Por qué el monopolio de las vacunas impide el acceso equitativo de los países más pobres

Las vacunas han cambiado radicalmente la medicina durante décadas. Salvan cientos de miles de vidas cada año en todo el mundo. Estas inyecciones pueden tardar en desarrollarse entre cinco y diez años, pero con la COVID-19 se han superado todos los récords. Se ha llegado a más de una vacuna en menos de un año gracias a la fuerte inversión para investigar, reclutar voluntarios para los ensayos clínicos y acelerar la producción, además de acelerar el proceso burocrático de los reguladores. Los de Estados Unidos, Reino Unido y la UE han respetado las fases habituales para la aprobación de las vacunas en situación de emergencia.

Estos medicamentos son desarrollados por empresas farmacéuticas y pertenecen a ellas gracias a la patente. Para la sociedad civil y algunos expertos es uno de los mayores problemas por el que a muchos países empobrecidos vaya a tardar en llegar y se priorice el beneficio de las farmacéuticas a la salud pública. ¿En qué consisten las patentes y cómo afecta al acceso a la vacunación en todo el mundo?

Son, principalmente, derechos de propiedad intelectual que conceden la exclusividad de la fabricación y de la comercialización a la compañía farmacéutica que posee la patente. Estos derechos se extienden durante, al menos, 20 años. Algunas ONG dicen que esta exclusividad perjudica al acceso universal a la vacuna.

Según el Centro de Innovación en Salud Global de la Universidad de Duke más de la mitad de las vacunas las han adquirido países ricos, que tan solo suman el 14% de población mundial. “Resulta un modelo problemático porque supone un monopolio”, argumenta Vanessa López, directora de Salud por Derecho. “Con ausencia de competencia la farmacéutica puede poner el precio que quiera y la capacidad de negociación se limita muchísimo”.

En el caso de las vacunas contra el coronavirus, Moderna anunció en octubre que no reclamará derechos sobre patente durante la pandemia. Hasta ahora, es la única que ha tomado esta decisión por su cuenta.

A finales de 2020 India y Sudáfrica presentaron ante la Organización Mundial del Comercio una iniciativa para suspender temporalmente las patentes de las medicinas y materiales de protección contra el coronavirus, que incluye a las vacunas. Esta liberación de la exclusividad está contemplada en los tratados internacionales y así pasó en los años 2000 con los tratamientos contra el VIH/SIDA. Supondría que la fórmula química que poseen los laboratorios para producir la vacuna se compartiera y no solo la podrían fabricar las farmacéuticas, sino que cualquier Estado podría utilizarla para que otras empresas puedan producirlas.

Hay un centenar de países que en el seno de la OMC apoyan la iniciativa de India y Sudáfrica. Pero otros muchos, como Estados Unidos y la Unión Europea en bloque, se oponen a la exención de las patentes de las vacunas. De momento las negociaciones están estancadas.

Médicos Sin Fronteras defiende esta estrategia por la bajada de precios que se produciría y el aumento en la producción. “No se puede nunca olvidar que las medicinas no son cualquier otro bien de consumo, sino que muchas veces son imprescindibles”, dice Raquel González, portavoz de MSF. Los países empobrecidos tendrían el control de la producción y distribución de las vacunas. Bernabé Zea, profesor del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona, no cree que ese sea el camino: “Parece complicado que un producto tan complejo se pueda hacer en un país subdesarrollado. El tiempo que nos llevaría ahora en un tercer país empezar de cero, montar una fábrica para poder hacer este producto, no tendría mucho sentido”.

Un millar de ensayos clínicos

Desde el inicio de la pandemia se han puesto en marcha casi un millar de ensayos clínicos para decenas de tratamientos y vacunas contra el coronavirus. Las farmacéuticas defienden que las patentes han sido el motivo por el que esta innovación de récord ha sido posible. “Podemos pensar que quitar de en medio la patente sería una cosa buena, pero tendríamos un efecto colateral terrible. Le diríamos a la industria farmacéutica que no invierta porque una vez se consigan los resultados, se os va a quitar la patente y no vais a poder recuperar la inversión”. Es decir, las farmacéuticas dicen que las patentes funcionan como un incentivo. “Es el discurso habitual de la industria farmacéutica. Las patentes, por definición, lo que hacen es dificultar compartir el conocimiento” contrargumenta Vanessa López, de Salud por Derecho.

El sector insiste en que está comprometido con un acceso asequible y equitativo en todo el mundo. Pero, con el modelo actual de patentes, ¿cómo hacer llegar las vacunas de la COVID-19 a los países que tienen un difícil acceso? Organizaciones supranacionales han puesto en marcha varios mecanismos para intentar llegar a ellos. Por un lado el C-TAP, una iniciativa de la OMS que invita a gobiernos y empresas a ofrecer en abierto sus conocimientos sobre la enfermedad y sus tratamientos. Por otro, el COVAX, que, en resumidas cuentas, consiste en un fondo de cooperación para que los países más empobrecidos tengan garantizado el acceso a la vacuna gracias a aportaciones de países de ingresos altos y otras organizaciones.

Según Médicos Sin Fronteras nueve de cada 10 personas de países en desarrollo no recibirán la vacuna de la COVID-19 en 2021. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha pronunciado en varias ocasiones a favor de una mayor solidaridad por parte de los países que han acaparado la mayoría de las dosis producidas hasta ahora: “El 'nacionalismo de las vacunas' nos perjudica a todos”, dijo a principios de enero.