Lleva meses sin parar, confiesa Pablo de Greiff (Bogotá, 1963) mientras atiende el teléfono entre reunión y reunión por las calles de Ginebra. Exrelator de la ONU y académico, es uno de los tres expertos que integran la llamada Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, a la que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas encargó la tarea de investigar los crímenes cometidos en el marco de la invasión de Vladímir Putin. Esos meses sin parar se resumen en varios números: ocho viajes a Ucrania, 56 localidades visitadas, casi 600 personas entrevistadas. Meses en los que han inspeccionado lugares destruidos, fosas, restos de armas, sitios de detención y tortura, y han consultado numerosos documentos.
Sus conclusiones quedaron plasmadas en el informe que presentaron a mediados de marzo. A lo largo de sus casi 20 páginas, detallan profusamente la “gran variedad” de crímenes de las autoridades rusas. Entre ellos, ataques contra civiles, homicidios intencionados, confinamiento ilícito, tortura, trato inhumano, violencia sexual, así como traslados forzosos y deportaciones de niños. También abrieron la puerta a la posibilidad de que las olas de ataques contra infraestructuras energéticas y el uso de la tortura por parte de las autoridades rusas constituyan crímenes contra la humanidad. Recogen, además, un “pequeño número” de violaciones cometidas por el bando ucraniano.
Si bien la letanía de abusos perpetrados es conocida un año después del estallido de la guerra, ahora queda documentada en una investigación internacional fruto de una metodología “cuidadosa”, explica De Greiff, que ya conversó con elDiario.es durante la publicación de los primeros hallazgos en septiembre. El experto insiste, tajante: “Se está ignorando de una forma absolutamente clara la vieja idea detrás del derecho internacional humanitario de tratar de civilizar el conflicto. Y está siendo ignorado por uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad”. Ahora, el Consejo de Derechos Humanos tiene que debatir, previsiblemente este martes, si prorroga o no el mandato de la comisión.
¿Qué balance hace del trabajo de la comisión? ¿Qué impresión se han llevado?
Desde el punto de vista de observación, el hecho de haber podido identificar patrones que abren la posibilidad de categorizar algunas violaciones como crímenes contra la humanidad es un avance inmenso, así como el hecho de profundizar las investigaciones, tanto a nivel geográfico como temático. Todo esto tiene un elemento desolador: constatar cierto tipo de indiferencia ante obligaciones internacionales que uno no pensaría que se podría encontrar en el siglo XXI, y menos por parte de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad [de la ONU].
La lista de violaciones del derecho internacional enumeradas es bastante larga.
Lo es. En realidad, todas son espantosas. Miembros del Consejo de Derechos Humanos han utilizado objetivos como “horripilantes”, cosas que no se suelen oír en círculos diplomáticos. Es imposible establecer una jerarquía, pero a mí personalmente me impresiona el carácter sistemático de algunas violaciones. Eso quiere decir, entre otras cosas, que necesitas cierto tipo de conocimiento y pericia para mantener, por ejemplo, patrones de tortura a lo largo del tiempo en diferentes centros de detención, con todo lo que eso implica en términos organizativos: tienes que rotar a la gente, tener el equipo necesario... Esto no es casualidad. Esto no son soldados golpeando a personas que se encuentran tumbadas en el suelo. Es una forma de tortura mucho más deliberada que requiere cierta organización.
Comprender esto es horrible. También lo es presenciar y documentar los ataques deliberados a la infraestructura eléctrica y térmica, con todos los efectos previsibles que eso podía tener sobre la población civil, que son inmensos y afectan a millones de personas. Desde el 10 de octubre hasta finales de febrero hubo 13 oleadas de ataques, y el impacto se podía determinar desde el principio.
Se está ignorando de una forma absolutamente clara la vieja idea detrás del derecho internacional humanitario de tratar de civilizar el conflicto dentro de lo posible, la de que aun en la guerra hay reglas. . Eso es impresionante. Es una crisis del multilateralismo absolutamente patente.
De hecho, concluyen que ambas, la tortura y los ataques contra infraestructuras, pueden constituir crímenes contra la humanidad. ¿Qué significa, a fin de cuentas, hablar de esta categoría de crímenes?
Significa que las violaciones al derecho de la guerra cruzan un umbral de gravedad que las coloca en una categoría especial: crimen contra la humanidad. Es una designación para cierto tipo de violaciones sistemáticas que obedecen a una política deliberada y que tienen impactos especialmente graves contra la población civil.
Por eso es importante identificar patrones. ¿Cuáles han constatado?
Respecto a la tortura, brevemente: métodos, instrumentos e insultos uniformes, la categorización de víctimas. En cuanto a los ataques a las infraestructuras, hay una serie de patrones clarísimos y anunciados por las autoridades rusas. El propio presidente [Putin] anunció el 10 de octubre el inicio de estos ataques contra la infraestructura por consejo del grupo de seguridad nacional y ocurrieron una y otra vez. Aquí el problema desde el punto de vista de la evidencia no es comprobar si los ataques fueron sistemáticos ni objeto de una política deliberada, sino si el impacto que tuvieron sobre la población civil es equivalente a alguno de los crímenes contra la humanidad enumerados específicamente en el Estatuto de Roma. Hay que investigar a lo largo del tiempo, porque los efectos solo se manifestarán entonces. Un ejemplo es el número de víctimas que generan las dificultades en el acceso a los servicios sanitarios.
Me impresiona el carácter sistemático de algunas violaciones
En septiembre me dijo que el grado de devastación que presenció era impresionante incluso para alguien que lleva 30 años trabajando en conflictos, como usted. ¿Por qué esta guerra es diferente?
La destrucción que se genera en una guerra en la cual las armas principales no son armas cortas de fuego, sino misiles, bombas aéreas y cañones, es de una magnitud completamente diferente.
Aparte de eso, en este conflicto hay también un uso deliberado de la fuerza contra civiles que no representan ninguna amenaza para las fuerzas armadas rusas. Esto también es impresionante presenciarlo. Han asesinado a ancianas en la calle, a gente con las manos atadas y los ojos vendados y que estaba bajo el control total del Ejército ruso. Hay gente que se desplazaba en automóvil a la que mataron incluso cuando el vehículo viajaba en dirección contraria a las fuerzas rusas y, sin embargo, se les disparaba con armas de largo alcance, por lo que no puede alegarse, por ejemplo, que ocurrió en un retén y no pararon el coche. Familias enteras murieron así: tratando de evacuar ciudades sitiadas por las fuerzas rusas.
Es un ejercicio de violencia completamente gratuito y es inaceptable. Estos son crímenes de guerra y todo el mundo lo sabe, no hace falta ser un experto para saber que disparar un objetivo civil lo es. Es un conflicto con dimensiones complicadas, todos las tienen, pero aquí hay peculiaridades que tienen que ver con la magnitud y el uso de la violencia, y también con que uno de los contendientes es un poder armado nuclearmente y un miembro permanente del Consejo de Seguridad.
Muchos de estos abusos son conocidos desde el inicio de la invasión, pese a que Rusia ha negado atacar a civiles. ¿Qué aporta su investigación?
Se ha informado de muchos abusos, pero una cosa es que los medios de comunicación informen de ellos y otra es documentarlos en una instancia imparcial e independiente que metodológicamente sigue protocolos que permitirían a instancias judiciales usar la evidencia que recolecta. Aunque no hubiera información completamente nueva –que la hay–, es diferente. También hay un análisis legal detallado de los hechos, una criba. Una comisión de investigación no es un tribunal, utiliza un criterio de prueba diferente, nosotros utilizamos el criterio del observador razonable: una persona razonable pensaría, según la evidencia, que los hechos ocurrieron como describe la comisión.
La recolección de evidencia y su preservación adecuada es importante. Es algo que se le debe a las víctimas: merecen que su historia sea escuchada, que se les tome testimonio y se recolecte su evidencia, y que se haga lo posible por hacerles justicia, tanto en el área de lo penal como en la satisfacción de su derecho a la verdad, la reparación y la no repetición. Todo eso depende del tipo de trabajo de la comisión, que es agotador, lento y necesita recursos, pero finalmente consiste en recolectar y analizar pruebas.
Hay un ejercicio de violencia completamente gratuito y es inaceptable
¿Cuáles han sido las mayores dificultades al investigar? Dicho de otra manera, ¿hasta dónde les gustaría haber llegado y no han podido?
Además de las dificultades inherentes a las investigaciones en contextos de conflicto en curso, hay otras. Comenzando por lo básico: no recibimos ninguna colaboración por parte de las autoridades rusas y eso dificultó la tarea. No la hizo imposible, porque hay medios alternativos de información, como la evidencia satelital. Pero hay cuestiones como el número total de niños que han sido forzosamente transferidos de Ucrania a Rusia que solo pueden determinarse con la colaboración de las autoridades rusas.
En segundo lugar: no tuvimos acceso a las zonas ocupadas ni a Rusia, donde hay campos de detención y “filtración”, sitios que son relevantes en el conflicto que nos habría gustado visitar. No tuvimos acceso a lugares tan importantes como Mariúpol. Tras el sitio y la destrucción de la ciudad, puede ser otro escenario de crímenes contra la humanidad, pero tampoco tuvimos acceso.
Un día después de la presentación de su informe, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra Putin, al que acusa de ser presunto responsable de crímenes de guerra durante la invasión. ¿Qué lectura hace?
La comisión decidió hace mucho tiempo no comentar sobre decisiones de otros entes investigadores. Sí puedo decir que ha habido coordinación, de manera regular, entre la comisión y diferentes instancias investigadoras. Pero, puesto que todos aspiramos a la independencia, la coordinación no ha consistido en el intercambio de evidencia, sino el intento de no investigar los mismos casos y volver a entrevistar a las mismas víctimas.
¿Será juzgado Putin en La Haya?
Mi función no es predecir el futuro. Dicho esto, estoy seguro de que ninguno de los 34 jefes de Estado que han sido juzgados y condenados en alguna corte [tribunales internacionales y nacionales] se han soñado terminar en esas algún día. Y ya son 34, no es un número menor. Nosotros lo hacemos lo mejor que podemos y otras circunstancias determinan cada caso.
La comisión se mostró especialmente preocupada tras investigar los traslados y deportaciones de niños de Ucrania a Rusia, que también son el foco de la decisión de la CPI.
Es un crimen gravísimo, una violación absolutamente obvia del derecho internacional humanitario. Puede ser también un crimen contra la humanidad si cumple los requisitos de ser sistemático, diseminado y resultado de una política. Es particularmente cruel, tanto con los niños como con sus padres. Este crimen preocupa a mucha gente. En algún discurso, el presidente Putin habló de 300.000 niños ucranianos y el presidente Zelenski de 200.000, mientras que la web oficial del Gobierno de Ucrania habla de más de 16.000. El rango es inmenso, pero aunque nos limitemos al rango inferior, los 16.000, es un número inmenso de niños que no deberían haber sido nunca deportados a Rusia. En ninguno de los casos que investigamos se cumplieron las condiciones que habrían hecho que esas deportaciones fueran legales: en ningún caso hubo consentimiento de los padres ni de los tutores legales, ni las circunstancias de seguridad y de salud de los niños los hicieron inevitables.
En ningún caso hay evidencia de que las autoridades rusas intentaran ponerse en contacto con los padres o los tutores legales. Por el contrario, en todos los casos que investigamos, fueron los niños quienes, a través de sus esfuerzos y diferentes estrategias, lograron ponerse en contacto con sus padres, a pesar de los impedimentos de las autoridades. Esto son crímenes. Imagine el horror de los niños con discapacidad o pequeños. Por ejemplo, un niño de tres años que no se sabe el número de sus padres. Aunque consiga un teléfono, no sabe dónde llamar. Las víctimas más vulnerables son las más afectadas por este crimen.
Ninguno de los 34 jefes de Estado que han sido juzgados y condenados en alguna corte se han soñado terminar en esas algún día
El presidente de la comisión dijo que no han “constatado que se haya producido un genocidio en Ucrania”, pero “algunos aspectos pueden plantear interrogantes”. ¿A qué se refiere?
No hemos llegado a ninguna decisión acerca del genocidio. El hecho de que no nos pronunciemos en el informe sobre esto no debe interpretarse como una conclusión negativa. Estamos siguiendo una metodología cuidadosa y simplemente no hemos llegado a analizar ese tipo de crimen. Pero, por supuesto, si el mandato se extiende, seguiremos en la investigación.
Piden a Rusia que limite el uso de empresas militares y de seguridad privadas en la guerra –aunque no mencionan explícitamente a Wagner, que tiene mucho protagonismo ahora mismo–. ¿A qué responde esta recomendación?
No conozco ningún país del mundo donde los grupos paramilitares no se conviertan en mayores perpetradores de violaciones que las fuerzas armadas formales. Las dos razones fundamentales son obvias. Primero, los grupos paramilitares no forman parte de la línea formal de mando de las fuerzas armadas, y por tanto, no están sujetas al mismo tipo de procesos disciplinarios, por malos que sean. Son agentes libres. Segundo, con muchísima frecuencia se genera una dinámica de competencia entre los diferentes grupos armados paramilitares. En este caso se habla de Wagner, pero es solo uno de muchos, y se genera una dinámica de competencia perversa para demostrar efectividad a las fuerzas armadas, entre otras cosas, para ganar contratos y beneficios. Ese es uno de los incentivos para violar derechos de guerra que explica por qué estos grupos se convierten en un problema tan grande y eso se está viendo ya con Wagner.
Han documentado un “pequeño número” de violaciones cometidas por las fuerzas ucranianas. La última vez que hablamos aseguró que las tropas rusas habían cometido crímenes “con una diferencia de magnitud absolutamente impresionante”. ¿Sigue siendo así meses después?
Sí. La asimetría, sobre todo en las violaciones graves y los crímenes de guerra, es absolutamente abrumadora. A medida que va pasando el tiempo y el conflicto prosigue, hemos conseguido más evidencia y ha habido más incidentes de violación del derecho internacional humanitario y los derechos humanos por parte de fuerzas ucranianas. En el informe hacemos referencia a estos nuevos casos. Las fuerzas ucranianas también han fallado en tomar las precauciones adecuadas para proteger a la población civil y en la utilización de armas de alto poder explosivo en zonas donde hay civiles. Ambas violaciones merecen investigación por parte de las autoridades ucranianas.
Siguen en pie los dos casos de crímenes de guerra que presentamos en octubre a la Asamblea General, dos casos horribles en los que soldados ucranianos torturaron, maltrataron y dispararon a soldados rusos que ya estaban fuera de combate. El fiscal general de Ucrania nos dice que están siendo investigados, la comisión no cesará en su intento de conseguir los resultados de esas investigaciones. Como crímenes de guerra, tienen que ser sancionados.
Han elaborado una lista de autores identificados y unidades militares responsables de crímenes y violaciones, pero es confidencial. ¿Hay algún detalle que pueda desvelar?
Lo único que le puedo decir es que, en cada caso que hemos investigado, hemos intentado identificar entidades militares y paramilitares, su estructura y responsables directos e indirectos. Todos esos nombres institucionales y personales forman parte de la lista que entregaremos al Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
En el informe se pronuncian sobre la creación de un tribunal especial sobre el crimen de agresión, una demanda de Kiev. ¿Podría ser la vía?
No nos decantamos por ninguna de las opciones particulares que están siendo discutidas. No es nuestra función. Sin embargo, hay dos condiciones que un tribunal de esta naturaleza debería cumplir. La primera, que complemente la labor de la Corte Penal Internacional para evitar la proliferación de instancias de este estilo. Segunda, condiciones de legitimidad, de forma que no sea visto solo como un tribunal para este caso en particular, sino que resuelva el problema general de la ilegalidad de la agresión en el sistema internacional.
No conozco ningún país del mundo donde los grupos paramilitares no se conviertan en mayores perpetradores que las fuerzas armadas formales
Más allá de la justicia penal, mencionaba que hay que garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición. ¿Cómo podría hacerse? Hay quienes piden indemnizaciones con bienes confiscados a empresarios rusos, por ejemplo.
Es indispensable tener en mente que este es un conflicto en curso, por tanto, tiene que ser un proceso gradual, comenzar con cosas indispensables y no transferir al Gobierno de Ucrania la responsabilidad de cubrir los costos que son responsabilidad de Rusia, pero sí tratar de servir a las víctimas y sus necesidades tanto como sea posible.
El Ejecutivo ucraniano ya está dando una serie de beneficios a las víctimas, lo cual elogio, porque es un gobierno en guerra y sin embargo ha creado, por ejemplo, un sistema electrónico de identificación para permitir a los pensionistas que se desplazan dentro del país acceder a sus prestaciones, no importa donde se encuentren. Esto tiene bastante mérito. El Gobierno también ha creado un sistema de educación a distancia para que los niños puedan continuar su educación.
El problema es que para acceder a esos servicios, las víctimas tienen que acudir a diferentes oficinas gubernamentales. Se lo ilustro: hablamos en Odesa con una madre que había salido de Mariúpol cinco días antes, con la ropa que ella, sus tres hijos y su madre anciana llevaban puesta y nada más. Estaban en ese estado de trauma en el cual las víctimas no tienen ni idea de qué va a ser de ellas.
Es imposible pedirle a una persona en ese estado que haga todos los trámites que necesita, comenzando por la recuperación de documentos que obviamente no tiene, ir a otra oficina diferente y para pedir los derechos de atención médica y la pensión, a otra para la educación. Es pedir demasiado a alguien en estado de trauma total. Recomendamos al Gobierno ucraniano –pienso que tiene la capacidad institucional para ello– que cree un portal institucional que permita a las víctimas ir a una sola oficina y en un solo trámite puedan conseguir todas las prestaciones que el Gobierno ya está distribuyendo, pero de forma fragmentada. Es comenzar por lo fácil, pero supone una diferencia.
¿Qué más reclaman?
Insistimos en la importancia inmensa de que el Gobierno organice programas de asistencia psicosocial, porque después de muchos conflictos sabemos que cuanto más pronto reciba apoyo, más probabilidad tiene la gente de superar el trauma. Hay muy poca discusión sobre esto dentro de la comunidad internacional.
A las víctimas en Ucrania, irónicamente, se las está incluyendo poco en las discusiones sobre cómo debe ser el futuro en términos de justicia. Se las está tratando como suelen tratar los fiscales a las víctimas: como fuente de testimonio y de evidencia, pero sus necesidades, su estatus existencial y sus derechos, aparte de la justicia penal, no les compete y no les importa [a los fiscales]. No he visto ninguna encuesta de víctimas en Ucrania. La justicia también implica esto, dar voz a las víctimas y participación en los procesos que van a resarcir las violaciones.
Con el informe ya redactado y presentado, ¿cómo resumiría todos estos meses de trabajo?
Por un lado, cierto tipo de agotamiento. Por otro, como siempre en este tipo de trabajo, uno se encuentra con los extremos de bondad y maldad de los seres humanos. Yo suelo entrar en cada caso tratando de evitar tanto el romanticismo –según el cual con un acto de voluntad la situación cambiaría radicalmente– y el cinismo –que dice que no vale la pena el esfuerzo, que nada puede cambiar que somos así y seremos siempre así–. Trato de ocupar un espacio intermedio. Este es mi granito de arena, por las víctimas, la justicia y el sistema multilateral, pienso que es importante. Hago lo que puedo.