele habría utilizado la misma fórmula que Ejecutivos anteriores: pactar en la clandestinidad con esas estructuras criminales, como ya hizo por ejemplo en 2012 el partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL). Y no solo es una afirmación de este reconocido periódico digital: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos corroboró que el Gobierno de Bukele tenía una tregua secreta con las pandillas, e incluso sancionó a dos funcionarios salvadoreños por organizar esas reuniones con altos mandos de las maras.
El sábado 26 de marzo se registraron 62 asesinatos y, de momento, se ha convertido en el día más letal de todo el siglo XXI en El Salvador. Esta vez no fueron crímenes entre pandilleros, sino asesinatos de ciudadanos que nada tenían que ver con las maras.
“Obtuvimos un informe de la policía donde aseguraban que solo 13 víctimas tenían vínculos con las pandillas. Logramos comprobar que entre los asesinados había un reconocido surfista y un empleado municipal muy querido que no estaban relacionados con esos grupos. Hay evidencias de que en esta ocasión las pandillas, especialmente La Mara Salvatrucha, no asesinaron a rivales ni cometieron una purga interna, sino que mataron a ciudadanos sin vinculaciones con esas organizaciones criminales”, dice a elDiario.es el periodista salvadoreño Óscar Martínez.
El jefe de redacción de El Faro asegura que desde su equipo han demostrado “con documentos de centros penales de esta misma Administración y con información de Inteligencia” que las negociaciones entre el actual Gobierno y las pandillas comenzaron prácticamente desde que Bukele llegó al poder hace casi tres años.
Al igual que otros políticos salvadoreños, han utilizado las pandillas como un arma electoral y un arma política, prometiendo mano dura en elecciones, dice el periodista. Bukele también ha aprovechado ahora para mostrar que “las pandillas son un enemigo muy eficiente para situar en la población una lógica de protección necesaria, de redentor de esta sociedad que está harta de padecer a estos grupos criminales”.
Misma fórmula, mismo fracaso
Aunque aún es pronto para saber qué ocurrió exactamente ese último y mortífero fin de semana de marzo, las pandillas ya han actuado de forma similar en otras negociaciones clandestinas. “Cuando creen que algo se ha atascado en esas negociaciones, usan el que entienden es su mayor activo político: los cadáveres, es decir, matan más para que se les preste más atención”, recuerda Martínez, que como periodista lleva más de una década cubriendo información sobre estas estructuras criminales.
Si el Gobierno salvadoreño cree que para solucionar el problema de las pandillas es necesario establecer un diálogo, que lo hagan de cara a la gente, carajo, que dejen de hacerlo de forma cobarde y asuman las consecuencias políticas
Dado el fracaso de todas esas negociaciones, Martínez considera que se podría dar un paso importante en la lucha contra las maras si los gobiernos cambiaran de estrategia e informaran a la población de esos diálogos. “Si los políticos salvadoreños, incluido este presidente y su Gobierno, han creído, al menos en la última década, que para solucionar el problema de las pandillas es necesario establecer un diálogo, que lo hagan de cara a la gente, carajo, que dejen de hacerlo de forma cobarde y asuman las consecuencias políticas, que lo estructuren bien y llamen a organismos internacionales para que lo supervisen, que expliquen a la población por qué creen que es necesario hablar con las pandillas para resolver el problema”, dice con voz firme.
Respuesta severa
Sin embargo, lo que sí ha cambiado ahora respecto a ocasiones anteriores es la reacción del Gobierno frente a las maras. Tras la oleada de violencia, el 27 de marzo Bukele impuso el estado de excepción en El Salvador, restringiendo las libertades civiles y ampliando los poderes de las fuerzas de seguridad durante un mes. Bajo esa medida, la policía ha detenido en estos últimos días a cerca de 7.000 pandilleros, según datos del Gobierno, y el mandatario incluso ha amenazado con no dar de comer a los miembros de bandas encarcelados si la violencia continúa en el país.
El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades salvadoreñas ha hecho que la ONU y organizaciones internacionales de derechos humanos hayan expresado su preocupación.
Se trata de un escenario nuevo, asegura Martínez, en el que “hay un autócrata en el poder que no depende de nadie más para tomar decisiones, que puede ordenar en minutos a la Asamblea Legislativa que cambie el Código Penal o remover a un juez porque no le gustó la sentencia que dictó”, tal y como ocurrió con el magistrado Godofredo Salazar, que fue trasladado a otro juzgado tras absolver a 42 presuntos pandilleros ante la falta de pruebas por parte del Ministerio Público para demostrar los delitos. “Bukele controla los tres poderes del Estado. No tiene contrapeso de ningún tipo y eso no lo habíamos vivido nunca”.
La reforma al Código Penal a la que hace referencia Martínez es la que aprobó el pasado 5 de abril el Congreso salvadoreño a petición del mandatario y que castiga con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. Se trata de una medida que coarta el derecho a la libertad de prensa y que deja en una posición especialmente difícil a El Faro, ya que es el medio que más ha profundizado en el fenómeno de la violencia y las maras a lo largo de las últimas dos décadas en el país. Sin embargo, rendirse no forma parte de sus planes.
Podemos ir a la cárcel entre 10 y 15 años si publicamos alguna información, vídeo o fotos relacionados con pandillas. Es una ley mordaza
“Esto nos deja en una posición bien difícil. Podemos ir a la cárcel entre 10 y 15 años si publicamos alguna información, vídeo o fotos relacionados con pandillas. Es una ley mordaza para que no se cuente una narrativa diferente a la de Bukele. Tendremos que invertir más tiempo en abogados, y cambiar protocolos, pero no vamos a dejar de hacer periodismo”, asegura Martínez. Además, aclara, a El Faro han tratado de atacarlo durante años, “incluso con acusaciones de lavado de dinero sin presentar pruebas”, y no por ello han dejado de informar.
A estas últimas medidas tomadas por el Gobierno salvadoreño se suman otras que también generaron críticas tanto fuera como dentro del país centroamericano. En mayo de 2021 la Asamblea controlada por el partido de Bukele –Nuevas Ideas– destituyó a varios jueces de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general Raúl Melara. En septiembre del año pasado esa misma instancia de justicia aprobó la reelección presidencial, a pesar de que la Constitución del país lo prohibía hasta entonces, dejando la puerta abierta a que el mandatario busque un segundo periodo consecutivo en el Gobierno.
Por todo ello, Martínez considera que El Salvador avanza hacia una dictadura: “No te estoy hablando desde una democracia, sino desde un país con un régimen híbrido con maquillaje de democracia y muchos elementos de autoritarismo”. “Bukele ha demostrado que los rasgos más esenciales de la democracia como la división de poderes, la libertad de prensa o el disentimiento político le estorban, los considera un obstáculo para su plan político, que es tener el poder absoluto”, concluye el periodista.