- Esta es la primera entrega de un trabajo que expone la actividad de presión política de los movimientos religiosos. Aquí puedes consultar la segunda parte –sobre Mayor Oreja– y aquí la tercera –sobre la mudanza de un matrimonio gay–
Es marzo de 2019. Faltan dos meses para las elecciones europeas y llueve en Bruselas. Hombres de traje y corbata indican el camino a su esperado huésped. Él viste de blanco de pies a cabeza y porta unas gafas metálicas que beatifican su afilada mirada.
En la sala, sus acompañantes se dirigen a él como “padre” o “hermano”, incluida la única mujer presente –la traductora– entre una treintena de hombres. Con un gesto discreto, sostiene la silla mientras su invitado, Jean-Claude Juncker, el presidente y rostro más visible de la Unión Europea, toma asiento. La puerta se cierra y la prensa queda fuera. La tormenta arrecia en la capital belga y Olivier Poquillon, el encargado de vigilar los intereses de los católicos en la UE, sabe que es un buen momento para alargar la sombra de su sotana.
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La visita de Juncker a la Comisión de las Conferencias de Obispos de la Comunidad Europea (Comece) subrayó la relación entre el brazo político del Vaticano y el organismo europeo. Poquillon –su secretario general hasta el pasado mes de agosto, puesto que ahora ocupa el español Manuel Barrios– lo tiene muy claro: “Nosotros [la Iglesia católica] llevamos aquí más de 2.000 años; ellos [la UE], 60”, predica este francés, uno de los religiosos más influyentes en Bruselas, en una entrevista concedida para esta investigación el pasado 9 de abril. En su oficina en el distrito europeo bruselense, a tan solo siete minutos a pie del Europarlamento, conviven una foto suya con el papa Francisco, un Mac y una bandera europea.
A unos metros del Berlaymont, el edificio más emblemático de la Comisión, se encuentra también la sede de la Conferencia de Iglesias Europeas (CEC, por sus siglas en inglés). “No estamos buscando privilegios para nuestras iglesias”, defiende allí el reverendo eslovaco Peter Pavlovic, que representa a esta organización a la que pertenecen 114 iglesias ortodoxas, protestantes y anglicanas.
La influencia de la Comece y el CEC, los dos lobbies religiosos más importantes en Bruselas junto con la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD, por sus siglas en alemán), no sería la misma sin la existencia de una serie de privilegios conseguidos en los últimos años en su relación con las instituciones europeas.
Su primer gran logro fue la redacción del artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que fue introducido en 2007 por el Tratado de Lisboa, el hermano menor de la fallida Constitución Europea. Este artículo establece un “diálogo abierto, transparente y regular con iglesias, asociaciones religiosas y organizaciones filosóficas y no confesionales”. A pesar de la oposición inicial de grupos humanistas y varios eurodiputados, el artículo 17 es la principal baza de los lobbies religiosos, pues obliga por ley a las instituciones europeas a mantener un diálogo con ellos.
Para iniciar en el vídeo selecciona 'view story', la opción te dirigirá hacia los cuatro entrevistados. Pinchando cada entrevistado y, luego, cada pregunta, se puede acceder a sus declaraciones.
Solo el 20% de las reuniones entre la Comisión y lobbistas religiosos fueron publicadas
En el Registro de Transparencia de la Unión Europea, que entró en funcionamiento en 2011 para poder fiscalizar a todos los grupos de presión que se reúnen con representantes de la Comisión, figuran cerca de 12.000 lobbies. De ellos, tan solo 54 son organizaciones religiosas. Pero ese número no representa ni mucho menos el tamaño de su actividad, que la mayoría de veces es opaca.
“Si miras los datos, piensas que el lobby religioso es algo que realmente no ocurre”. Es la conclusión a la que llega el francés Raphaël Kergueno, miembro de Transparency International. Kergueno sostiene que “cualquier tipo de organización que trate de influir en el proceso de toma de decisiones debe estar en el Registro de Transparencia, sin importar si es una empresa, una ONG, un grupo religioso o una universidad”.
Se trata, precisamente, de uno de los privilegios de las iglesias en Bruselas. Portavoces de la Comisión afirman que “los representantes de los grupos religiosos deben cumplir con los más altos estándares de ética e inscribirse en el Registro de Transparencia de la UE”, pero la realidad es otra. Gracias al acuerdo del 19 de septiembre de 2014 entre la Comisión y el Parlamento y las decisiones de la Comisión del 25 de noviembre de 2014 (343/19 y 343/22), “las iglesias y comunidades religiosas” pueden reunirse con altos cargos de la Comisión sin necesidad de estar inscritas en el registro, condición que sí se aplica a otro tipo de lobbies.
Tuit de la reunión de la Comisión de Asuntos Legales de la Comece en la que participó Martin Ohridski, encargado del Registro de Transparencia de la Unión Europea.
Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica, argumenta que “los lobbies más fuertes no están registrados, porque son las propias iglesias, el Vaticano [que posee el estatus de Estado y su influencia es considerada diplomacia] o las órdenes religiosas”.
Esta investigación ha podido identificar, a través de peticiones de acceso a la información al portal AsktheEU y la revisión de comunicados de prensa, al menos 244 reuniones entre miembros de la Comisión e iglesias, comunidades religiosas o el Vaticano entre 2013 y mayo de 2019. De ellas, solo 49 fueron publicadas y colgadas en el Registro de Transparencia, esto es, el 20%. Los 244 encuentros superan los 214 mantenidos con Google —el lobby que más reuniones ha tenido según el mencionado registro— desde 2014.
De las 244 reuniones identificadas, el 76% fueron con representantes del Vaticano o iglesias cristianas (católicas y protestantes), el 12% con organizaciones judías y el 5% con grupos islámicos. Por su parte, los representantes religiosos que tuvieron más reuniones fueron el Nuncio Apostólico ante la UE, Alain Paul Lebeaupin (15%), la Comece (13%), la Iglesia Evangélica Alemana (7%) y el CEC (5%).
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Los datos reflejan el poderío del cristianismo (que incluye a católicos y protestantes), cuya capacidad de influencia está respaldada por un sólido soporte económico. La Comece, por ejemplo, según los datos del Registro de Transparencia de la UE, cuenta con un presupuesto de 1.209.017 euros, muy cerca de los 1.375.000 euros de la compañía Telefónica, Orange o la tabacalera Philip Morris.
Contactados por esta investigación, portavoces oficiales de la Comisión explican que, “dado el estatus específico del Tratado [de Lisboa], no hay obligación de publicar las reuniones mantenidas en el contexto del diálogo con organizaciones religiosas o no confesionales”.
El proceso legislativo del Parlamento, blanco del catolicismo
El Parlamento Europeo ha sido uno de los últimos objetivos del lobby religioso en Bruselas. El pasado mes de abril, Mairead McGuinness, vicepresidenta popular encargada de supervisar el diálogo religioso en la Cámara, presentó un informe que finalmente no fue aceptado, pero que proponía dotar a los representantes religiosos de una herramienta excepcional de seguimiento legislativo: un contacto directo con los ponentes que exponen los informes ante los eurodiputados. De llegar a confirmarse, la Comece podría, por ejemplo, estar al tanto de todo lo que acontece en el Parlamento antes que cualquier otra organización.
El informe fue fruto de una reunión entre McGuinness y organizaciones involucradas en el diálogo religioso y no confesional el pasado 19 de febrero en el Parlamento Europeo, de cuyos 16 participantes 13 fueron representantes de grupos religiosos. El borrador final, al que ha tenido acceso esta investigación, fue redactado en marzo y entregado a la oficina del Parlamento Europeo en abril.
El texto provocó una reacción de protesta de un grupo de eurodiputados verdes y socialistas que enviaron una carta al expresidente del Parlamento, Antonio Tajani, advirtiéndole de que la aplicación del informe supondría una “violación grave del principio de separación entre religión y política”. Finalmente, Tajani rechazó el documento de McGuinness, que no ha querido hacer ninguna declaración para esta investigación.
Julie Pernet, miembro de la Federación Humanista Europea que estuvo presente en la consulta, acusa a McGuinness de plegarse a las exigencias de la Comece. Desde su oficina en Bruselas, manifiesta que “es una cuestión de tiempo” que la Iglesia también se inmiscuya en el proceso legislativo del Parlamento. Además, reitera que “la Comece siempre ha obtenido lo que ha querido de las instituciones”.
Un ultracatólico, a cargo de defender la “libertad de creer y no creer”
Otro ejemplo “concreto en el que el fundamentalismo religioso trató de influir enérgicamente en el trabajo parlamentario es el informe sobre las funciones del primer enviado especial para la promoción de la libertad religiosa o de credo fuera de la UE”, el eslovaco Jan Figel –excomisario y miembro del Partido Popular Europeo (EPP)–, afirma la eurodiputada verde Terry Reintke.
Con un currículum que incluye el rechazo al matrimonio homosexual, al aborto y la “ideología de género”, Figel fue designado en 2016 por el propio Juncker, mientras “hablaba en el Vaticano, con motivo de la entrega del Premio Carlomagno al Papa Francisco”, de acuerdo con un comunicado de prensa enviado por la Comisión. Lo hizo “a pedido del Vaticano y en presencia del Papa”, en palabras de Pernet.
El informe, cuya primera versión fue redactada el 11 de julio de 2018, pretendía establecer las directrices del puesto de Figel y, según Reintke, trató de enfatizar “la persecución de los cristianos y la afirmación de la naturaleza cristiana de Europa”. El documento final, que tuvo que superar hasta 218 enmiendas, fue “más equilibrado”, indica Reintke, debido a la presión de eurodiputados y grupos humanistas.
Si bien el mandato de Figel nació con una duración provisional de un año, ya ha sido renovado tres veces y expirará este mes de octubre, por lo que la nueva Ejecutiva de la Comisión deberá resolver su futuro.
Uno de los principales reproches a Jan Figel por parte de organizaciones humanistas y eurodiputados verdes y liberales es su relación con grupos cristianos antiabortistas y anti-LGTBI que han aterrizado recientemente en Bruselas. De hecho, tras la aprobación del mencionado informe, Figel compareció en rueda de prensa en el propio Europarlamento junto a representantes de CitizenGo y ADF –dos organizaciones con base religiosa–, el 15 de enero de este año.
CitizenGo, la rama internacional del grupo ultracatólico español HazteOír, y ADF, “una organización de defensa legal basada en la fe” estadounidense, son dos de las organizaciones conservadoras de base religiosa con más peso en Bruselas. De hecho, las dos forman parte de Agenda Europa, “una red mundial de líderes que comparten una visión de una sociedad basada en la dignidad de cada persona y la familia como una institución esencial”, creada en 2013.
Sus impulsores fueron ADF y el European Center for Law and Justice (ECLJ), otra organización religiosa presente en Bruselas. Ambas han recibido en conjunto 22.162.699 dólares de sus sedes norteamericanas desde 2008, tal y como muestran sus declaraciones de impuestos presentadas en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En su oficina de Bruselas, Neil Datta, secretario del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, explica para esta investigación que la alianza “busca anular las leyes existentes sobre derechos humanos básicos relacionados con la sexualidad y la reproducción”. Según sus averiguaciones, en la actualidad Agenda Europa está formada por “más de 100 organizaciones de más de 30 países europeos”, entre ellas HazteOír/CitizenGo.
Fuentes de CitizenGo resumen así el objetivo de Agenda Europa: “Tratamos de influir en las instituciones políticas para promover los valores que defendemos y con los que se identifican millones de ciudadanos en la Unión Europea”.
Prueba de ello son los correos electrónicos intercambiados entre el español Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOír, y algunos miembros de esta red el 18 de diciembre de 2018, apenas dos semanas después de las elecciones andaluzas, a los que esta investigación ha tenido acceso.
En uno de ellos, el presidente de HazteOír les pide a varios miembros polacos de Agenda Europa, incluido un ex alto cargo de Ley y Justicia (PiS), el partido ultraconservador que gobierna el país, que le manden “algún documento que describa las leyes polacas que regulan el aborto”, ya que “hay un partido político que quiere estudiarlas para proponerlas como un primer paso hacia el aborto cero”.
“Gracias a Dios, el sistema político español está temblando y políticas provida y profamilia políticamente incorrectas van a ser discutidas en nuestros parlamentos regionales y nacionales. Por favor, ¡rezad por España!”, responde Arsuaga tras la recepción de la documentación solicitada.
Tres meses después, el 20 de marzo de 2019, Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, se reunieron con el líder de Ley y Justicia en la capital de Polonia, uno de los países europeos más restrictivos con el aborto, tal y como hizo público la propia formación española.
Este trabajo es fruto de la investigación desarrollada durante el Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos y Unidad Editorial. Adolfo Moreno, tutor del Máster, colaboró en la edición.