Prometía ser una final de infarto y lo fue. La segunda vuelta de las elecciones en Perú entre el candidato de izquierda Pedro Castillo y la de derecha Keiko Fujimori ha estado muy reñida, con un margen disputado hasta el último voto. El ascenso de Castillo ha sido una sorpresa.
Profesor de educación primaria desde 1995 y dirigente sindical, Castillo dio la sorpresa en la primera vuelta de las elecciones de abril al situarse en primera posición, cuando las encuestas apenas le daban el 4% de las preferencias. Nadie pensó entonces que este outsider de 51 años oriundo de Tacabamba, en la norteña región de Cajamarca, tenía tantas posibilidades de llegar a la presidencia de Perú, la quinta economía más importante de América Latina.
Castillo puede convertirse en el primer presidente ajeno a las élites limeñas que han dominado la historia del país desde la época de la colonia. El candidato de origen humilde, con rasgos indígenas, llegó a su centro de votación en esa primera vuelta a lomos de un caballo y con un sombrero de paja. Durante la campaña, no ha contado con el apoyo del poder económico ni de los medios de comunicación. Su ascenso ha sido posible gracias al voto del campo andino, que cuestiona el modelo económico neoliberal y el centralismo de Lima.
Ese voto contestatario proviene principalmente de las regiones del sur, las que siempre se han sentido ninguneadas y cuyas necesidades poco tienen que ver con las de la capital peruana. Pese a que Castillo ha logrado convencer a buena parte del electorado rural y del interior, otra parte importante del porcentaje de votantes está vinculado con el antifujimorismo y, por tanto, es un voto crítico vigilante.
Casi 20 años en política
Castillo es el único de nueve hermanos que ha estudiado una carrera universitaria –sus padres eran analfabetos– y cuenta con un máster en Psicología Educativa. Durante su juventud fue integrante de las rondas campesinas, organizaciones comunales de defensa que se crearon en los años 70. Ahora está casado y tiene tres hijos.
Entró en política en 2002 al formar parte del partido de centro izquierda Perú Posible –fundado por el expresidente Alejandro Toledo–, hasta 2017, cuando la formación se disolvió. Fue precisamente en este año cuando se hizo más conocido, pero no por su labor política, sino por dirigir una huelga de profesores para reclamar mejoras salariales que se prolongó durante casi tres meses. En esas manifestaciones, Castillo se alió con el fujimorismo, que intentaba dañar en ese momento al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Las protestas terminaron con la renuncia de la ministra de Educación, Marilú Martens.
El apoyo de las asociaciones de maestros que ya le acompañaron en 2017, y no la estructura partidaria de Perú Libre, ha sido lo que ha permitido a Castillo recorrer los pueblos y contar con ese voto rural que le acerca al triunfo.
En 2020, anunció su candidatura presidencial para representar a Perú Libre, después de que el líder del partido, Vladimir Cerrón, fuera condenado por corrupción e inhabilitado. Este grupo político se describe como un partido de izquierda marxista, “democrático, descentralista, internacionalista, inclusivo, soberano, humanista y antiimperialista”, según consta en su programa, aunque muchas voces críticas lo tachan de populista y radical, de ideas arcaicas y contradictorias en temas relacionados con la corrupción.
En Perú, además, se vincula con facilidad a la izquierda con el terrorismo de Sendero Luminoso –sin necesidad de que haya un mínimo sustento–. De hecho, Keiko Fujimori ha centrado su campaña en agitar el fantasma del comunismo, asociado a ese grupo que sembró el terror a finales de los años 80 y principios de los 90 en el país andino.
Conservador en lo social, cambio en lo económico
Tanto Castillo como el partido que representa son conservadores en lo social. Mientras otros países latinoamericanos están avanzando para aprobar el matrimonio igualitario o empiezan a contemplar la despenalización del aborto, es poco probable que estos asuntos se vayan a discutir en una nueva legislatura peruana bajo el liderazgo del líder de Perú Libre. “Todo lo que tenga que ver con derechos sociales se va a ver sumamente afectado en estos próximos años. Tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori son conservadores en este sentido”, asegura Paula Távara, politóloga de la Pontifica Universidad Católica del Perú.
Sin embargo, la socióloga y activista feminista Indira Huilca sostiene que, bajo una presidencia de Castillo, puede haber una agenda reivindicativa respecto a sectores de la población excluidos en el país, como es la población del sur andino. Sobre la mesa, dice, habrá “temas educativos, culturales, de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas”.
Huilca hace algunas matizaciones respecto a los derechos de las mujeres. “No es que haya una posición en contra (por parte Castillo), pero sí un desconocimiento y una mirada más conservadora de ellos, y ahí hay una diferencia con el fujimorismo y sus bancadas aliadas, que directamente los niegan y mantienen una postura de amenaza respecto a los avances que ha habido en Perú”. En ese sentido, la socióloga considera que el mayor problema para el movimiento feminista y el movimiento de mujeres son “los sectores conservadores y fundamentalistas que se han empoderado desde la primera vuelta electoral” y que basan su militancia en oponerse a los derechos sexuales y reproductivos o a la población LGTBI.
Como candidato presidencial, el maestro rural ha propuesto un cambio profundo en lo económico, comprometiéndose a dar un mayor papel al Estado en sectores estratégicos como la minería, el petróleo o las comunicaciones. Habló incluso de nacionalizaciones, pero después Castillo moderó ese discurso. “Los economistas que lo acompañan, siendo de izquierda y promoviendo una transformación, están siendo bastante moderados y cuidadosos con aquello con lo que se comprometen a medio y corto plazo. Han dejado claro, por ejemplo, que no van a nacionalizar ninguna de las empresas, sino que en todo caso renegociarán algunos contratos para que mejore la distribución de recursos de las industrias extractivas”, dice Távara.
Su equipo económico también ha ratificado el respeto a la autonomía del Banco Central de Reservas. Asimismo, Castillo ha propuesto crear una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, ya que la vigente, de 1993, fue promulgada por el dictador Alberto Fujimori, padre de la candidata presidencial.
Superar la profunda crisis política
Perú se encuentra inmerso en una profunda crisis política y de gobernabilidad desde 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones a Keiko Fujimori y el Congreso quedó en manos de la oposición fujimorista, lo que creó enfrentamientos entre ambos poderes. Cuando después Kuczynski renunció en medio de acusaciones por corrupción, Martín Vizcarra lo sustituyó en el cargo. La parte más complicada llegaría en noviembre de 2020, cuando el Congreso destituyó a Vizcarra y asumió Manuel Merino como nuevo mandatario, pero este se vio obligado a dimitir días después tras las intensas protestas que se produjeron en el país. Desde entonces quien dirige el país es el presidente interino Francisco Sagasti.
Pero el país andino atraviesa también una crisis económica y sanitaria generada por el coronavirus. Es uno de los países latinoamericanos más afectados por la pandemia y, con 32 millones de habitantes, ya suma más de 185.000 fallecidos a causa de la COVID-19.
Debido a la pandemia, la tasa de pobreza se disparó en 2020 al 30,1% de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. En otras palabras: casi 10 millones de personas viven con menos de 98 dólares al mes.
En la noche del lunes, durante la recta final del escrutinio, Keiko Fujimori denunció sin pruebas un supuesto “fraude sistemático” en los comicios al encontrar, dijo, una “serie de irregularidades”. El candidato de Perú Libre rechazó esas acusaciones y pidió defender el voto en una “vigilia histórica”. Pero el intento de la postulante derechista por cuestionar los resultados puede abrir un nuevo ciclo de confrontación en un país que necesita una transición de poder lo más ordenada, seria y responsable posible.
Para Huilca, la primera tarea del nuevo presidente a cargo del país tiene que ser “generar confianza y tranquilidad respecto al manejo de la economía y continuar con lo que está en marcha respecto al plan de vacunación contra el coronavirus”. “El gobierno entrante deberá aplicar medidas de consenso para tratar de calmar los ánimos y va a necesitar el compromiso de los partidos políticos que conforman el parlamento y de la candidatura que ha perdido las elecciones”, dice por su parte Távara, quien cree que para resolver la crisis política, el nuevo líder del Gobierno “necesitará al resto de actores”.