A solo unas semanas del comienzo del juicio contra 27 altos cargos del partido Agrupación Nacional (RN) –incluida su líder, Marine Le Pen– por apropiación indebida de fondos del Parlamento europeo, acusaciones publicadas recientemente por Libération implican por primera vez a Jordan Bardella, actual presidente de la formación de extrema derecha. El periódico francés publicó el adelanto del libro del periodista Tristan Berteloot, Machine à gagner, sobre el auge del partido ultra, en el que afirma que Bardella habría participado en la redacción de documentos falsos para justificar su trabajo como asistente parlamentario europeo.
“Las acusaciones son falsas y difamatorias. Ni el Parlamento Europeo ni los tribunales franceses han cuestionado la realidad de mi trabajo. Nadie va a dejarse engañar por este burdo intento de desestabilizarme”, reaccionó Bardella en un mensaje en la red X.
Cabeza de lista de RN en las pasadas elecciones europeas y candidato al puesto de primer ministro, Bardella no ha sido interrogado ni imputado en el proceso judicial sobre los asistentes parlamentarios del antiguo Frente Nacional (rebautizado en 2018 Agrupación Nacional) que arrancará el próximo 30 de septiembre.
Los investigadores sospechan que la formación de extrema derecha puso en marcha un “sistema de apropiación indebida” de las dotaciones (21.000 euros al mes) asignadas por la Unión Europea a cada miembro del Parlamento europeo para pagar a asistentes parlamentarios. Dichos asistentes en realidad habrían trabajado, total o parcialmente, para el partido. En 2018, el Parlamento Europeo estimó el daño causado en 6,8 millones de euros, en el periodo entre 2004 y 2016.
Bardella, fue, oficialmente, asistente parlamentario del entonces eurodiputado Jean-François Jalkh en 2015. Según el libro de Berteloot, el actual presidente de RN participó años después en la elaboración de documentos falsos que pretendían demostrar que había realizado tareas en nombre de Jalkh, cuando estaba trabajando para el partido en Francia. En concreto, una revista de prensa y agendas, creadas a posteriori por abogados del partido, a las que Bardella añadió firma y notas manuscritas.
La formación lepenista salió al paso de las acusaciones poco después de la publicación, afirmando que su presidente había trabajado “sin ninguna infracción ni irregularidad, tanto en lo que respecta al Reglamento del Parlamento Europeo como a la legislación francesa”.
Posible inhabilitación
Aunque de momento la Justicia francesa no se ha pronunciado sobre la participación de Bardella, entre los acusados en el próximo juicio está Marine Le Pen (eurodiputada entre 2004 y 2017). “Acudiremos al tribunal para afirmar que no hemos cometido ningún delito. (...) Estoy convencida de nuestra inocencia”, declaraba hace unos días Le Pen al diario La Tribune, denunciando un proceso judicial “profundamente injusto”.
El partido se prepara para una larga batalla legal que debe coordinar los calendarios judicial y electoral. Si los miembros de RN son condenados en los próximos meses, se estima que los diferentes recursos alargarán el proceso hasta después de 2027, fecha de la próxima elección presidencial (si no se convoca de manera anticipada).
Le Pen y los otros antiguos diputados se enfrentan a cargos de malversación de fondos públicos y de complicidad. Entre otras penas, una posible prohibición de presentarse a las elecciones por un periodo de cinco años. Los expertos señalan que, en caso de condena, lo más probable es que la pena quede en suspensión, pero existen algunas excepciones a esa regla.
Por otro lado, el pasado julio, la Fiscalía de París confirmó la apertura de una investigación judicial sobre las sospechas de financiación ilícita de la campaña de Marine Le Pen para las elecciones presidenciales de 2022, sin que se conozcan aún los detalles de las pesquisas.
Condena por difamación
A principios de mes, Le Pen sufrió otro revés en sede judicial. El Tribunal de Apelación de París confirmó la sentencia –y la multa de 500 euros– impuesta a Marine Le Pen por difamar a Cimade, una asociación de ayuda a los migrantes. En enero de 2022, la candidata de Agrupación Nacional acusó a varias ONG de ser “en ocasiones cómplices” de las mafias que se enriquecen con la llegada de migrantes.
Un artículo de Mediapart acusó a una diputada del partido ultra de utilizar 10.000 euros de fondos públicos para cubrir gastos personales, que incluían el cuidado de sus dos perros, una suscripción mensual a un sitio web de contactos y gastos funerarios.